En la penosa reconstrucción de la posguerra, el 4 de agosto de 1879, el Parlamento aprobó una curiosa y enorme concesión de tierras chaqueñas al empresario español de vías de comunicación, Francisco Javier Bravo. El territorio otorgado llegaba a la frontera norte y occidental con Bolivia, se extendía hasta el río Paraguay al este y al sur lindaba a lo largo del paralelo de latitud 23°, ubicado a 100 kilómetros debajo del puesto de Bahía Negra, sobre el Paraguay.
A cambio de la misma, el concesionario se comprometía a “abrir puertos, construir ferrocarriles, establecer aduanas, además de poblar el territorio con europeos”. El Gobierno renunció por un lapso de cuarenta años al poder de crear impuestos a la importación o a la exportación sobre la población establecida dentro de la “concesión”.
Gracias a una oscura publicación obrante en la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Texas, en Austin, posiblemente de la Colección Gondra, tenemos la versión original del mismo autor de todo el proyecto que se adelantó en casi un siglo a la modalidad Itaipú de resolver conflictos limítrofes con una obra binacional de infraestructura.
En carta al presidente Cándido Bareiro, Bravo había aconsejado: “Divídanse amigablemente ese desierto y hagan de él entre ambos una tierra de promisión.” Francisco Javier Bravo o Brabo (1825-1913), natural de Pontevedra, en la Galicia española, pero residente en Buenos Aires, estaba casado con la boliviana Francisca Constanza Calderón Arroyo, con la que tuvo ocho hijos de la nacionalidad materna, era un empresario de visión casi continental y con acceso a fuentes de financiamiento en Londres.
Bien relacionado en La Paz, Bravo exploró la cooperación de Argentina y Brasil para encaminar la exportación boliviana, sea a través de ferrocarriles, en uno, y por el Amazonas, en el otro. Ninguno de los vecinos reveló interés.
Entonces, concibió un proyecto faraónico, a primera vista imposible, de construir carreteras en el oriente boliviano que acopie toda la producción exportadora hasta un puerto sobre el río Paraguay.
Bravo nunca disimuló su inclinación hacia la posición boliviana, pero prometió al Paraguay todas las ventajas económicas de mover el comercio por el río y desarrollar la región, dando por sentado la riqueza de las exportaciones desde Bolivia.
Juzgando de que se trataba de la construcción inmediata de ferrocarriles, el presidente Bareiro creyó –al igual que el ministro del Interior, general Bernardino Caballero– encontrar en Bravo el inversor soñado que construye obras onerosas, sin solicitar fondos fiscales.
En una carta casi simultánea al Laudo Hayes en Washington, Bravo cometió la osadía de anotar a Bareiro, que:
El fallo que el presidente de Estados Unidos acaba de dar en la cuestión del arbitraje, limita el territorio de la Confederación Argentina al río Pilcomayo, dejando todo el resto del Chaco desde la confluencia de este río a la Bahía Negra para ser dilucidado entre Paraguay y Bolivia.
En su respuesta al día siguiente, Bareiro pasó por alto esta supuesta nueva jurisprudencia y prosiguió apoyando la concesión hasta su sanción parlamentaria en julio del 79. Bravo, con suficiente capital para un emprendimiento mayor, envió una delegación técnica que procedió a tomar posesión del Fuerte Olimpo a la manera de los conquistadores españoles del siglo XVI, con acta protocolar y testigos incluida, y enarbolar la bandera blanca con las iniciales C.B., antes de explorar toda la región con instrucciones originadas en conocimiento sólido de los aspectos técnicos y hasta cubría la manera pragmática de regatear con los indígenas.
Lo curioso de todo este emprendimiento fue la celeridad de las acciones. Bareiro había enviado el mensaje al Congreso para aprobar la concesión el 11 de julio de 1879 y tres semanas más tarde, ambas Cámaras ya habían sancionado la ley. Todo parecía inexorable, tanto que Bravo instruyó a su ingeniero jefe, Juan B. Minchin, la toma de posesión formal del Fuerte Olimpo en nota fechada el 19 de julio, mientras el proyecto de ley seguía debatiéndose en el Congreso. Siempre dentro de una coincidencia sorprendente para la época, el ingeniero Cominges había tomado posesión del cerro Olimpo el 6 de agosto de 1879, sin conocimiento de que apenas el día anterior había tenido lugar la promulgación de la ley otorgando los privilegios.
