A pesar de que el Estado cumplió con los pagos estipulados en las licitaciones, trabajadores de varias de estas empresas han denunciado, en más de una ocasión, retrasos en el pago del salario, o incluso el no pago de los mismos. Entretanto, las empresas de Chamorro ya fueron sancionadas por incumplimiento de contrato en dos ocasiones, la primera por incumplimiento de un contrato de G. 2.200 millones en el 2015, y la segunda, por incumplimiento de un contrato de G. 1.168 millones en el 2016. Recientemente, Copaco rescindió un contrato por valor de G. 17.749 millones con Bullers SA, propiedad de Chamorro, por incumplimiento. La empresa debía proveer e instalar una red óptica GPON en diez centrales telefónicas de la estatal, y a pesar de que ya se había desembolsado G. 3.600 millones, los trabajos no fueron realizados.