“Vergonzoso e indignante” silencio sobre Venezuela

“Causa una verdadera indignación; soy un indignado en esa materia”, respondió ayer el excanciller José Antonio Moreno Ruffinelli, al referirse a la actual situación social y política de Venezuela y la falta de cuestionamiento de los países de la región.

Mencionó que en el 2012, cuando en Paraguay el Congreso decidió iniciar un proceso constitucional al entonces presidente Fernando Lugo, los países miembros del Mercosur y la Unasur decidieron suspender a nuestro país de ambos bloques. Sin embargo, en estos momentos en Venezuela “la estructura democrática está rota, hay un caos, hay muertos ¡y nadie dice nada, a nadie se le ocurre decir nada!”, exclamó.

Para Moreno Ruffinelli, al menos se debería tratar de hacer cumplir las cláusulas democráticas de Mercosur –que fue firmado por Venezuela–, al igual que la de Unasur (que no fue aprobado por Paraguay) y la carta democrática de la OEA.

Insistió en que la Organización de los Estados Americanos debería intervenir. “Hay que preguntar a los países por qué no intervienen. Los gobiernos no dicen nada ¡es una vergüenza!”, acotó.

El bloque del Mercosur, que integran Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Venezuela, emitió un tibio pronunciamiento el pasado sábado 15 de febrero, en el que hablan de un intento de desestabilización del orden democrático en Venezuela, y repudian todo tipo de violencia e intolerancia que busquen atentar contra la democracia.

Menciona su “firme posición en la defensa y preservación de la institucionalidad democrática, acorde al Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur de 1998”.

Ese mismo día, la Unasur también se pronunció señalando que los miembros del organismo también repudian los intentos de rompimiento del Estado de Derecho en Venezuela y de la misma forma resaltan la convicción de que cualquier demanda debe ser canalizada por la vía democrática.

La Unasur está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Panamá y México son observadores.