¿Qué hacer con los recursos de Itaipú?: Desarrollo del país a través de alternativas de optimización de los fondos

Desde casi una década, las municipalidades y gobernaciones han recibido importantes recursos provenientes de la Entidad Binacional Itaipú, en concepto de royalties. Al considerar las transferencias realizadas desde 2013 al 2018 a los gobiernos departamentales, los recursos destinados se encuentran en alrededor de US$ 200 millones. Mientras que los gobiernos municipales ya han recibido aproximadamente US$ 660 millones en el mencionado período, según datos del Ministerio de Hacienda.

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Se observa una paradoja contemplada en la misma Ley que clasifica a las gobernaciones y municipalidades entre afectadas y no afectadas. Con esta premisa, los departamentos considerados con mejor estructura económica, por ende, con ingresos mayores, son los más favorecidos con los royalties.

Entre ellos figuran Itapúa, Alto Paraná e, incluso, Central, mientras que los menos favorecidos son justamente las zonas con mayores necesidades como San Pedro y Alto Paraguay.

Con relación al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), desde 2012 al 2018 las gobernaciones recibieron alrededor de US$ 100 millones, en tanto que las distintas municipalidades del país aproximadamente US$ 350 millones.

Al igual que en la transferencia de los royalties, en este caso se repite la asimetría en la distribución de los importantes recursos. Con esta práctica financiera, la brecha de inequidad entre los departamentos y municipios solo va acentuándose, por consiguiente, las múltiples necesidades insatisfechas de la población aumentan.

Finalmente, los recursos que debían generar mayor desarrollo, terminan profundizando las diferencias regionales. En otras palabras, el formato de distribución y utilización de los recursos definitivamente no produce los efectos esperados. Además, las municipalidades y gobernaciones han demostrado que en su gran mayoría no están capacitadas para administrar los recursos. Peor aún, los recursos recibidos han sido desviados, utilizados en rubros y gastos no permitidos ni contemplados, y hasta destinado al pago de salarios.

Recursos para apuntalar la educación en el país

Desde el 2012, el 30% de los recursos provenientes de la compensación por cesión de energía al Brasil se destina al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). Además de funcionar como un fondo, se configura en una instancia pública con participación de la sociedad civil creada para administrar y destinar recursos a programas y proyectos. Los mismos apuntan a elevar la calidad de la educación, en la búsqueda de la excelencia educativa y la promoción de la investigación y el desarrollo.

Los recursos permiten el financiamiento de políticas públicas con énfasis en educación e investigación. Desde su vigencia y hasta la fecha, ya se han aprobado 15 propuestas.

Entre las áreas priorizadas por la propia ley figuran:

a) La incorporación de TIC en el sistema educativo;

b) El mejoramiento de la calidad de la formación docente;

c) Una oferta educativa en infraestructura, equipamiento y dotación;

d) Atención integral a la primera infancia;

e) Organización, formación y fortalecimiento de redes de cooperación escolar;

f) Otorgamiento de becas de estudio para la formación superior;

g) Investigación y desarrollo y;

h) Fortalecimiento de ANEAES y evaluación de la calidad de la educación.

Los recursos asignados para el financiamiento de los mencionados ejes desde el 2012 hasta el 2018 fueron en torno a US$ 554 millones, según el Informe de Gestión y Avances de 2018 del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación.

Algunos de los resultados del FEEI, de acuerdo al mismo informe, se traducen en la adjudicación de 1.327 becas de especializaciones, maestrías y doctorados, en las mejores universidades del mundo. Además, de la capacitación y formación en el exterior de 429 docentes del sector oficial a través de BECAL, entre otras acciones.

El empuje brindado al sector educativo es relevante para un país como Paraguay, sin embargo, los desafíos siguen siendo importantes, ejemplificados en los magros resultados en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés).

Recursos adicionales en 2023

A los recursos que Paraguay viene recibiendo en concepto de royalties y compensación por cesión de energía, el 2023 se presenta como una oportunidad para que el país sea receptor de fondos adicionales. Esto considerando la cancelación de la deuda mantenida con Eletrobras y sujeto a que la tarifa de venta de energía no sufra variaciones. Estas y otras aristas deben ser tenidas en cuenta durante la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, ocasión en la que se discutirán las condiciones financieras y de comercialización de la energía de la represa.

La posibilidad de que Paraguay reciba recursos financieros adicionales significativos, necesariamente debe estar ligado a alternativas de mejor utilización. Blindar estos recursos para el financiamiento de proyectos y programas de gran impacto socio-económico podría ser una de las tantas políticas de Estado. Sin embargo, deben explorarse otras opciones de utilización. La estructura económica y social en Paraguay ha sufrido una serie de transformaciones, por lo tanto, los planes y proyectos financiados con estos recursos deben responder a la nueva problemática y, sobre todo, de cara a los renovados desafíos de desarrollo del país.

¿Y si se destina parte de los recursos para implementar algún tipo de fondo soberano?

Para el Grupo de Trabajo Internacional de Fondos Soberanos, éstos son instrumentos de inversión que permiten combinar múltiples objetivos, más allá de sólo suavizar el gasto fiscal ante la volatilidad del ingreso proveniente de un recurso natural, en el caso de Paraguay de la energía. Otros propósitos abarcan: i) distribución equitativa del ingreso del recurso a través de las generaciones; ii) protección a grupos de población vulnerables en tiempos de recesión; iii) moderación de la apreciación real del tipo de cambio y iv) diversificación de los activos financieros.

