Estas personas en sus buenas intenciones se muestran proclives al subsidio porque consideran que el precio de los pasajes serán demasiados altos sin el correspondiente subsidio. Y no importa si el subsidio es para los transportistas o directamente para los pasajeros. De igual manera el efecto es el mismo.
Esta buena intención de prevalencia del subsidio termina por precisamente destruir el mismo mercado libre que dicen apoyar en otros temas. En efecto, si de libre mercado se trata pues se debería ser coherente. Si decimos que el precio varía de acuerdo a la oferta y la demanda y que el consumidor es el que decide qué comprar y vender, pues es lo mismo en el sector del servicio del transporte público de pasajeros.
Al efecto de aclarar conceptos, la expresión “público” atribuido al servicio de transporte no es correcta porque lo público se refiere a la sociedad en su conjunto encontrándose dirigido a la gente. El término correcto que se le debe otorgar al servicio del transporte de pasajeros es de estatal en nuestro país, por cuanto que su funcionamiento está relacionado a los dictados del gobierno de turno, situación que desde luego termina por tornar este mercado en uno intervenido donde no existe genuina competencia y, por tanto, tampoco existe transparencia en el uso de los recursos por medio de los subsidios.
¿Es posible la competencia?
Desde luego que sí. Infelizmente, la clase política latinoamericana como gran parte de sus empresarios donde son muchos los que no se corresponden con esta noble función, han desconocido y desconfiado de la libre competencia en el que el consumidor es el que decide permanecer en el mercado y quienes hacen sus respectivos ajustes para así volver a atraer el interés de la gente.
Al respecto es de mencionarse que el propio Adam Smith, padre de la economía moderna, en su señera obra “La Riqueza de las Naciones”, mostraba recelo por los empresarios pues éstos tendían a proteger sus intereses creando mercados cautivos en desmedro de la competencia. En la tendencia de formar grandes corporaciones ligadas a políticos y burócratas se forman poderosos grupos de presión cuyo propósito es evitar que otros ingresen en los mercados en los que ellos tienen dominio.
Y habiéndose conformado estos poderosos grupos pues lo que buscan en contar con una “ayuda” del Estado del cual a ningún otro se le debería dar. De este modo se torna imposible la competencia y todo aquel que desee ingresar para ofrecer el bien o servicio pues deberá también ajustarse a las “reglas” que aquellos crearon conjuntamente con los políticos y burócratas; que en su momento exigirá el canon o “permiso” correspondiente.
Pero si alguien se atreve a ser competitivo (mejor precio y calidad) debe saber que el cártel administrado por los ahora dueños de ese mercado le mostrarán que no es el consumidor el que decide sino que son ellos, los verdaderos mandamases del mercado del transporte de pasajeros. Por cierto, se debe aclarar que si no hay competencia tampoco hay mercado; ya que el mercado es precisamente eso, la libre concurrencia tal como lo dice nuestra Constitución en su art 107.
El efecto subsidio
El subsidio ciertamente empuja el precio del pasaje hacia abajo pero lo hace de modo artificial al punto que incluso ahora mismo el Viceministerio del Transporte está elaborando un “nuevo plan” que inexorablemente terminará en eternizar el mismo modelo. Sin embargo, el precio del pasaje, la calidad del servicio y el plazo de duración de las licencias se encuentran en estrecha relación. El subsidio es una perversión económica y una descarada inmoralidad. ¿Por qué sacarle a la gente parte de su dinero para darle a otros? ¿Por qué sacarle a una persona su dinero por medio del subsidio correspondiente si no usa el transporte de pasajeros?
El servicio del transporte de pasajeros no es diferente a otros como se intenta hacernos creer. Es un servicio y como tal es compatible con el que realiza un zapatero, un enfermero, el albañil o el que hace delivery de pizzas o hamburguesas. Todos estos servicios tienen como propósito obtener un beneficio en dinero, desde luego. Capitalizar la actividad forma parte de lo que se llama un negocio y el transporte de pasajeros es precisamente eso, un negocio.
¿Acaso los transportistas son diferentes a aquellas citadas actividades? ¿Deben los transportistas ser tratados como unos privilegiados? Pues estos empresarios son unos privilegiados que también es inconstitucional por cuanto que nuestra ley fundamental dispone acerca de la igualdad ante la ley en su articulo 47 y concordantes.
El transporte de pasajeros es un buen negocio. Por un lado se gana buen dinero pero se tiene que dar un servicio de calidad, como en efecto y todos los días, así como lo hace el albañil, el pizzero, el sastre y toda actividad humana.
