Pero aquí no hay solo dos partes. Hay cuatro, tres ganaron y una perdió. Las tres que ganaron son políticamente el vicepresidente, virtual precandidato a ocupar el Ejecutivo para el siguiente período gubernativo. Muchos aplauden porque terminó el paro. También ganaron los camioneros organizados corporativamente porque lograron un privilegio con un agregado: el acuerdo se refiere al costo operativo, pero falta algo más que figura en el proyecto de ley.
En efecto, dijeron los camioneros que también se les tiene que aprobar la ley que establece ¡sus utilidades en el 25%! Estamos entonces ante una tregua. Y la tercera parte que gana en todo esto es el partido Frente Guasu, la izquierda del país. Fueron sus senadores los que propusieron el proyecto de ley así como también incentivaron el paro en complicidad con los transportadores en diversos actos de violación a los derechos de terceros.
¿Y la cuarta parte? Pues es la que perdió y mucho. El pueblo. La gente trabajadora, la ciudadanía en general que vio afectado por semanas sus derechos de libre tránsito, de trabajo, de producción y comercialización. Se resolvió algo a sus espaldas. Estamos ante una flagrante violación del gobierno constitucional de la democracia republicana junto con la economía de mercado. Será el pueblo el que pagará a los que acordaron a sus espaldas.
Estado y grupos de presión
De las varias maneras que en la práctica una sociedad va deslizándose hacia la pérdida de sus instituciones, se encuentra el uso de la coerción ilegítima de parte de ciertos grupos para su beneficio en perjuicio de otros. Es la suma del interés político y el corporativismo. Estado y grupos de presión.
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Las disputas por la igualdad ante la ley, el voto, la representación popular, la misma economía de mercado impedida por grupos coaligados con el Estado y otros no han sido fáciles de lograr. Por tanto está bien hacer manifestaciones y es correcto peticionar a las autoridades cuestiones que están en nuestra Constitución.
El poder como la capacidad de hacer algo es hasta natural en las relaciones humanas, mientras sea consentido por las partes. Sin embargo, muy diferente sucede cuando el poder crece y empieza a afectar dañando la libertad y la propiedad de terceros.
Lo que conocemos como civilización es el resultado del orden político-económico de la libertad. Este fue el avance civilizador iniciado en Atenas hace dos mil quinientos años. Los griegos inventaron la democracia y mejor aún, la isonomía (cuestión poco conocida y estudiada porque esta fue anterior a la democracia), pues la igualdad ante la ley para toda clase de personas dio origen a la tradición denominada clásica, cuestión esta última que también está siendo relegada en los centros de estudios en general.
Desde luego que en todo tiempo y lugar no faltaron los déspotas que habiendo ingresado al seno del poder hicieron uso y abuso de prerrogativas. La sociedad del privilegio es detestable en cualquier lugar y época. Y si de la Grecia clásica hablo, pues no podría aquí en esta nota dejar de mencionar a Solón, famoso legislador ateniense considerado como uno de los precursores de la isonomía y la democracia, pues abolió las leyes sanguinarias de Dracón, de ahí lo de leyes dacronianas que hasta hoy se usan para expresar la severidad de ciertas medidas.
El pueblo
“El pueblo debe ser gobernado por normas preestablecidas”, decía Solón, lo que fue un gran paso, porque una legislación para todos y sin distingo era el primer paso hacia el gobierno republicano. Citemos igualmente a Pericles, quien promocionó las artes y la literatura convirtiendo a Atenas en el primer centro educacional y cultural de la Antigüedad. Afirmó que: “La ley no debe afectar a un solo individuo sino a todos los atenienses y la decisión del legislador no es particular sino general y previsora”.
Luego los romanos tomaron esa tradición. De este modo, para regular la convivencia del pueblo las Leyes de las Doce Tablas en la primera de ellas decía: “No se aprobará privilegio o estatuto alguno en favor de personas particulares, lo cual sería un perjuicio de otros y contrario a la ley...”. Desde luego no podría dejar de citar aquí los significativos aportes de Livio, Tácito y Cicerón.
Sobre este cimiento fecundo se fundó y creció en aquellos lugares la civilización occidental que adosado al resguardo a la propiedad y a la libertad de comercio, concitó el primer avance hacia el progreso en todos los órdenes. Nada fue fácil ni exento de errores y hasta de retrocesos. Infelizmente, con Justiniano y Constantino declinó esa tradición.
Aquellas preciosas ideas llevadas a la práctica fueron siendo relegadas al olvido. Y cuando las instituciones y propiedad fueron afectadas, la política fue concentrando más poder en el Estado. Destruida la República surgió el Imperio. La luz y gloria de Roma en realidad se debilitó desde su interior hasta desaparecer.
Pequeña isla
Luego de siglos en la Gran Bretaña, los ingleses entendieron desde un comienzo por intuición que el derecho de propiedad y de comercio libre eran derechos humanos. Sin propiedad no hay justicia, decían con razón.
Que la libertad y la propiedad fueran una cuestión de permiso de la autoridad no les caía nada bien. Y fue así que en el 1215, año de la Carta Magna, los barones obligaron al rey Juan a firmar el gran documento en el campo de Runnymede. Tampoco les fue fácil a los ingleses.
A la casa Tudor en su momento no les cayó en gracia ese documento. Luego y ya por el año 1689 un libro “Segundo tratado sobre el gobierno civil” publicado anónimamente (John Locke) habría de lograr junto con el escocés Adam Smith con “La Riqueza de las Naciones” (1776) una base tan firme y provechosa que logró pasar al otro lado del océano e instalarse en lo que después serían los Estados Unidos de América.
Abdicación y mal precedente
La reseña expresada, reitero, es a modo sintético la idea del título de esta nota. En Paraguay la supremacía constitucional de la que devienen las demás normativas como el Código Civil mencionan garantizando el derecho de tránsito, de contratar, de trabajar, sobre la libre concurrencia, la formación de los precios, de la igualdad, de las ganancias y sobre la autonomía de la voluntad.
Ningún acuerdo o ley que de una manera u otra viole o vulnere cualquiera de los citados elementos normativos de supremacía constitucional son válidos en nuestro orden jurídico económico, así como tampoco su violación puede crear “nuevos derechos”.
En caso que así suceda para dar lugar como una “solución” la solicitud o mejor dicho la imposición de los camioneros de establecer el costo operativo de sus actividades como de sus utilidades no es una solución, es el inicio del problema. No es como dice el vicepresidente de la República de que “estamos conversando para resolver juntos el problema y dar una solución definitiva”. Están en todo caso conversando y acordando ellos.
Estamos ante una abdicación de la Constitución dejando igualmente un mal precedente. Abdicación porque se logró por medio de la violencia y mal precedente porque basta entonces reunirse entre unos pocos para acordar privilegios, lo que implica que luego los mismos y otros pueden volver a conversar y acordar y así ellos y otros más cargando sobre los demás sus decisiones. La política y el corporativismo se unieron para dañar al pueblo, el que trabaja, invierte y produce.
Abdicar
Es una abdicación de la Constitución, dejando un mal precedente. Abdicar porque se logró por medio de la violencia y mal precedente.
Dañar
La política y el corporativismo se unieron para dañar al pueblo, el que trabaja, invierte y produce.
(*) Catedrático de materias jurídicas y económicas en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.