En función de los objetivos señalados previamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) los clasifica como sigue:

- Fondos de estabilización: buscan aislar el presupuesto y la economía de la variabilidad en el precio del recurso natural y de choques externos.

- Fondos de ahorro: su objetivo es distribuir la riqueza a través de las generaciones.

- Fondos de reserva de pensiones: su función es atender futuros pagos de pasivos contingentes relacionados con las pensiones.

- Fondos de reserva de inversión: buscan reducir los costos de mantener reservas en el Banco Central, de forma de incrementar el retorno sobre las mismas.

- Fondos de desarrollo: se establecen para distribuir los recursos hacia proyectos considerados prioritarios en el área económica y social.

La experiencia más exitosa de fondos soberanos la constituye Noruega, país exportador de petróleo, cuyo fondo de estabilización si bien se creó en el año 1990, fue hasta el año 2001 cuando el gobierno presentó su marco de política fiscal con tres fines: i) estabilidad macroeconómica; ii) sostenibilidad de la política fiscal y equidad intergeneracional; y iii) uso eficiente de los recursos.

Para lograr esos objetivos, la política fiscal debería ser conducida por tres pilares: i) distribución intergeneracional de la riqueza petrolera; ii) retiros anuales del fondo petrolero, transferidos al presupuesto del gobierno y iii) regla fiscal estructural.

En el año 2006, su nombre cambia a Fondo Global de Pensiones (FGP) y su manejo siempre se ha orientado a la búsqueda de la transparencia fiscal. El fondo permite la inversión de recursos para futuras generaciones. Es una fuente de financiamiento del déficit no petrolero. Permite aislar la economía de los efectos adversos de la volatilidad en el precio del recurso natural. El manejo del fondo es responsabilidad del ministro de finanzas, aunque el Banco de Noruega es el encargado de su conducción operacional.

Según el informe publicado por el Banco de Noruega, para el primer trimestre de 2019, el FGP alcanzó US$ 1 billón y un rendimiento de 9,1%. El 69,2% de los activos se invirtieron en acciones; 28,0% en renta fija y 2,8% en bienes raíces.

El FGP resultó del consenso y acuerdo político. Cuenta con credibilidad, lo cual se refuerza con la fortaleza de las instituciones, gobernanza y rendición de cuentas. Persigue la transparencia. Su manejo es de conocimiento público. Contribuye a moderar el déficit no petrolero. Separó la política fiscal de la volatilidad de los precios del petróleo. Permitió el ahorro de la mayor parte de los ingresos petroleros y moderó la apreciación real de la moneda.

Particularmente, la estabilización de la economía ha logrado a través del uso de una regla fiscal, donde se puede disponer de hasta el 4,0% de los activos mantenidos en el FGP al comienzo del año fiscal, para financiar el déficit estructural no petrolero. Esta regla permite menos (más) crecimiento del gasto público durante la fase expansiva (de contratación) del ciclo económico. Por tanto, a través de este mecanismo se inyectan gradualmente recursos del petróleo a la economía.

Momento de repensar modelo

Finalmente, los recursos generados por la explotación del río Paraná que se traducen en royalties y compensaciones para el Paraguay, pueden ser aún mejor aprovechados. Es momento de repensar el modelo de utilización de estos fondos, donde los sectores más vulnerables sean los mayores beneficiados.

Además, el involucramiento de todos los segmentos es clave en este proceso. Por ejemplo, el trabajo coordinado entre el sector privado y público podría dar otra perspectiva para el buen aprovechamiento de los recursos que se generarán en el 2023 y que deben anclarse en un único objetivo, construir y brindar bienestar a toda la sociedad, mediante buenos servicios en salud, educación e infraestructura. Si bien el caso de Paraguay es distinto, al requerir de inversiones sustanciales para continuar desarrollándose, puede aprender lecciones valiosas de otros países, que administraron los fondos provenientes de sus recursos naturales para aumentar su resiliencia.

En conclusión, la utilización de los recursos provenientes de Itaipú debe ser modificada y orientada hacia los objetivos estratégicos actuales. A tal efecto, el Gobierno debería actualizar su mapa de oportunidades y desafíos de forma a invertir en consecuencia. Por tanto, el futuro no solo está en la Renegociación del Tratado del 2023, también está en la gestión inteligente de los recursos financieros actuales.

Los recursos generados por la explotación del río Paraná que se traducen en royalties y compensaciones para Paraguay, pueden ser aún mejor aprovechados. Es momento de repensar el modelo de uso de estos fondos, donde los sectores más vulnerables sean los mayores beneficiados.

El gobierno debería actualizar su mapa de oportunidades y desafíos de forma a invertir en consecuencia. La utilización de los recursos provenientes de Itaipú debe ser modificada y orientada hacia los objetivos estratégicos actuales.

El trabajo coordinado entre sector privado y público podría dar otra perspectiva para el buen aprovechamiento de recursos que se generarán en 2023, y que debe tener por meta construir y dar bienestar a la sociedad, mediante buenos servicios en salud, educación e infraestructura.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD