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Señalaba Enzo Debernardi, en su libro “Apuntes para la historia política de Itaipú (1996)”, que el Producto Interno Bruto del Paraguay en el año 1973 sumaba apenas unos US$ 950 millones y el ingreso per capita, considerando 2,5 millones de habitantes, orillaba los US$ 383 por habitante. Este escenario poco halagüeño, pintado por el principal promotor del emprendimiento binacional, revelaba la carencia de una nación con esperanzas en lograr su sueño.
Mientras el esperado derrame económico, que supuestamente provendría de la mano del emprendimiento binacional caía a borbotones en Brasil, solo un ínfimo entorno de privilegiados fue favorecido en Paraguay.
Orillando el medio siglo de vigencia del Tratado de Itaipú, la pobreza monetaria en Paraguay abarca casi a la mitad de la población. El 46,2% de los habitantes son pobres, entre ellos, el 12,5% son pobres extremos, el estado más bajo de la pobreza (ABC Color, 16 de mayo de 2021). Estos desdichados deben subsistir a diario con menos de diez mil guaraníes.
Otro tipo de las carencias cualitativas de la ciudadanía paraguaya, medidas en el año 2020 y difundida recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), señalaba que el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) son observadas desde cuatro direcciones: acceso al trabajo y seguridad social; vivienda y servicios; salud y ambiente; educación. El estudio revelaba que el 24,9% de la población son pobres multidimensionales. A diferencia de la pobreza monetaria, este índice mide el acceso a los servicios básicos garantizados por el Estado: salud, educación, vivienda y otros (ABC Color 10 de junio 2021).
Una persona que es pobre puede sufrir múltiples desventajas al mismo tiempo, puede tener una mala salud o estar desnutrida, puede carecer de agua limpia o electricidad, tener un trabajo precario o tener muy poca educación. Los pobres multidimensionales son la población con ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al menos de una carencia social.
El futuro anhelado a partir de Itaipú sigue siendo una ilusión
Entre tanto Brasil, cuyo gobierno sin solución de continuidad maneja para su exclusivo provecho la hidroeléctrica, se ubicaba junto a Méjico, como las mayores economías de América Latina y el Caribe, según el Producto Interno Bruto (PIB) registrado en 2020. Con una economía tan voluminosa es posible batallar en mejores condiciones en favor de los más carenciados.
Conviene recordar que una década atrás, en pleno auge de Itaipú, el Brasil calificaba como la sexta economía del mundo. La tabla de la Liga Económica Mundial, que tiene su base en Londres, ubicaba a Brasil sólo por detrás de EE.UU, China, Japón, Alemania y Francia.
Principal contribuyente de estos logros, San Pablo, el Estado brasileño más rico, provee a sus industrias de abundante hidroelectricidad, con frecuencias de 50 Hz y 60 Hz, generada en la Binacional Itaipú. Es sabido que por el derecho de adquisición del Tratado de Itaipú, interpretado como un derecho de propiedad por los brasileños, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se ve obligada abastecer a la margen izquierda la energía que no utiliza a cambio de una irrisoria compensación, lejos del precio justo.
Hasta 1986 la compensación pagaba Itaipú, después el tesoro brasileño y desde la presidencia de Michel Temer, por una medida provisoria, el usuario brasileño. Lo cierto es que la estatal brasileña de electricidad, Eletrobras, sin interrupción, usufructúa gratuitamente la energía cedida por la Administración Nacional de Electricidad, ANDE.
Un estudio realizado por el PhD Miguel Carter estima que el Paraguay hubiese atesorado US$ 75,4 mil millones al año 2018 de pagarse el precio de mercado por la energía paraguaya obligada a ceder al Brasil. Una riqueza perdida por el país.
Itaipú no era viable sin la desaparición en el lecho del Río Paraná de las cataratas del Salto del Guairá, una nueva desmembración del Paraguay provocado por gobiernos brasileños de facto en violación de legítimos derechos del Paraguay. Todos ellos, complotados con el gobierno paraguayo de Alfredo Stroessner.
Las cataratas del Salto, inigualable maravilla de la naturaleza, era una mina de oro capaz de convocar anualmente millones de turistas.
¿Cuántos turistas visitan cada año las cataratas del Niágara? Más de 30 millones de personas contemplan cada año en directo las cataratas, lo que constituye una colosal fuente de ingresos para las regiones de ambos lados de la frontera: la provincia de Ontario, Canadá y Estado de Nueva York, Estados Unidos.
Ningún gobierno se había atrevido a tanto y tirado por la borda la resistencia por su heredad del pueblo paraguayo tanto en la guerra del Chaco como en la guerra contra la Triple Alianza.
