El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que el crimen y la violencia en ALC le cuesta a la región el 3% de su Producto Interno Bruto (PIB) anual. Esto equivale a alrededor de US$ 261.000 millones cada año, es decir, la totalidad del gasto anual de la región destinado a proyectos de infraestructuras. Estos datos comparativos revelan el trascendental impacto que tienen la delincuencia y la violencia en un país, y que terminan restando a su desarrollo y crecimiento. A todo lo anterior debe sumarse el costo que representa para los empresarios y hogares de la región el hecho de intentar protegerse de los actos delictivos.

El pago por el servicio de seguridad privada en toda la región oscila entre el 0,82 y 1,42% del PIB. Estos números explican y reflejan el auge de las empresas militares y de seguridad privadas en ALC. De acuerdo a los datos del BID existirían 16.000 empresas de seguridad funcionando en la región y empleando a 2,4 millones de personas.

Varios son los factores que inciden en la contratación de guardias privados como la corrupción en las filas policiales y la falta de preparación de sus agentes. De hecho, el Latinobarómetro 2018 reveló que el 65% de los latinoamericanos reconoce tener poco o ninguna confianza en la policía y 53% que el gobierno no hace suficiente en la lucha contra la corrupción.

Índice de Paz Global

Como se mencionaba anteriormente, los actos criminales han cobrado fuerza y se han expandido en los últimos años en algunos países más que en otros. Tal es así que los resultados del Índice de Paz Global (IPG) 2019, realizado por el Institute for Economics and Peace, revelaron solo una mínima mejora en cinco años. Pese a ello, el mundo sigue siendo menos pacífico que hace diez años por varios factores y situaciones. Entre ellos se destacan: una mayor actividad terrorista, la intensificación de los conflictos en el Medio Oriente. Además, de situaciones como el aumento de las tensiones regionales en Europa del este y el noreste de Asia, el crecimiento del número de refugiados y el aumento de las tensiones políticas en Europa y Estados Unidos.

Según las estimaciones realizadas por el IPG, el impacto económico de la violencia en la economía global durante el 2018 fue de US$ 14,1 mil millones. Esto equivale al 11,2% del PIB mundial o US$ 1,853 por persona. Además, el IPG 2019 incluyó al 99,7% de la población mundial y consideró 23 indicadores cualitativos y cuantitativos que permitieron medir el estado de la paz en tres ámbitos temáticos: el grado de seguridad y protección social, el grado de conflictos internos e internacionales activos y el grado de militarización.

Los cinco países que lideran dicho IPG son Islandia, que ocupa este lugar desde 2008, le siguen Nueva Zelanda, Austria, Portugal y Dinamarca. Todos estos países se encuentran bien posicionados en el “Doing Business 2020” del Banco Mundial, justamente por sus buenas condiciones de negocios. Considera desde la apertura de una empresa hasta las garantías que se ofrecen a los inversionistas.

América Latina: el mayor deterioro

Mientras que América Latina y el Caribe experimentó el mayor deterioro, siendo solo Chile, Uruguay y Ecuador los países considerados menos violentos, según los resultados del Índice de Paz Global.

Con respecto a Paraguay, nuestro país empeoró su posición. De ocupar el puesto 77 en la clasificación mundial de 2018 pasó al 88 en 2019, entre los países más violentos del mundo. De esta manera, nuestro país se encuentra en el puesto 7, solo por debajo de Guyana, Brasil, Colombia y Venezuela, considerados las naciones más violentas en Sudamérica.

Cárceles locales: hacinamiento, impunidad y reincidencia

Los números en materia penitenciaria en nuestro país son alarmantes. Las precarias condiciones de los privados de libertad, sumado a la impunidad en miles de casos, son un claro reflejo del aumento de los índices de criminalidad en el país. Solo en la última década, la población privada de libertad aumentó exponencialmente, pasando de más de 6.000 personas en 2009 a 15.477, en 2019.

Esta situación está explicada, en un alto porcentaje, por una justicia ineficiente. Demostración de ello es la situación procesal de los reclusos. En 2019, solo el 26% fueron condenados y 74% aún se encuentra procesado, es decir, a la espera de su sentencia. En el caso de las mujeres, la situación es similar. Apenas el 33% cumple una condena específica y el resto 67%, está en pleno proceso.

La cantidad de internos por encima de la capacidad de reclusión en las principales penitenciarías del país (Nacional, San Pedro, Ciudad del Este y otros) genera una sobrepoblación crítica, que ronda el 80%. Mientras que en las demás cárceles del país oscila entre 2% y 20%, según datos del Ministerio de Justicia.

Esta situación se da en toda América Latina y el Caribe. Desde el año 2000, la población reclusa ha aumentado en 120% mientras que, en el resto del mundo, solo 24%. Los últimos datos dan cuenta que en la región existen aproximadamente 1.500.000 personas encarceladas. De éstas, alrededor de 42% duerme en el suelo y el 20% no tiene acceso a agua potable, entre otras condiciones críticas.

