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El Senado trata hoy el proyecto de ley que modifica artículos del Código Electoral referidos al financiamiento político. Debe definir si se ratifica en su proyecto o acepta el de la Cámara de Diputados.
Entre los puntos polémicos, el texto del Senado elimina la disposición del inciso g) del artículo 62 que prohibía a los partidos, alianzas, movimientos o concertaciones recibir contribuciones o donaciones de personas acusadas por delitos graves vinculados al crimen organizado. Se estableció, argumentando el principio de la presunción de inocencia, que la prohibición regirá para las personas condenadas por esos delitos.
Según dijo en su momento el senador Arnaldo Giuzzio (actual titular de Senad), esta modificación habilitaría a que personas sobre las que existen fundadas dudas de estar involucradas en delitos contribuyan a las campañas de los partidos, como el caso de sospechosos de delitos de narcotráfico. Una disposición importante es el control del financiamiento en las internas, que no está previsto en el proyecto de la Cámara Baja, que solamente habla de comicios generales.
Igualmente, establece que los partidos, movimientos, alianzas o concertaciones deben realizar una declaración jurada, dentro de los cinco días posteriores a la oficialización de las candidaturas presentadas, en la que se deberán consignar todos los activos y recursos al inicio de la campaña, para presentar ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, a fin de obtener un identificador tributario que los individualice para el control del financiamiento de la campaña política.
Otro punto es que los partidos no podrán recibir contribuciones o donaciones anónimas que superen en una misma campaña electoral al equivalente a 10.000 jornales mínimos (unos US$ 140.000). La Cámara Baja había establecido un monto de 7.000 jornales mínimos. El tope vigente en la actualidad habla de 5.000 jornales mínimos.