Pero había más, mediante la desatinada Ley 389 del año 1973, Tratado de Itaipú, con votos de la mayoría oficialista del Congreso, el condominio del Salto del Guairá con Brasil se hacía realidad.
Ya en el Acta Final de Foz de Yguazú del 22 de junio de 1966, en su tercera conclusión, se fijaba el condominio entre los dos países del Salto del Guairá o Salto Grande de las Siete Caídas. Un simple acuerdo entre gobiernos sin aprobación del Consejo de Estado con funciones parlamentarias. Mediante el Acta Final de 1966, nunca legalizado, la diplomacia blanqueaba la invasión al Paraguay de junio de 1965.
El Salto del Guairá nunca salió de los dominios del Paraguay. “El primer título que el Paraguay puede alegar es el del descubrimiento, fuente principal de las soberanías desde el punto de vista de la moral internacional. Los Saltos del Guairá fueron descubiertos al mismo tiempo que el resto del Paraguay. Las tierras en que ellos se despeñan y a las cuales dieran su nombre, fueron por primera vez visitadas por Alejo García en su fabuloso viaje desde el Atlántico hasta el Perú, hacia 1525. Alejo García, español y no portugués según las más modernas investigaciones, y tripulante que fue de una armada española, dio con su descubrimiento inicial derechos a la Corona de la cual dependía. Por lo demás, los Saltos como todas las zonas comarcanas, estaban ya dentro de la soberanía española que alcanzaba hasta la famosa Línea de Tordesillas pactada en 1494 para demarcar ambas jurisdicciones. Esa Línea … estaba a más de seis grados al Este de la zona de los Saltos. Cuando en las Capitulaciones de Don Pedro de Mendoza (1534) se instituyó legalmente la Provincia del Río de la Plata o Paraguay, la Corona señaló como frontera oriental de esta Gobernación la misma Línea de Tordesillas. De modo que al nacer la Provincia Gigante de Indias tenía muy dentro de sus tierras a los Saltos del Guairá” (Efraím Cardozo. Los derechos de Paraguay sobre los Saltos del Guairá, 1965).
A pesar de todo, no fueron suficientes los títulos para preservar de la ambición del Imperio de Brasil los derechos territoriales del Paraguay. Esta perenne codicia, al que se sumaba la avaricia de la Confederación Argentina, propició en 1857 el “Protocolo de entendimiento para la guerra contra el Paraguay. Argentina y Brasil”.
El escrito quedó formalizado por los plenipotenciarios de la Confederación Argentina, Santiago Derqui y Bernabé López y del Imperio de Brasil, José María da Silva Paranhos. Sus términos, que certificaban el despojo de sus tierras al Paraguay, fueron reproducidos en el Tratado Secreto de la Triple Alianza (Argentina, Brasil, Uruguay) del 1 de mayo de 1865.
La invasión del Imperio de Brasil al Estado Oriental del Uruguay, menospreciando la nota del Gobierno paraguayo del 30 de agosto de 1864, inflamó la mecha que precipitó la conflagración. Se sumaba a ello, la negativa del Gobierno argentino al tránsito de tropas paraguayas por Corrientes.
Estos acontecimientos dieron inicio al conflicto que finalizó el 1 de marzo de 1870.
Concluida la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, el Imperio de Brasil impuso al Paraguay el Tratado de Límites de 1872. Un nuevo trazado limítrofe que incorporaba en sus dominios posesiones paraguayas entre el río Apa, el río Blanco y la región del Amambay, más de 62.325 km2. Sin embargo, los nuevos límites no modificaron la soberanía paraguaya sobre el Salto del Guairá.
“¡Vae Victis! El Paraguay pagó su derrota. El Imperio aplicaba la dura ley del vencedor. Salían definitivamente del dominio paraguayo las dos provincias históricas del Guairá y del Itatin. Pasaban al poder del Imperio las tierras situadas al oriente del Paraná y al sud del Río Blanco. Ya nadie discutió si el Brasil tenía o no en ellas posesiones efectivas. La hora de los alegatos jurídicos había fenecido. Ahora la punta de la espada, aplicada sobre la garganta del país moribundo, arranca las fronteras” (Efraím Cardozo. Los derechos de Paraguay sobre los Saltos del Guairá, 1965).
El mismo autor señalaba que “El Tratado de Límites del 9 de enero de 1872 consagró los derechos del Paraguay al mantener los Saltos del Guairá en la misma situación en que ellos estaban en todo el transcurso de la historia. No hubo adjudicación al Brasil, ni partición, ni establecimiento de condominio”. También afirmaba: “Como accidente geográfico, que incluye no solo los Saltos sino también el embalse ocasionado por la Cordillera del Mbaracayú al interceptar el río Paraná, formó parte de la frontera, conservando su situación jurídica no modificada por el Tratado de 1872, como parte integrante de la soberanía territorial del Paraguay”.
