El Sistema Interconectado Nacional tocó un techo el 20 de enero, al llegar a 5.752 MW de demanda máxima, según la ANDE. Esa cifra es el 75% de la potencia disponible del país, y en Yacyretá el margen es cero: trabaja al 100%, según los datos expuestos por Ángel María Recalde y Héctor Richer, extitulares de la empresa estatal de electricidad.
La demanda crece hasta 10,5% anual en el último quinquenio: la generación actual alcanza solo hasta 2028-2030, aseguraron a base de un estudio del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE).
La crisis se mide en años, pero cada nueva represa binacional demanda entre 10 y 14 años para construirse. Sobre Corpus, Richer es tajante: “No es una segunda Itaipú que alimente durante 50 años al sistema paraguayo”, ya que la porción paraguaya apenas cubriría dos años de dicrecimiento de la demanda.
Esa urgencia es solo la mitad del problema: el país tampoco tiene claro quién debe decidir. Así lo plantea el consultor Guillermo López Flores: Paraguay sabe qué generación necesita, pero carece de reglas institucionales que conviertan ese potencial en inversión.
El origen está en la Ley 966/64, que hace 62 años concentra en ANDE los roles de generadora, transmisora, distribuidora y autoridad del sector: “Una empresa no puede ser al mismo tiempo jugador, árbitro y autor del reglamento”. Ese diagnóstico empujó tres reformas que avanzan en paralelo, sin coordinarse.
Tres reformas, un mismo dilema
La primera iniciativa llegó del Senado el 12 de agosto, cuando el senador Enrique Salyn Buzarquis presentó la ley general de la industria eléctrica, de 178 artículos, que propone dividir a la ANDE en seis sociedades anónimas y crear una superintendencia de electricidad.
Un día después, el Ejecutivo puso a consulta pública sus anteproyectos del ministerio de energía, minería e hidrocarburos y el ente regulador de energía (ERE).
Ambas apuntan a separar política, regulación y operación, concentradas en ANDE.
Pero ni la ley más ambiciosa alcanza sin dinero. Amilcar Troche, del Centro Paraguayo de Ingenieros, lo resume así: “La magnitud de las inversiones requeridas hace difícil pensar que el Estado pueda financiarlas”, dejando la pregunta que nadie responde: de dónde saldrá el capital.
Esta duda ya tiene respuesta parcial desde los grandes consumidores: el Grupo de Consumo Intensivo Especial (GCIE) –criptomineras y centros de datos de IA–negocia con ANDE extender sus contratos a 10 años, que en principio tiene como “vencimiento improrrogable” el 31 de diciembre de 2027.
Gabriel Lamas, de Hive Paraguay, explica que la industria opera con un esquema de “modulación”. “La ANDE nos corta el suministro en el momento en que más necesita”, señala. Hive tiene contratados 300 MW y proyecta llegar a 1.000 MW en año y medio, con previsibilidad contractual.
Y así como esta compañía, hay otras más interesadas en arribar al país o en aumentar su contratación de energía.
Toda esta situación corre en paralelo a un estudio del CEARE, encargado por ANDE con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que recomendó elevar la tarifa media de US$ 49,2 a US$ 68,6 por MWh entre 2026 y 2030, mientras
ANDE ya recibió pedidos por 6.300 MW de nuevos consumidores electrointensivos.
Lo que queda para el corto plazo
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Entre represas de más de una década y reformas sin fecha de sanción, la salida más rápida para el “lapso crítico” 2028-2030 no pasa por construir, sino por comprar: interconexiones con Brasil y Argentina y energía solar con baterías serían las únicas alternativas capaces de operar en 3 a 5 años, según las conclusiones de los expertos del sector eléctrico.
Todo lo demás –ley eléctrica, ministerio, ente regulador, tarifa definitiva– sigue abierto, sin plazo cierto. Paraguay tiene los diagnósticos y los proyectos de ley. Lo que ya no tiene es tiempo de sobra para decidir.