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El proyecto de ley fue planteado ayer en la sesión ordinaria por el senador Eduardo Petta (independiente). Alegó que es necesario postergar el plazo procesal vigente que es de tres años porque generaría un caos en la administración de la justicia.
El parlamentario recordó que artículo 14 de la Constitución Nacional habla de la irretroactividad de la ley y que “ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado, y con esta ley tendrán licencia, a partir del 8 setiembre de invocar la ley de los tres años y se estarían beneficiando un montón de personas y me parece que estaríamos generando un caos”.
Al momento del estudio de la propuesta, el senador imputado Enzo Cardozo (PLRA) recordó su proceso penal criticando el accionar de la fiscalía en la investigación en su contra. Reiteró que está a disposición del Ministerio Público.
La senadora Desirée Masi (PDP), aunque apoyó la propuesta de postergar, criticó también al Ministerio Público por “chicanear” en el caso de su esposo Rafael Filizzola, el imputado exministro del Interior y procesado por el caso de la compra de helicópteros en la Policía Nacional. Calificó a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía como “la Caperucita Roja del nuevo rumbo” en alusión a la patrullera de la entonces Policía de la Capital utilizada en la dictadura stronista para transportar a detenidos. Posteriormente su colega el imputado Víctor Bogado (ANR), en su intento de defender al gobierno del “Nuevo Rumbo” culpó a nuestro diario de impulsar las investigaciones fiscales.
El senador Adolfo Ferreiro (AP) manifestó que darles más postergaciones a los plazos procesales es brindarle una “licencia a la corrupción y decadencia del Ministerio Público” con lo cual “castigarían a los ciudadanos” al modificar los plazos establecidos por la ley. Sólo Ferreiro y Miguel A. Saguier (PLRA) votaron por rechazar la postergación de la ley. El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 7 de setiembre para promulgarla.