Un estudio del Banco Mundial (BM) indica que un aumento del nivel de infraestructura de 1% eleva temporalmente el crecimiento del Producto Interno Bruto, entre 1% y 2% (Calderón y Serven, 2014). En cuanto a la inequidad, señala que la misma también disminuye con más infraestructura pública, porque amplía las oportunidades de producción y trabajo, valorizando bienes y propiedades y mejorando los prospectos de ingresos.
Por el lado social, la infraestructura facilita el acceso a servicios de educación y salud, valorizando el capital humano y ampliando el potencial de trabajo y calidad de vida, y así se vuelve una herramienta valiosa para la reducción de pobreza (Calderón y Serven, 2014).
En Paraguay, acortar o incluso cerrar la brecha o déficit de infraestructura existente sigue siendo uno de los principales desafíos. En la posición a nivel mundial por la calidad de su infraestructura, se ubica en el puesto 101 de 140 países del Reporte de Competitividad Mundial 2018-19. Su posición lo sitúa lejos de Argentina y Brasil, que ocupan los puestos 68 y 81, respectivamente. De esta manera, Paraguay se encuentra solo por encima de Bolivia (102), Nicaragua (104) y Venezuela (118).
Los indicadores de calidad de caminos viales (129), infraestructura portuaria (95) e infraestructura aeroportuaria (119), además de la calidad de provisión de electricidad (118) y la exposición a agua contaminada (65), siguen revelando una alta deficiencia en el país.
En ese contexto, la red vial total en Paraguay es de 87.197 kilómetros, de acuerdo a los últimos datos de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP). De las conexiones viales, el 90,8% es de tierra, en tanto que solo el 6,3% está pavimentada y el 2,9%, empedrada. La cobertura presenta una densidad siete veces inferior al promedio de América Latina y el Caribe (ALC) (0,55 km/km2), según el BID. Además, la calidad y cobertura de la provisión de agua y saneamiento es baja. El 52,6% de los hogares cuenta con acceso a fuentes mejoradas de agua potable cuando en ALC es del 71,7%, mientras que apenas el 10% dispone de acceso a saneamiento mejorado, porcentaje muy inferior al promedio de ALC (52,2%). La capacidad de conectividad internacional a internet de banda ancha por habitante es baja, 21Kbps por usuario, inferior al promedio de países del Cono Sur (80Kbps) y ALC (72Kbps). Además, la cobertura de banda ancha es reducida, solo el 2,9% de la población accede a ella frente a 10,2% de América Latina y el Caribe, de acuerdo a estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Déficit de infraestructura y posibles financiamientos
Según cifras que maneja el BID, América Latina y el Caribe necesitan una inversión del 5% del PIB para cerrar la brecha de infraestructura en la región. Si la inversión pública alcanza sólo el 2% del PIB, el restante debería provenir de la inversión privada. En Paraguay, la provisión y calidad de infraestructura de transporte y logística, energía, y agua y saneamiento, así como de conectividad y telecomunicaciones presenta deficiencias. Las mismas están relacionadas tanto con brechas de inversión, como con debilidades institucionales que restringen la canalización efectiva de los recursos públicos.
Por un lado, las necesidades de inversión en infraestructura física superan el 70% del PIB de 2017, con un nivel de inversión pública en infraestructura que representa casi 4,0% del PIB, dice un estudio del BID.
El mismo informe especifica que la actualización del Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay 2018-28 identifica necesidades de inversión para construcción y mejoramiento en transporte vial, fluvial, aéreo y ferroviario que ascienden a un 40,6% del PIB de 2017. El Plan Maestro de Generación, Transmisión y Distribución de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 2018-25 plantea requerimientos de inversión en generación, transmisión y distribución de un 15,8% del PIB de 2017. El Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento 2018-30 identifica requerimientos de inversión equivalentes al 15,3% del PIB de 2017.
En el Presupuesto General de la Nación se contempla, en promedio, una inversión en infraestructura de US$ 13.000 millones, cuando la necesidad en el país orilla los US$ 21.000 millones, según datos oficiales. En ese sentido, la intervención del Estado en materia de obras se ha incrementado. En una década, se han triplicado las inversiones en proyectos de infraestructura en la Administración Central, pasando de G. 1,247 billones (1,2% del PIB) a G. 4,688 billones (2% del PIB) en 2018.
