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SST, sancionada y recontratada

Este artículo tiene 7 años de antigüedad

Pese a incumplir el contrato debido al atraso en sus pagos al IPS y la falta de la infraestructura prometida para sus custodios, Security Service Technology - SST ganó todas las licitaciones que Copaco hizo desde el 2010 hasta ahora para el servicio de seguridad privada.

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La empresa Security Service Technology - SST, de Óscar Chamorro Lafarja, tiene ese nombre desde el 2013. Antes se denominaba Doram SACI, pero siempre mantiene el mismo RUC.

Según documentos internos de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), SST, propiedad del “partner de facultad” del senador Dionisio Amarilla (PLRA), viene siendo sancionada por incumplimientos de contrato.

El 27 de setiembre de 2013, por ejemplo, Copaco decidió descontar a Doram G. 12.248.778 “por servicios no prestados”, de los G. 1.211.621.766 que la firma debía percibir en el marco del contrato 176/2012, según los documentos.

Pese a esta sanción, en los años 2014, 2015 y 2017, SST volvió a ganar las licitaciones para el servicio de seguridad.

Devolución de multas

En el marco del contrato 47/2017, de diciembre de 2017 a marzo de 2018, Security Service Technology fue multada todos los meses por incumplir el acuerdo. Sin embargo, la firma recurrió a una audiencia de avenimiento ante Contrataciones Públicas y logró que le devolvieran todo lo descontado: G. 377.043.370, porque los funcionarios del ente no notificaron las multas a tiempo.

Para el pago a SST por los servicios de setiembre de 2018, que ascendía a G. 1.687.116.896, Asesoría Jurídica recomendó al directorio de Copaco una multa a SST por G. 25.241.317.

Por enero de 2019, siempre dentro del contrato 47/2017, el directorio de Copaco descontó G. 6.173.628 como multa.

Esta última sanción fue porque se encontraron guardias sin chalecos antibala y sin linternas, según el presidente del ente, Sante Vallese, quien resaltó que su administración “heredó” el servicio de SST.

Ahora Copaco está llamando nuevamente a licitación el servicio de vigilancia. En junio se deberían abrir los sobres. El ente prevé G. 30.706.629.786 para el nuevo acuerdo plurianual.

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