“Traición a la patria” era la de antes

Mientras los países en Europa y en toda América realizaban, en la década de los 90’s, sus reformas institucionales, basadas en el reacomodo del rol estatal como regulador y ya no más como un activo empresario, buscando la promoción de una mayor liberalización de la industria eléctrica, Paraguay optó por quedarse amarrado al pasado.

Ing Javier Villate (*) fjvillate@gmail.com
Ing Javier Villate (*) fjvillate@gmail.com

Las razones de otros países para “aggionarse” no fueron suficientes aquí para que los entramados políticos, sindicales y económicos dejen sus “zonas de confort” y los apetitosos negocios con la empresa eléctrica estatal.

En esa década, la ANDE estaba atravesando por terribles problemas económicos, considerando que desde 1990 hasta el 2002 tuvo en promedio una rentabilidad negativa de -0.5%, perdía dinero a montones, con golpes tarifarios a la ciudadanía del 15% anual en promedio.

El salvavidas de la ANDE llegó en el 2003 de la mano de Itaipú con los “excedentes”, que significó un impresionante “salto económico” de un negativo -3.6% a +8%, ya que la potencia excedente representó casi la mitad de la energía consumida en el mercado local. De ahí en adelante, la rentabilidad de la estatal fue positiva, nuevamente en declive hasta el 2013.

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A pesar de que la ANDE estaba pasando por una terrible debacle económica y financiera, a sus directivos parecía no importarles, ya que vendían electricidad de la hidroeléctrica Acaray a distribuidoras de Formosa y Misiones (Argentina), y a Copel de Brasil, a unos precios muy llamativos.

Por ejemplo, las condiciones contractuales de venta con Copel indicaban que la energía tenía que vendérsele –ya muy ventajosamente– entre US$ 17 y 23 el MWh, pero habría sido vendida entre US$ 10 y 15 el MWh, según sus balances.

Era aún más curioso que entre los años 2002 y 2003 se habría vendido a la distribuidora formoseña a precios de remate de unos US$ 5 el MWh, mientras que el precio que pagábamos los ciudadanos paraguayos rondaba US$ 40 el MWh, en promedio de la tarifa media local.

El escenario ideal para el “pokarê” (robo) estaba servido, ya que estas ventas de electricidad de Acaray eran sin licitación pública, a pesar de que los mercados eléctricos vecinos ya estaban operando activamente. No había ningún regulador que ejerza un control técnico profesional e independiente que indague en las cuentas de la ANDE y, sumado a la nula institucionalidad eléctrica, se daban las condiciones perfectas para el festín.

En nueve años de negocios con Copel, la ANDE le habría facturado US$ 33 millones, pero si respetaban el contrato podrían haber facturado unos US$ 45 millones. Sin embargo, si vendían la energía en el mercado paraguayo, podrían haber facturado unos US$ 130 millones.

Los negocios eléctricos con la formoseña y la misionera no fueron más felices, al menos para la ANDE, porque si la estatal vendía en Paraguay la misma cantidad de energía, podían haber obtenido unos US$ 120 millones adicionales.

¿Donde habría ido a parar la diferencia? ¿Nadie controlaba las facturaciones que efectivamente debía percibirse? ¿Algún gerente de aquella época renunció por este negocio secreto sin licitación?

Hasta la fecha no se tiene conocimiento de ningún desmentido o aclaración sobre estos números por parte de los funcionarios de la ANDE involucrados, como tampoco del último expresidente (Pedro Ferreira) que renunció por el tema del Acta Bilateral. Este, entre el 2002/2003, fungía de gerente financiero, o sea era el gran cajero de la estatal, período de los precios más bajos para nuestros vecinos, y con cifras récords de aumentos de la tarifa media que alcanzaron el orden del 30% para los usuarios paraguayos.