El precio
Pero el precio es el “problema”, dicen los propiciadores del intervencionismo estatal. Alegan que los precios serían demasiados altos si se los dejara libres. Pues resulta inadmisible que el pasajero tenga que pagar tan caro. Lo que no quieren decir es que son ellos los que ya están haciéndole pagar demasiado caro por un servicio que ni tan siquiera cuenta con el mínimo requisito de calidad como tampoco quieren decir que eso de caro es una expresión que termina por mostrar que son otros los que pagan por los demás y, por ende, el subsidio crea y consolida la sociedad del privilegio.
En el país la cantidad de pasajeros significa una señal al mercado para que nuevos oferentes en cuestión de nuevas líneas de transporte intenten ingresar para prestar este servicio. Específicamente en el área metropolitana, tenemos una demanda insatisfecha que repercute en los precios y también en la calidad del servicio; cuestión ésta última a no desconsiderar porque es lo que continuamente se ha venido haciendo.
La demanda está y crece. Pero para que la demanda dada por los pasajeros quede satisfecha por el servicio entonces la mejor forma es el libre mercado. Esto significa que las ganancias de los empresarios deben estar sujetas a las decisiones no de ellos ni del gobierno de turno. Las ganancias deben depender de la decisión diaria de cada usuario.
El subsidio, sin embargo, hace que este sencillo mecanismo de premio y castigo atribuido al consumidor se vuelva difícil y hasta imposible de darse. El subsidio incentiva otros mecanismos que están lejos de la competencia y el buen servicio puesto que el subsidio reemplaza al pasajero. Ya no se compite por el servicio al usuario, se compite por tener el subsidio y no importa si para ello hay que aliarse para convertir al sector del transporte en uno que “defienda” sus intereses.
Desde luego de ahí a un paso de este intervencionismo estatal en la que están coaligados intereses privados y estatales, aparece la corrupción, la falta de transparencia y desaparece la calidad del servicio para el pasajero. Cuando se dispone de importante sumas de dinero nos encontramos con el más poderoso incentivo para el despilfarro y el desvío de fondos. Son los ratones cuidando el queso. ¡Imposible! Se lo devoran y cuanto más rápido mejor!
La propuesta
Debemos terminar con el sistema estatista, intervencionista y corrupto. Para ello es preciso iniciar un proceso de genuina descentralización de modo a que el servicio de transporte quede en manos de los municipios pero como árbitro y no como jugador.
En cuanto a las adjudicaciones deberán estar expuestas a constantes controles sobre la calidad del servicio con un informe periódico por parte del municipio y de los usuarios directamente involucrados. Los contratos deben contener cláusulas penalizadoras en los que se establezcan sanciones que irían de menor a mayor, hasta la pérdida de la adjudicación, de acuerdo a los cumplimientos o no de las obligaciones establecidas a las empresas.
Todo esto que parecería ser una cuestión de mero trámite, sin embargo, no podría resultar positivo para el servicio de calidad que la gente desea si los precios de los pasajes continúan como ahora supeditados a órdenes monopólicas, contrarias a la libre competencia y, por tanto, violatorias del artículo 107 de la Constitución Nacional.
Eso de fijar el precio del pasaje como si fuera que la cantidad de pasajeros es estática en cuanto a su número y movilidad y que se puede seguir ofreciendo el mismo pésimo servicio sin que interese lo que la gente piensa y desea, es lo más contrario a las elementales lecciones de economía, de respeto por los derechos de los individuos y hasta del sentido común.
Los precios del pasaje pueden subir y bajar y dependen de la demanda y de la cantidad de nuevos oferentes que participan en el servicio de transporte. Los precios de esta manera se van modificando dando lugar a la competencia de los oferentes, esto es, de las diversas empresas que ofrecen el servicio en el respectivo tramo de recorrido.
Para que esto ocurra es necesario que los tramos se encuentren abiertos a la participación de cualquier oferente o empresa que desee participar, siempre y cuando cumplan con los requisitos de calidad. La posibilidad cierta de que nuevas empresas participen y ofrezcan sus servicios, hará que aquellas que ya se encuentren adjudicadas se muestren comprometidas con sus usuarios, prestando en todo momento el servicio de alta calidad que todo cliente exige por el pago que realiza.
En el transporte público –que por ser público no significa estatal- no hay razón alguna que impida la puesta en marcha del mercado libre mediante un sistema de control de calidad, frecuencias e inspecciones de los vehículos. Solo con un mercado libre las ganancias y pérdidas de las empresas dependerán de lo que los usuarios decidan. Se premiará con ganancias a aquellas que sirvan a los propósitos de viajar cómodos, seguros y a un buen precio, castigándose con pérdidas y la pérdida de sus licencias a las que no lo hagan.
(*) Catedrático de materias jurídicas y económicas en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República.”