Ante la oposición del jefe político y militar de la región, Miguel Suárez Arana, Bravo intercedió con el ministro plenipotenciario de Bolivia en Buenos Aires y concurrente en Asunción, Antonio Quijarro, en una carta fechada el 12 de setiembre de 1879, a la que este contestó el 4 de noviembre siguiente luego de una visita de trabajo al Paraguay, con una noticia portentosa:
Habiendo regresado de ese viage después de haber concluido arreglos importantes con el Excmo Gobierno de la República del Paraguay tengo a bien comunicar á Vd. que carecería ya de objeto que yo me ocupara del fondo de su citada comunicación del 12 de Setiembre, por la sencilla razón de que la superficie que fue incluida en la concesión dispensada a Vd., es parte integrante del territorio Boliviano, según tratado de límites ajustado el día 15 de Octubre.
Precisamente, en aquella fecha Quijarro había firmado un Tratado con el Canciller Decoud que otorgaba a Bolivia soberanía de todo el Alto Chaco a partir de una línea recta a continuación de la desembocadura del río Apa. Lo curioso fue que el decreto que daba plenipotencias al canciller Decoud “para negociar y firmar… los tratados límites, amistad, comercio y navegación y una convención postal entre ambas Repúblicas” llevaba la misma fecha, de lo que se presumió estar ante hechos consumados, en los que Decoud tuvo poco protagonismo, pues hubiera sabido que era imposible estudiar, negociar y firmar un tratado sin antes tener plenipotencias.
Por mucho tiempo se culpaba de la entrega de más de la mitad del Chaco al “legionario” Decoud, en consonancia con el discurso fascista de reivindicación de la Guerra Grande que dividía a la población entre justos y legionarios. Decoud personificaba a los segundos. Pero sugestivamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores no fue origen del decreto pues, “La presente Plenipotencia será refrendada por el Sor. Ministro del Interior General Don Bernardino Caballero.,” el otro involucrado en las extendidas negociaciones de la Concesión Bravo.
Reacción en la prensa
Hubo airadas protestas en la siempre exaltada y vehemente prensa asuncena por la pérdida de soberanía que significaba este privilegio a un empresario foráneo. Una simple presencia del plenipotenciario boliviano en Asunción concluyó en un tratado firmado en Casa de Gobierno, renunciando el Paraguay a buena parte de la soberanía chaqueña. Tan remota era la zona para el Gobierno asunceno que el propio Bravo se había ofrecido donar al Estado nacional “una cañonera artillada a un costo de $f 50.000” para apuntalar la presencia del Estado en esa periferia, generosidad que el general Caballero prefirió declinar.
El canto de victoria de Quijarro fue prematuro. El Parlamento boliviano –viendo factible negociar la posesión de todo el Chaco hasta el Pilcomayo– nunca ratificó el Tratado dentro del plazo establecido de un año, con lo que perdió vigencia. El Parlamento paraguayo tampoco dio su ratificación.
Particularmente agraviante fue el intento de entrega del antiguo Fuerte Borbón, sitio desde el cual, Ayolas, en 1536, e Irala, en 1547, habían intentado llegar hasta el Imperio inca.
Agraviante fue el intento de entrega del Fuerte Borbón.
Del affaire Bravo quedaron lecciones importantes sobre el Paraguay germinalmente democrático y constitucional. Las mayorías parlamentarias del Gobierno eran sumisas y obsecuentes mientras no se afectaban asuntos de fondo como la soberanía territorial donde la primitiva pero poderosa opinión pública, acicateada por una prensa facciosa y nada objetiva, imponía por persuasión o coacción moral una visión tradicional indiscutible.
Curiosamente, los gobiernos de los generales Caballero y Escobar, tildados de nacionalistas por la posteridad, poco dudaron en entregar tanto Fuerte Olimpo como Bahía Negra a Bolivia sin mayores embarazos, en tratados rechazados por los Parlamentos en los que Decoud se halla libre de culpa y pena.