Razones de la desidia en la comercialización

Con el carnaval de Acaray a todo vapor, ¿qué interés podía haber tenido la conducción gerencial de la ANDE para llevar a cabo la venta de nuestra energía no consumida de Itaipú y Yacyretá?

Resulta evidente que si la ANDE organizaba en los años 2000 licitaciones, en libre concurrencia, para vender en Paraguay la energía no utilizada de ambas binacionales, habría ocasionado el fin inmediato de varios negocios, entre ellos el de Acaray, porque consecuentemente se levantaría la perdiz con la lógica obligación de convocar a licitaciones públicas también para esta hidroeléctrica de la ANDE, lo cual podría resultar en la posible pérdida del control de las diferencias monetarias.

Comercializar la energía no utilizada de Itaipú y de Yacyretá era un disparo al pie para la alta gerencia de la ANDE. Se impuso el equilibrio de Nash: los gerentes de la estatal estaban “maximizando” sus ganancias y ningún jugador tenía incentivos para cambiar individualmente de estrategia.

Visto así las cosas, no extraña observar que años atrás no hubo denuncias públicas o renuncias al cargo por esos negocios secretos consumados sin licitar y no aclarados a la fecha.

Hoy día, curiosamente, algunos asumieron el rol de “vengadores del pueblo”, siendo que nos habrían hecho pagar a los paraguayos por la electricidad unos US$ 40, cuando vendían a nuestros vecinos a US$ 5 y sin licitación alguna.

La cuestión del Acta Bilateral

Es ocioso describir todo el proceso que desató una de las mayores crisis políticas en los últimos tiempos. El fin del efecto calmante de la energía excedente, iniciado en el 2002, está llegando a su previsible término y es evidente que las autoridades de la ANDE no habían diseñado plan alguno de contingencia apropiado con antelación, previendo los conflictos potenciales de la subcontratación de potencia. El proceso estuvo marcado por una serie de errores técnicos, diplomáticos y mucha improvisación, que llevaron al desastre político gubernamental.

Sacar conclusiones y aplicar lecciones

Las instituciones: Paraguay debe contar con una ley eléctrica que fije las reglas de juego para el desarrollo del mercado eléctrico, establezca el regulador, los deberes y derechos de los agentes participantes. Pocos inversionistas serios vendrán si saben que no tenemos una arquitectura eléctrica legal seria, regulaciones acordes a esta dinámica industria y un sistema judicial independiente.

El escenario: El escenario monopólico cerrado es el peor posible en todo momento, y con mayor razón ante los desafíos del 2023 y siguientes. Debe ser prioridad nacional la apertura de la industria eléctrica. Debemos contar con una comercializadora nacional de energía de las binacionales, especializada, imparcial y dinámica, con un objetivo claro que es la maximización de los beneficios para el Paraguay. Es inconcebible el escenario donde una distribuidora eléctrica convoque a licitaciones públicas de electricidad, donde este sea, a la vez, el vendedor, el comprador y el juez de las asignaciones.

La ANDE se coloca fuera de los principios democráticos republicanos y de la Constitución al estar por encima de la ley respecto de otras distribuidoras o comercializadoras del país para la comercialización de la energía de las binacionales. Flaco favor para la imagen de seriedad del país.

Los recursos: Un equipo de comercializadores fuertes, con respaldo técnico y financiero debe formar parte de las prioridades locales.

Las herramientas: Persistir con los acuerdos operativos del 2002 y el Instrumento de Compromiso del 2007 no son las más apropiadas para optimizar los beneficios del Paraguay. Como se demostró, estas herramientas están fuera del Anexo C y solo sirvieron para los propósitos de mantener a la ANDE como comercializador monopólico.

Paraguay puede y debe aspirar a objetivos más grandes y no solo depender de una agencia estatal desganada y desfondada.

* Especialista del sector privado y uno de los impulsores del anteproyecto de ley que crea la Comercializa Nacional de Energía de los Entes Binacionales (Conebi).

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