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El gobierno de Estados Unidos habían impuesto un plazo de noventa días durante los cuales no estudiará los pedidos de importación, esto es los pedidos no son aceptados ni rechazados sino que esperan el momento de una nueva revisión antes de su prosecución.
Como respuesta, la Dimabel había emitido una prohibición de importación de armas de cualquier origen a nuestro país mientras se cumpla con lo solicitado por los norteamericanos.
Los pedidos principales giraban en torno a la actualización del software de registro de las armas importadas legalmente, interconexión con la Policía para que ésta acceda rápidamente a los registros de Dimabel y una nueva reglamentación para la comercialización de las armas.
Este último punto es manejado en medio de un llamativo silencio. El teniente coronel Hugo Ayala, denunciado por la agresión cometida en su oficina, era uno de los que lideraba el proceso de redacción.
Fuentes señalaron que lo que los militares estarían buscando con la redacción no es reglamentar sino restringir el acceso de armas de fuego a la población civil.
El proceso estaría siendo llevado a las apuradas para poder aprobar la nueva reglamentación antes del cambio de gobierno.
Con esto se pretende que sea el gobierno saliente el que tome una decisión tan importante, en lugar de que el nuevo gobierno llegue y asuma el control de las conversaciones y de la toma de decisiones.
Además, con esto se estaría desviando la atención del pobre trabajo de la Dimabel, una entidad de la que en los últimos años desaparecieron varias veces armas y municiones.