Esta maravilla de la naturaleza de un asombroso potencial hidráulico estaba llamada por su magnitud a ser parte de la novel industria eléctrica. En efecto, una década después (1882) se había puesto en marcha en Appleton, Wisconsin, Estados Unidos la primera central hidroeléctrica del mundo para servicio comercial. Esta iniciativa, era el primer paso tecnológico que utilizaba el agua como fuente de energía eléctrica.
Posteriormente, la decisión para desarrollar el potencial energético del Salto quedó patente en el Tratado Complementario de Límites del 21 de mayo de 1927. El Tratado, que definía la región Occidental del Paraguay con Brasil en el tramo del río Paraguay, dio origen al Protocolo de 1930 bosquejado para incorporar bajo soberanía brasileña el Salto del Guairá.
El Protocolo Moreno-Mangabeira o protocolo de 1930, se puso en ejecución cuando el Paraguay estaba empeñado en la guerra del Chaco. Amparados en el protocolo, los demarcadores brasileños pretendieron convertir en hito un pilar de observación levantado en 1874 frente a la quinta caída. Posteriormente, presentaron un mapa en el que todas las cataratas del Salto aparecían como de exclusiva soberanía del Brasil. Sin embargo, el Tratado expresaba claramente que la frontera debía seguir las altas cumbres del Mbaracayú. Las altas cumbres pertenecen al ramal norte de la cordillera y dejaba la totalidad de los Saltos en territorio paraguayo. El mapa de 1874 señalaba como las altas cumbres al ramal sur del Mbaracayú. A todas luces era inaceptable la supremacía del mapa sobre el Tratado, un completo absurdo.
Los trabajos de la Comisión Mixta entre 1958-1963, establecieron fuera de toda duda que las altas cumbres del Mbaracayú son las del ramal norte.
En el hito 341/IV, a veinte kilómetros del Salto del Guairá, quedó detenida la demarcación que en su ramal norte deja todas las caídas del Salto en territorio paraguayo. La línea demarcatoria que va por el ramal sur, pretendida por Brasil, dejaría en territorio paraguayo el Salto del Guairá a partir de la quinta caída del Salto.
Ya en el año 1959, la Comisión mixta de límites paraguayo-brasileña, en base a levantamientos aerofotogramétrico, demostró científicamente que los Saltos del Guairá, en su totalidad, están en territorio paraguayo.
El 12 de marzo de 1962, la embajada paraguaya en Río de Janeiro, conforme a instrucciones del Gobierno nacional, protestaba por la noticia publicada en la prensa brasileña acerca de los trabajos para el aprovechamiento unilateral del Salto del Guairá.
A pesar de todas las razones técnicas y jurídicas, el Gobierno de Brasil en su nota del 19 de setiembre de 1962, declaraba que los Saltos están situados íntegramente entro del territorio brasileño. En sus fundamentos no figuraba para nada el Tratado de 1872.
En febrero de 1962, el Ministerio de Minas y Energía había contratado una oficina técnica dirigida por el ingeniero Octavio Marcondes Ferraz para la elaboración de un estudio sobre el aprovechamiento hidráulico del desnivel existente en las Siete Caídas. El 14 de diciembre del mismo año el Relatorio concluía “que la usina eléctrica sería desplazada hacía Puerto Méndez y las aguas del Paraná desviadas en un canal de 60 kilómetros de extensión … Los Saltos del Guairá desaparecerían como accidente hídrico, quedando solamente las rocas” (E. Cardozo. Los Derechos del Paraguay sobre los Saltos del Guairá, 1965).
Los mandatarios brasileños, desde entonces sabían que el Salto del Guairá debía ser hundido para efectivizar el proyecto de explotación del Paraná.
En ese menester, en junio de 1965, tropas del ejército brasileño invadían territorio paraguayo y ocupaban el Salto el Guairá. Todas las protestas paraguayas no tuvieron eco hasta que el Canciller norteamericano Dean Rusk tomó cartas en el asunto. Rusk forzó a una conferencia entre las partes en la que Paraguay reclamaba la desocupación militar de su territorio.
Brasil haciendo oídos sordos ante la demanda, se empeñaba en enfatizar la explotación hidroeléctrica del Río Paraná, para lo cual se hacía necesario el hundimiento de las cataratas en el lecho del Río Paraná. Todo ello, conforme a las recomendaciones del Relatorio de Marcondes Ferraz y demás técnicos brasileños que compartían dicha tesis. Por de pronto, el condominio del Salto, forzando una solución jurídica, era un hecho.