Este y otros factores son justamente los que no contribuyen a reducir los niveles de inseguridad en los países de la región como Paraguay, donde la justicia, generalmente, está supedita a la capacidad financiera de las personas. Y las que no pueden acceder a la misma, recurren a la vía más rápida e ilegal o esperan años y décadas para ser condenadas, mientras que las políticas de reinserción social son invisibles. La carencia se traduce a la falta de oportunidad, mejoramiento de su calidad de vida y, por tanto, tienden a reincidir.

¿Cuánto cuesta la seguridad pública en Paraguay?

En Paraguay, al 2019, las fuerzas públicas suman alrededor de 40.000 efectivos en las filas policiales y militares. De éstos, el 62% presta sus servicios en el Ministerio del Interior y el restante 38% en el Ministerio de Defensa Nacional. Sin embargo, del total de 24.000 agentes policiales, alrededor del 60% realiza trabajos operativos o de seguridad en todo el país. Los demás policías prestan servicios meramente administrativos.

El déficit de personal de seguridad pública es considerable, partiendo de las recomendaciones internacionales acerca de que Paraguay precisa de unos 60.000 agentes policiales para responder a las necesidades de su densidad poblacional. En esa línea, desde el 2019, las autoridades nacionales iniciaron el proceso de incorporar anualmente 1.000 agentes al cuerpo policial hasta completar el número de población recomendado.

Sin embargo, la distribución de agentes es significativamente desigual en varios puntos del país. Datos de la Policía Nacional revelan que en Asunción un efectivo policial debe resguardar, en promedio, a 275 personas. En Central, la distribución es similar, ya que 789 ciudadanos están al cuidado, en teoría, de un solo agente. En otras zonas como Amambay, Canindeyú, San Pedro, la relación policía/ciudadano es de 244 personas, 411 y 552 habitantes por cada policía, respectivamente.

En materia de infraestructura policial, en todo el país, existen unos 1.000 puestos entre comisarías, subcomisarías y destacamentos policiales. Siendo Itapúa (115), Alto Paraná (93) y San Pedro (80), los departamentos con mayores puestos. En tanto que, en Central y Asunción, la cantidad de comisarías, subcomisarías y otros es de 77 y 24, respectivamente. Este dato es relevante, considerando que estos últimos puntos del país son polos económicos y, por ende, de generación de empleo. Por consiguiente, el dispositivo de seguridad debería caracterizarse por su mayor presencia en las calles.

Con relación a los recursos destinados a la seguridad pública, el presupuesto del Ministerio del Interior representa al 4% (G. 2,3 billones) del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019 y del Ministerio de Defensa Nacional, el 2% (1,4 billones) del PGN.

Hay infraestructura y recursos: falta eficiencia

Como se ha observado, en Paraguay existe la infraestructura y los recursos para brindar seguridad a la población. Sin embargo, su uso es ineficiente y el capital humano se presenta con grandes desafíos en materia de preparación y servicio público.

El estamento judicial, por su parte, juega un rol más que importante en la implementación de una política de reducción de tasas de criminalidad en el país. Dado que el cumplimiento en tiempo y forma de las normas legales vigentes, dan previsibilidad y garantías suficientes a todos los ciudadanos. En un país donde, la seguridad jurídica es valorada y protegida, el mismo se convierte en un potencial destino para inversionistas, con sus consecuentes efectos en el desarrollo y crecimiento del país.

La búsqueda de estrategias que permitan mejorar las respuestas al crimen y la violencia pueda estar ligada a la tecnología como el big data y la inteligencia artificial, tal como lo plantea el Banco Interamericano de Desarrollo. Este tipo de sistemas pueden mejorar considerablemente las políticas de seguridad, la digitalización de procesos judiciales e incorporar innovaciones tecnológicas para la rehabilitación de prisioneros. Actualmente tan urgentes en Paraguay, donde la impunidad y la falta de oportunidad está generando costos a toda la economía.

Para dar una respuesta seria al desafío de la seguridad es necesario encarar la problemática con análisis y estadísticas rigurosas. Es necesario dejar de lado planteos simplificadores sobre la inseguridad y desarrollar políticas serias de largo plazo que impliquen el compromiso, tanto de las autoridades como de la comunidad ciudadana.

Costo

El BID estimó que el crimen y la violencia en ALC le cuesta a la región el 3% de su PIB anual, lo que equivale a unos US$ 261.000 millones anuales.

Violencia

Índice de Paz Global dice que el impacto económico de violencia en la economía global fue de US$ 14,1 mil millones, en 2018, 11,2% del PIB mundial.

Privada

El pago por el servicio de seguridad privada en la región oscila entre el 0,82 y 1,42% del PIB, lo que explica el auge de empresas militares y de seguridad privadas.

Agentes

La distribución de agentes es desigual en varios puntos del país. Datos policiales revelan que en Asunción un agente debe resguardar a 275 personas.

Presos

En Paraguay, y solo en la última década, la población privada de libertad pasó de más de 6.000 personas en el año 2009 a 15.477 en el año 2019.

Desafíos

En Paraguay existe la infraestructura y los recursos para brindar seguridad. Pero, su uso es ineficiente y el capital humano se presenta con grandes desafíos.