La jueza Máxima Meza tuvo especial participación en el atropello que sufrió Inmobiliaria HB SA: dictó la orden de desalojo que permitió a Enrique Sarubbi tomar posesión del inmueble que pertenece legítimamente a la empresa.

La celeridad con que actuó la magistrada ante el interdicto planteado por Enrique “Kike” Sarubbi puede llevarnos a sospechar que la jueza Máxima Meza es corrupta.

La magistrada Meza violó los procedimientos establecidos para este tipo de acción judicial y lo hizo a sabiendas de que estaba favoreciendo exclusivamente a una de las partes.

“Kike” Sarubbi no exhibió un solo documento que pudiera demostrar derechos sobre las 20 hectáreas cuya posesión reclamaba en Minga Guazú.

Al verificar la copia de los documentos presentados ante el juzgado se puede comprobar que Sarubbi no adjuntó ningún elemento que pudiera probar que alguna vez tuvo la posesión del inmueble.

¿Cómo pudo lograr “Kike” Sarubbi que la jueza Máxima Meza conceda una orden de desalojo en estas condiciones?

Una de las alternativas posibles es que la jueza Máxima Meza haya aceptado dinero ilegal.

Celeridad envidiable

“Kike” Sarubbi logró una orden de desalojo en menos de 24 horas: pidió el 12 de febrero pasado, le concedieron el 13 y el 19 los legítimos propietarios ya estaban en la calle, con todos sus bártulos.

No termina aquí: Inmobiliaria HB fue citada por la jueza Meza para presentarse ante el juzgado recién el 25 de febrero, oportunidad en que debía demostrar derechos sobre la finca reclamada por Sarubbi.

Aceptan el interdicto, dictan orden de desalojo, viene la expulsión y, desde la calle, los legítimos propietarios deben esperar que llegue el 25 de febrero para exhibir su título de propiedad.

Raya en lo absurdo.

Resulta difícil aceptar que no existió soborno.

Juicio a un muerto

En el año 2013, Sarubbi demandó a su suegro muerto por “cumplimiento de contrato”.

Sí, leyó bien: demandó a un fallecido.

Lo grave del caso es que ganó el juicio con asesoramiento del abogado Guillermo Montiel; Sarubbi pudo acceder a un título de propiedad judicial porque supuestamente su suegro, “Manito” Duarte, nunca le entregó el título.

Feliciano “Manito” Duarte no tuvo oportunidad para acceder al derecho constitucional a la defensa y perdió el juicio.

No sería raro que ahora venga la etapa de extorsiones a los propietarios del inmueble, ofreciendo un arreglo previo pago para sostener al equipo de estafadores.

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