El Tribunal Superior de Justicia Electoral no cumple con el control estricto de los fondos estatales destinados a los partidos políticos.
Al finalizar el año 2014, el Estado desembolsó un total de 70.000 millones de guaraníes para las diversas nucleaciones partidarias en concepto de aportes y subsidios electorales.
En setiembre del año pasado, el Partido Colorado percibió G. 4.501.072.775, que fueron utilizados para refinanciar la deuda de la ANR a una entidad bancaria. El desembolso realizado en octubre, de unos G. 5.000 millones, sirvió para el pago de aguinaldos de funcionarios de la Junta de Gobierno, indicaron las fuentes.
Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico recibió en setiembre pasado G. 2.837.526.365; el Frente Guasu recibió G. 722.526.365; el partido Unace recibió G. 477.243.089, la concertación Avanza País, G. 405.871.273, el Partido Democrático Progresista G. 339.697.130 y el Partido Patria Querida G. 205.364.688 y el resto se repartió entre otros ocho partidos, alianzas y movimientos.
El último desembolso del año en concepto de aportes y subsidios realizado por el Ministerio de Hacienda fue de G. 7.000 millones.
A los partidos políticos se les cuestiona principalmente el millonario monto que se les asigna en concepto de aporte, ya que según la ley electoral debería ser destinado a “formación de ciudadanos en general en el conocimiento de sus programas, propuestas, principios y valores; capacitación de simpatizantes y afiliados en la adquisición de habilidades y destrezas para el desempeño de funciones vinculadas a los fines y objetivos de los partidos políticos; investigación de la realidad nacional, no siendo considerada como tal las encuestas de intención de voto” como establece la normativa sobre los aportes y subsidios.
Lo que dice la Ley 4743/12
La ley de Financiamiento Político se encuentra vigente desde octubre de 2012 y establece el control de la actividad financiera de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales.
La normativa es aplicable a las campañas electorales para la elección de cargos electivos nacionales, departamentales, municipales y de convencionales constituyentes, también en las internas partidarias, campañas electorales para referendos y toda la actividad financiera anual de los partidos y movimientos políticos. Establece que no se puede recibir aportes o donaciones extranjeras y de entes descentralizados.