Participaron Antonio Rivas Palacios, ministro de RR.EE.; Lorena Segovia, defensora general; Patricia Rivarola, fiscala general adjunta, y María de los Ángeles Arriola, directora general de Migraciones. Con el fin de articular acciones para la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes que en el marco de las medidas sanitarias con el covid-19, en los países de la región, retornan al país sin acompañamiento, descubriendo una situación que deja visos migratorios, fomentando la trata, explotación sexual y laboral.
Martínez expuso que “la pandemia nos permitió detectar ciertas situaciones de fragilidad del sistema. Tenemos varias situaciones que veníamos analizando ya, desde antes de iniciarse la misma con el equipo de la Dirección de Restitución Internacional, en materia de adolescentes que están fuera del país y que tienen algún tipo de vulnerabilidad por el proceso de traslado. Estas situaciones, de hecho, ya requerían una reunión interinstitucional para tratar juntamente estos casos, y con la pandemia, esto se ha acentuado, porque estamos detectando que varios de los adolescentes no acompañados vienen de un proceso de explotación.
Por su parte, el canciller Antonio Rivas coincidió en que hay situaciones que escaparon de los protocolos establecidos, porque “este sistema de retorno organizado, por así decirlo, demuestra que hay una situación totalmente irregular.
“El hecho de que niñas se trasladen para ser explotadas laboralmente, y en algunos casos para ser explotadas sexualmente, es algo que nos preocupa de manera importante, por el hecho de que niños han cruzado la frontera y se encontraban realizando actividades en otro país, y lo más extraño aún es que sus padres no han denunciado esta situación. Estos traslados ilícitos debemos denunciarlos, y principalmente establecer un sistema de trabajo interinstitucional, para dar un mejor tratamiento a este tema. Apoyamos las acciones que el MINNA determine” dijo, aunque no se conocieron más detalles.