Diputados encabezados por el cuestionado legislador colorado José María Ibáñez se reunieron ayer con la directora de Registros Públicos, Lourdes González; la titular del Servicio Nacional de Catastro, Natalia Aranda, y con el representante del Poder Ejecutivo, José María Livieres.

Al término de la actividad, el legislador señaló que la intención del encuentro es unificar los criterios de redacción de un proyecto de ley que compatibilice las versiones presentadas en la Cámara de Senadores y de Diputados. Apuntó que la próxima semana ya se tendrá un proyecto consolidado y que en 15 días convocarán al gremio de escribanos públicos para que presenten su “punto de vista”.

Añadió que si bien se pretende centralizar la tarea de varias instituciones, se utilizarían los mismos recursos humanos y presupuestarios junto a la cooperación internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 10 millones de dólares durante cinco años.

Ibáñez señaló que el objetivo es crear una institución que brinde al ciudadano un mejor servicio y seguridad sobre la tierra que compra y vende. No obstante, el gremio de escribanos públicos fustiga la propuesta.

US$ 100 millones

En una audiencia pública en el Senado, el Colegio de Escribanos del Paraguay (CEP), presidido por la escribana Ana Manuela González, manifestó su profunda preocupación, ya que la actividad registral mueve anualmente alrededor de US$ 100 millones.

Apuntaron que la creación de Dinacare dejaría en realidad una deuda internacional ante el BID de otros US$ 100 millones. Recordaron que Paraguay ya tiene una deuda de US$ 60 millones por un catastro jamás realizado.

En dicha audiencia, la senadora Desirée Masi (PDP) afirmó que el presidente Horacio Cartes solo busca entregar el manejo de Dinacare a José María Livieres.