Las tierras de la firma San Agustín, unas 5.000 hectáreas en Cordillera, que fueron adquiridas por el Indert durante la presidencia del acusado extitular del ente, Luis Ortigoza, son inservibles para la reforma agraria. Así concluyó el Ministerio Público luego de comprobar el feroz negociado.

Los inmuebles ni siquiera pudieron ser adquiridos por el ente agrario, porque no sirven para sus fines. Entonces, las actuales autoridades de la institución no pueden aprobar la compra, aunque la empresa San Agustín, vinculada al senador Jorge Oviedo Matto (UNACE), desista de percibir los G. 12.000 millones que le faltan cobrar.

El Indert había adquirido las tierras por más de G. 68.000 millones y durante la gestión de Ortigoza ya se pagaron casi G. 47.000 millones.

Si el presidente de Indert, Justo Cárdenas, y los miembros del Consejo aprueban el blanqueo del negociado, según fuentes cercanas a la investigación, se exponen a una eventual imputación.

El inmueble ya fue expropiado, pero luego todo se anuló al confirmarse que no sirve para la reforma agraria.

En julio del año 2002, el Ministerio de Agricultura, a pedido del entonces IBR, solicitó al Congreso de la Nación que deje sin efecto la Ley 695 del 17 de mayo de 1996, que declara de interés social y expropia a favor del Instituto de Bienestar Rural (hoy Indert) parte de la finca 268 del distrito de Altos, departamento de Cordillera, a nombre de la empresa San Agustín. La ley había sido vetada totalmente por el Poder Ejecutivo según Decreto 10713 del 12 de noviembre de 1995.

Como fundamento de la petición y tomando en consideración que la ley de expropiación tuvo origen exclusivamente parlamentario y no habiendo en el IBR antecedentes jurídicos, técnicos, sociales, económicos y ambientales, la institución había conformado una comisión para comprobar si el inmueble expropiado era apto. Dicha comisión concluyó que la ley de expropiación no servirá para los fines propuestos, atendiendo que su implementación constituiría una carga económica inútil para la institución.

Se confirmó que las tierras estaban ocupadas por seccionaleros, exgobernadores, funcionarios del MAG, ANDE y hasta de Itaipú, que eran dueños de hermosas casaquintas, cuyas fotografías incluso fueron ofrecidas como prueba en la acusación del Ministerio Público.

Cárdenas había manifestado que la adquisición fue claramente irregular. “Es por todos conocido que fue un pago fraudulento, manipulado. Se retrasaron todas las veces hasta que se llegó finalmente de manera lamentable al precio que los actores de ese fraude quisieron que se llegue. Y yo me niego a pagar el veinte por ciento que resta”, indicó.

Sin embargo, al parecer, podría cambiar de postura y eso se verá cuando en el Indert se analice la propuesta de la empresa San Agustín, vinculada a Oviedo Matto.

Los fiscales René Fernández y Aldo Cantero dijeron que no tienen conocimiento de las negociaciones y que el Ministerio Público insistirá en el juicio a los acusados.

LOS ACUSADOS

- La fiscalía pidió juicio oral y público para el diputado liberal Milciades Duré, el extitular del Indert Luis Ortigoza y a Arnaldo Jara, exadministrador de la firma San Agustín.

- Los otros acusados son el exconsejero Justo Gamarra, la escribana Martha Roa, los peritos Víctor Luis Blanco Samudio y Mario Echeverría.

- Para todos ellos, el fiscal René Fernández solicitó juicio oral y público. El agente del Ministerio Público sostuvo que existe un cúmulo de pruebas que confirma el negociado en perjuicio del Estado.

- El legislador parlasuriano, Emanuel Friedman, también fue imputado, pero hasta ahora no fue desaforado y está pendiente su acusación.