Cabe señalar que la infraestructura en el país es financiada con recursos provenientes de los ingresos tributarios (Fuente 10) y con fondos generados a través del endeudamiento (Fuente 20). No obstante, desde el 2013, la principal fuente de financiamiento de los proyectos de infraestructura es a través de la emisión de deuda pública, en especial tras la primera colocación de bonos soberanos en el mercado internacional. En el país, más del 70% de los ingresos genuinos son destinados al pago de las remuneraciones salariales, dejando poco espacio para invertir en proyectos de infraestructura.
Cuando se observa el esquema de financiamiento hoy, el mismo muestra que de un total de US$ 570,6 millones invertidos hasta agosto de 2019, el 75% fue ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), el 9% por las demás entidades del Estado, seguido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (6%). Las demás instituciones que también concretaron inversiones fueron elos ministerios de Educación y Culto (5%), de Hacienda y de Agricultura y Ganadería, con el 2% de ejecución en los dos últimos casos, y la Presidencia de la República (1%). De los US$ 427 millones que fueron administrados por el MOPC, casi el 60% fue financiado con recursos provenientes del crédito público, como los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y los bonos emitidos a nivel local como internacional.
Normativas vigentes en el país
Paraguay cuenta con una serie de herramientas legales para llevar adelante proyectos de infraestructura. Ello, teniendo en cuenta que los recursos generados por el Estado, como se ha visto, no son suficientes para el financiamiento de los proyectos necesarios en el país. Entre las modalidades de contratación para la inversión pública se encuentran:
- La Ley Nº 5102/13 “De promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado“, más conocida como “Ley de Alianzas Público-Privadas” (APP).
- La Ley N° 5.074/13 y 5.396/15 “Que establece modalidades y condiciones especiales y complementarias a la Ley Nº 1.045/83 Que establece el régimen de Obras Públicas”, mejor conocida como “Proyectos Llave en Mano”.
- La Ley N° 2.051/03 “Contrataciones Públicas” o las realizadas como parte de las obras públicas tradicionales.
- La Ley Nº 1618/00 “De Concesiones de Obras y Servicios Públicos” dentro del marco regulatorio de las licitaciones.
- La Ley N° 3.009/06 “De la producción y transporte independiente de energía eléctrica”.
- La Ley N° 117/91 “De Inversiones” o más conocida como Joint Ventures.
Las normativas citadas están vigentes en el país. Sin embargo, pocas de ellas han sido utilizadas cuando podrían motorizar proyectos de infraestructura de gran impacto socio-económico en Paraguay. Otras herramientas para la inversión, como los proyectos bajo la figura de la Alianza Público- Privado (APP), iniciaron el proceso, pero sin éxito ante la falta de garantías y experiencia por parte del Estado. Por todo ello, se vuelve primordial trabajar en el mejoramiento de la seguridad jurídica en Paraguay, condición clave para el anclaje de inversiones en el país.
Finalmente, urge revertir los bajos niveles de eficiencia del gasto público, de tal manera a garantizar que los diferentes proyectos de infraestructura sean ejecutados en tiempo y forma. La implementación de políticas que apunten a una considerable mejora en la calidad de infraestructura en Paraguay se traduciría, no solo en el aumento de los niveles de productividad en el país, sino que expandiría el potencial de crecimiento del país.
Por el lado social, la infraestructura facilita el acceso a servicios de educación y salud, valorizando el capital humano y ampliando el potencial de trabajo y calidad de vida. De esta forma la infraestructura se vuelve una herramienta valiosa para la reducción de pobreza (Calderón y Serven, 2014).
En Paraguay, acortar o incluso cerrar la brecha o déficit de infraestructura sigue siendo uno de los desafíos principales. En la posición a nivel mundial por calidad de su infraestructura, se ubica en el puesto 101 de 140 países del Reporte de Competitividad Mundial 2018-19.
Según el reporte internacional ya citado, los indicadores de calidad de caminos viales (129), infraestructura portuaria (95) e infraestructura aeroportuaria (119), además de la calidad de provisión de electricidad (118) y la exposición a agua contaminada (65), siguen revelando una alta deficiencia en el país.