El Gobierno brasileño, una vez allanada la incómoda posición de invasor de territorio paraguayo, como copropietario del Salto conseguía disponer de esta maravilla de la naturaleza.
Como resultado del Acta Final de Foz de Yguazú del 22 de junio de 1966, que determinaba el condominio de las cataratas, el canciller Raúl Sapena Pastor abdicaba a favor del canciller brasileño Juracy Magalhaes la soberanía paraguaya sobre el Salto del Guairá, principal objetivo del proyecto hidroeléctrico brasileño. Conseguido dicho propósito, no quedó resuelto la cuestión limítrofe, mucho menos la explotación conjunta del emprendimiento que implicaba el precio justo por la energía cedida. La estafa estaba consumada.
Todavía en 1965, en nota del 14 de diciembre, el Canciller paraguayos mantenía la tesis paraguaya. Expresaba que “…estando (la zona ocupada por un destacamento militar del Brasil) al sur de la cumbre del Mbaracayú, es territorio paraguayo”.
Más tarde, el 21 de agosto de 1972, el Gobierno paraguayo dio un giro copernicano al variar abruptamente su posición afirmando “que el Paraguay no tiene una línea fronteriza conocida en la región del Salto del Guairá”.
La desocupación de territorio nacional, gestionada por el Canciller americano Dean Rusk, al que Itamaratí hizo pito catalán, nunca ocurrió. Recién fue efectivizada en el año 1982 como consecuencia de la formación del embalse de la represa Itaipú, unos 1.350 kilómetros cuadrados.
Durante la reunión bilateral, el Gobierno brasileño ya dejaba en claro en la tercera conclusión del Acta: “Proclamaron la disposición de sus respectivos Gobiernos de proceder, de común acuerdo, al estudio y valuación de la posibilidades económicas, en particular de los recursos hidráulicos, pertenecientes en condominio a los dos países, del Salto del Guairá o Salto Grande de las Siete Caídas”.
La entrega del Salto para la explotación del Río Paraná en beneficio de Brasil ocasionó al Paraguay un perjuicio monumental: el hundimiento de las cataratas del Salto, la selva Atlántica, la flora, la fauna y decenas localidades guaraníes. También hay que añadir al daño 580 kilómetros cuadrados de territorio inundado y la imposibilidad de navegar al norte del Río Paraná por el obstáculo de la represa. Un precio muy alto que postergó el progreso del país.
El 1 de abril de 1967, en su mensaje al Congreso, el Presidente de la República al referirse al tema expresó “El Acta Final de Foz de Yguazú suscrita por el Paraguay y el Brasil es una de las piezas fundamentales de la política exterior paraguaya. El Acta Final lograda por el Gobierno Nacional con una suma de energía y discreción, de decisión y paciencia, significa no solo un triunfo paraguayo, sino una victoria del derecho, un alto momento de la amistad, la compresión y la colaboración de dos pueblos americanos”.
Con este discurso, el primer magistrado de la nación hacía público la entrega a Brasil de la soberanía del Salto del Guairá.
Cabe señalar, que el Acta Final recién se publicó por la prensa el 21 de junio de 1973, luego de la firma Tratado de Itaipú, razón suficiente para explicar los devaneos en el Congreso del senador Carlos A. Saldívar y otros adláteres para justificar las bondades del Tratado de Itaipú.
Según “Memorias de Itaipú 2017”, entre 1985-2017, los pagos de Itaipú a Paraguay totalizaron US$ 9.867,1 millones. Una media anual de US$ 299 millones, que comparado con los ingresos anuales provenientes del turismo (construcción de hoteles, restaurantes, rutas, aeropuertos, farmacias, comercialización de artesanía, alquiler de taxis, guías, ventas de comidas, mozos, contratación de músicos, etc.) no son nada. Todo ello, a cambio de risibles compensaciones para incrementar el desarrollo brasileño a costa del bienestar paraguayo.
Derrame
El esperado derrame económico que provendría de Itaipú solo benefició al Brasil y a un ínfimo entorno de privilegiados en el Paraguay.
irrisoria
Por el derecho de adquisición del Tratado, ANDE se ve obligada a abastecer la margen izquierda con energía que no usa a cambio de una irrisoria compensación.
Usuario
Hasta 1986 la compensación pagaba Itaipú, luego el Tesoro brasileño y desde la presidencia de Temer, por una medida provisoria, el usuario...
Sacrificio
Itaipú no era viable sin la desaparición en el lecho del Paraná de las cataratas del Salto del Guairá, una nueva desmembración del Paraguay ...
Entrega
La entrega de los saltos del Guairá para la explotación del río Paraná en beneficio de Brasil le ocasionó al Paraguay un perjuicio monumental.
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