Ellos, mediante la acción del Estado que se establece en el Gobierno de turno, disponen de nuestro dinero para llevárselo a sus bolsillos y dejan caer las migajas al suelo para que la gente se acostumbre a tan detestable práctica perversa como injusta.
Lo citado precedentemente es a diario, ni tan siquiera veredas y plazas puede ofrecer el Estado a la gente. El desvío de recursos y la dilapidación de los mismos se irá profundizando a lo largo de estos meses cuanto más nos acerquemos a las elecciones de las internas y las nacionales próximas.
Y si alguna duda todavía se tiene sobre lo que implica esta amenaza, pues hagamos una breve disquisición para no tener que caer en la mera retórica expuesta en la abstracción. De lo que digo y escribo es real, evidente y flagrante. La amenaza se entiende como el daño que se puede ocasionar a otro y cuando me refiero a la libertad y la propiedad, pues la misma ocurre de manera alevosa.
La amenaza
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Sobre la libertad, la amenaza del Estado con su respectivo gobierno se lleva a cabo porque las personas en lugar de disponer de lo que es suyo mediante su decisión voluntaria se las tiene que ver con que no puede llevar a cabo lo que ha decidido según su real entender y parecer. La persona es desprovista de su libertad de acción y de elegir, puesto que son otros los que deciden por él. Este tema de la afectación sobre la libertad no es menor. Lamentablemente ha sido oscurecido por la tendencia de considerar que aquella ocurre únicamente cuando se considera la conducta de una persona que debe ir a la cárcel por una transgresión a la ley. Sin embargo, también la libertad se ve notoriamente afectada como en efecto sucede en la situación antes señalada.
Igualmente, sobreviene una amenaza a la propiedad por cuanto que el Estado mediante su respectivo gobierno, cualquiera sea, redirecciona los escasos recursos hacia otros sectores o directamente cuando el dinero es llevado a los bolsillos de los que dicen fungir de servidores públicos, ya sean estos en carácter de administrativos o electos en compulsas electorales.
Da igual la categoría de funcionario. Los recursos desde luego y como se sabe por una sencilla ley de la economía son siempre escasos y las necesidades inmensas, pero ocurre que para la política en general su primera ley es precisamente violar aquella normativa básica de la economía.
Esto, que se explica mejor con el redireccionamiento de los recursos, que en un primer momento los hubiera dispuesto una persona, ocurre que no lo hará porque de modo coercitivo a través de la ley se ha dispuesto que se envíe a otro lado. Es la propiedad por tanto la que aquí ha sido vulnerada porque cuanto que pudiendo disponerse de acuerdo a lo que su dueño desea, se termina haciendo lo dispuesto a lo que otros creen se debe hacer; por cierto, sin consentimiento del propietario.
De manera que si hay un tema de fondo que en nuestro país alguna vez debe tomarse con el debido detenimiento para no tener que ir por las ramas tal como sucede ahora es: la amenaza diaria y constante por el Estado y el Gobierno sobre la libertad y la propiedad y todo en plena “democracia”.
Corrupción e injusticia
La corrupción y la injusticia prevalecientes son consecuencias de ideas y prácticas que siguen siendo tenazmente aplicadas a la fecha. El resultado es que algunos obtienen altos beneficios y muchos, la mayoría, asumen los costos que perjudican sus inmensas oportunidades de mejores condiciones de vida. De ahí que si dejamos pasar lo sustancial y seguimos en lo accesorio no daremos el paso necesario para corregir uno de los peores males que nos aquejan.
Se ha colocado al Estado y al Gobierno respectivo en un lugar que no se merece en ningún modo. Y no es mera declaración, sino una constatación empírica. Eso de creer y defender al Estado como el motor del crecimiento económico, por ejemplo, sustrato teórico defendido por muchos, es una creencia convertida en una maldición y más en los países pobres como el nuestro.
La manera correcta, eficiente y hasta de justicia es que el crecimiento económico, los puestos de trabajo, el aumento de los ingresos empresariales y de los salarios de los trabajadores no está en darle más atribuciones ni recursos al Estado ni a su Gobierno de turno. El Estado es el problema.
Ahora bien, resulta necesario al respecto dejar en claro que tampoco se trata de darle rienda suelta a que de ahí en más tengamos que ser pro empresarios porque esto también requiere de aclaración.
Pro libre mercado en vez de pro empresario
Más que pro empresario lo que requiere para conjugar el progreso material y cultural es promover los espacios de pro mercado, lo que es diferente. Ser pro empresario conlleva muchas veces a convalidar conductas monopólicas u oligopólicas que buscan evitar la competencia para que de ese modo otros competidores que no forman parte del grupo privilegiado no vea amenazado sus intereses. Esto no puede ni debe ser así.
De ahí que lo correcto, más eficiente y más justo para todos sin excepción, es ser pro libre mercado en el entendimiento de que cuanto más personas y empresas puedan disponer de productos y servicios para que el consumidor sea el que elija lo que más le conviene en precio y calidad, pues será ese proveedor el que sacará la debida ventaja en el mercado.
Muy por el contrario de lo que todavía piensan y hacen los estatistas de cuño colectivista y se dicen llamar la modernidad de la nueva economía de este siglo, la verdad es que ellos representan el pensamiento y la práctica perversa de los privilegios e incluso del autoritarismo. El Estado mediante el gobierno con el partido que sea y aunque haya ganado las elecciones más transparentes que se conozca, siempre será un problema y nunca la solución.
La intervención gubernamental en la economía de mercado es la causa de los problemas y penurias que soporta la gente. Esto que ahora podemos constatar y que no se necesita de ninguna base epistemológica ni teórica para darse cuenta en cuanto a rutas, caminos, veredas, plazas, semáforos, señalizaciones, parques, alcantarillado, desagües y otras cuestiones referidas y otorgadas a los diferentes gobiernos de turno para su puesta en ejecución es sencillamente una prueba de su fracaso irremediable.
Entonces: ¿Qué debe hacer el Estado mediante el gobierno? Lo urgente, esto es ahora mismo, es dejar de endeudar a la gente, terminar con el déficit, deshacer toda la maraña de burocracias, trámites y leyes como el código laboral que frenan el crecimiento, los puestos laborales y las oportunidades de mejores condiciones de vida de las familias.
(*) Decano de Currículum UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.