El 15 de marzo pasado, la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos, Nadine Portillo, se constituyó en la oficina de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción. La agente del Ministerio Público hizo una copia completa del disco duro de la computadora que usaba García, cuando era asesor jurídico.

A casi dos meses, el Ministerio Público aún no tiene el resultado de la pericia que está a cargo de un experto del Laboratorio Forense. Esta diligencia es clave, ya que la misma le permitirá a la fiscala Portillo saber con exactitud cuándo García elaboró la apelación del fallo arbitral que condenó a la Comuna.

Si la pericia determina que la apelación se hizo el mismo día que vencía el plazo para su presentación ante el Poder Judicial; o peor aún, después del fenecimiento del plazo, el Ministerio Público ya tiene el elemento necesario que demuestra la negligencia de los responsables de recurrir la sentencia y evitar el despojo a la Municipalidad.

Injerencia 

Según fuentes, existiría una fuerte injerencia por parte de algunos miembros del Jurado de Enjuiciamiento para que la investigación se dilate, ya que la misma salpica fuertemente al exasesor jurídico y actual contralor general, que cuenta con algunos padrinos en el órgano juzgador de magistrados.

La dilación de la pericia de la copia del disco duro de la computadora de García es muy importante para los que abogan por el contralor.

Sin embargo, la fiscala encargada del caso no debería dejarse presionar y llevar adelante su trabajo como representante de la sociedad.

Portillo cuenta en su carpeta con varios elementos que hacen presumir que hubo una omisión dolosa, al no apelarse el fallo arbitral.

Tanto los Tribunales de Apelación en lo Civil, de la Primera y Quinta Salas, confirmaron, mediante sendas resoluciones, que la Municipalidad no recurrió la sentencia condenatoria.

La fiscala incluso cuenta con la pericia que determinó que se falsificó la firma para justificar la supuesta apelación ante el Tribunal Civil, Primera Sala.

El perito confirmó que no corresponde a la letra de ninguno de los tres funcionarios la supuesta recepción del escrito de apelación, cuya presentación quedó a cargo del funcionario de la Comuna Rodolfo Duarte. Este es otro punto que llama la atención, ya que como una diligencia tan importante como la apelación de una sentencia de US$ 3,6 millones, García dejó en manos de un ordenanza, de la dependencia que estuvo a su cargo.