Agrega que si es que la persona ocupa una propiedad privada para instalarse “u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta diez años”. La promulgación se dio un día después de las violentas protestas frente a la sede del Congreso Nacional, en donde también el Gobierno anunció que se llegó a un acuerdo con los indígenas, consistente en que serán pasadas a nombre de sus comunidades las tierras que habitan y que les darán los títulos de propiedad respectivos, para que tengan la garantía de que nadie tocará sus posesiones. A cambio, los nativos aceptaron volver a sus hogares.

En Diputados el proyecto que eleva pena carcelaria contra invasores de inmuebles fue sancionado por 49 votos a favor por parte de cartistas, abdistas, patriaqueridistas y de cuatro liberales. Los diputados Roberto González (de Cordillera) y Hugo Ramírez (de Asunción), ambos de Colorado Añetete, además de la diputada de Alto Paraná, Roya Torres (PLRA), votaron en contra. En cambio, un grupo de 27 diputados, del PLRA y del PEN, decidieron retirarse de la sala para no dar legitimidad a la sanción, según dijeron, mientras que el legislador de Paraguarí Jorge Ávalos Mariño (PLRA) fue el único que se abstuvo.

El proyecto de ley ya contaba con media sanción del Senado y en Diputados fue aprobado por mayoría y posteriormente el Ejecutivo rápidamente promulgó.