Referentes del gremio de escribanos públicos están en pie de guerra contra el proyecto de ley que centralizaría el Registro Público y la Dirección de Catastro para crear la Dirección Nacional de Catastro y Registro Público (Dinacare).

Advierten que tras las internas partidarias, endurecerán su reclamo ante el Congreso, donde se estudian proyectos paralelos en el Senado y en Diputados.

Marta Brum, Ignacio Ávila y Milka Riveros explicaron que la normativa no solo afectaría a los depositarios de la fe pública, sino también a toda la ciudadanía, ya que aumentará el endeudamiento estatal y encarecerá los servicios de los escribanos al público.

Ávila indicó que los proyectistas plantean cobrar nuevas tasas en cada transferencia de bienes o inmuebles.

“Quieren cobrar otras tasas por ‘mantenimiento de protocolo y un impuesto del 0,70% de cada operación. Va a significar un encarecimiento de los servicios y la gente dice que nuestros servicios de por si ya son caros”, lamentó.

Marta Brum resaltó que el Ejecutivo busca manejar los US$ 80 millones que los escribanos generan al Poder Judicial anualmente.

Agregó que a esto se suma un endeudamiento del Estado ya que la creación y puesta en funcionamiento del Dinacare costaría unos US$ 100 millones.

“Es una locura. No es como le endulzan la boca a Cartes”, manifestó. También señaló que es de público conocimiento que el presidente Cartes, con esta ley, buscaría beneficiar a su escribano de confianza José María Livieres.

Milka Riveros cuestionó que el Estado busque cubrir el déficit presupuestario con este tipo de impuestos. Recordó que para edificarse la Segunda Torre del Palacio de Justicia, el Poder Judicial impuso un impuesto que nunca dejó de cobrar hasta la fecha.

Resaltó que a este ritmo la ciudadanía terminará siendo esclava de toda la superestructura estatal creada con el pretexto de que el Gobierno quiere solucionar el problema de la tierra.