En momentos en que Paraguay enfrenta una demanda eléctrica cada vez mayor y empieza a discutir cómo administrar la energía disponible para sostener su crecimiento, la criptominería vuelve a quedar en el centro del debate. Su expansión abrió un nuevo mercado para la ANDE y aseguró grandes consumidores, pero también plantea una discusión de fondo: cuánta potencia puede comprometer el país con esta actividad sin limitar otras necesidades productivas y de desarrollo.
Precisamente, el Grupo de Consumo Intensivo Especial (GCIE), creado en 2022 sobre todo para la criptominería, reserva 943,8 MW, el 13,5% de los 7.000 MW que Itaipú destina a Paraguay. Cademot SA, Zuns SA, Muiden SA y W3X SA concentran solas 730 MW; es decir, más que una unidad generadora completa de la binacional.
Este pequeño grupo de grandes consumidores es el principal responsable de que la potencia reservada en Muy Alta Tensión diera un salto exponencial, pasando de 305 MW en 2024 a 705 MW en 2025, y a 870 MW en 2026, de acuerdo a los datos proporcionados por la ANDE.
Sin embargo, en contrapartida, la lista de las empresas del GCIE cayó 42% en un año: de 71 operadores que existían en 2025 quedaron 41 en 2026, tras la salida de pequeños mineros golpeados por ajustes tarifarios. Pese a eso, la ANDE prevé recaudar US$ 350 millones (de este grupo de consumidores) en 2026, un 18,6% más que en 2025, de acuerdo a sus proyecciones basadas en los contratos firmados.
En junio de este año, la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) cuestionó el beneficio económico de estas empresas, considerando que el país requiere cada vez más energía para generar la misma riqueza.
Los técnicos remarcaron que “se están destinando grandes volúmenes de energía solamente para empatar”, pues mostraron que la tarifa del GCIE, aunque en dólares, está por debajo de la media nacional.
La UIA planteó entonces limitar a 700 MW –10% de la generación de Itaipú– la potencia total destinada para la criptominería y sectores afines, con contratos de 3 a 5 años, recordando que los vigentes vencen el 31 de diciembre de 2027.
El debate cobra mayor relevancia ante la proximidad del vencimiento de los contratos actuales y un escenario eléctrico cada vez más ajustado. La discusión ya no pasa solamente por cuánto puede recaudar la ANDE con la criptominería, sino por qué uso estratégico quiere dar Paraguay a una energía que durante décadas pareció abundante y que ahora comienza a convertirse en un recurso que deberá administrar con mayor cuidado.