Posteriormente, la decisión para desarrollar el potencial energético del Salto se puso en evidencia en el Tratado Complementario de Límites del 21 de mayo de 1927. El Tratado, que definía la Región Occidental del Paraguay con Brasil en el tramo del río Paraguay, dio origen al Protocolo de 1930, bosquejado para incorporar bajo soberanía brasileña el Salto del Guairá. El Salto, en territorio paraguayo, no podía ser explotado generando electricidad para las industrias brasileñas.
En efecto, el Protocolo Moreno-Mangabeira o protocolo de 1930, se puso en ejecución sin importar que el Paraguay estuviera empeñado en la Guerra del Chaco. Amparados en el documento, los demarcadores brasileños pretendieron convertir en hito un pilar de observación levantado en 1874 frente a la quinta caída. Posteriormente, presentaron un mapa en donde todas las cataratas del Salto aparecían como de exclusiva soberanía del Brasil.
Sin embargo, el Tratado expresaba claramente que la frontera debía seguir las altas cumbres del Mbaracayú. Las altas cumbres pertenecen al ramal norte de la cordillera, dejando la totalidad de los Saltos en territorio paraguayo. El mapa de 1874 señalaba como las altas cumbres al ramal sur del Mbaracayú. A todas luces era inaceptable la supremacía del mapa sobre el Tratado, un completo absurdo. Los trabajos de la Comisión Mixta entre 1958 y 1963 establecieron, fuera de toda duda, que las altas cumbres del Mbaracayú son las del ramal norte.
En el hito 341/IV, a veinte kilómetros del Salto del Guairá, quedó detenida la demarcación. En ese paraje se bifurca la cordillera en dos. En su ramal norte deja todas las caídas del Salto en territorio paraguayo. La línea que va por el ramal sur, pretendida por Brasil como límite, dejaría en territorio paraguayo las cataratas del Salto a partir de su quinta caída.
Ya en el año 1959, la Comisión mixta de límites paraguayo-brasileña, con base en levantamientos aerofotogramétricos, demostró científicamente que los Saltos del Guairá en su totalidad están en territorio paraguayo.
El 12 de marzo de 1962, la Embajada paraguaya en Río de Janeiro, conforme a instrucciones del Gobierno nacional, protestaba por la noticia publicada en la prensa brasileña acerca de los trabajos para el aprovechamiento unilateral del Salto del Guairá.
A pesar de todas las razones técnicas y jurídicas el Gobierno de Brasil (Joao Goulart) en su nota del 19 de setiembre de 1962, declaraba que los Saltos están situados íntegramente dentro del territorio brasileño. En sus fundamentos no figuraba para nada el Tratado de 1872.
Ya en febrero de 1962, el Ministerio de Minas y Energía del Gobierno de Goulart había contratado una oficina técnica, dirigida por el ingeniero Octavio Marcondes Ferraz para la elaboración de un estudio sobre el aprovechamiento hidráulico del desnivel existente en las Siete Caídas. El 14 de diciembre del mismo año, el Relatorio concluía “que la usina eléctrica sería desplazada hacia Puerto Méndez y las aguas del Paraná desviadas en un canal de 60 kilómetros de extensión Los Saltos del Guairá desaparecerían como accidente hídrico, quedando solamente las rocas” (E. Cardozo. Los Derechos del Paraguay sobre los Saltos del Guairá, 1965).
El mandatario brasileño, desde entonces, sabía que el Salto del Guairá debía ser hundido para efectivizar el proyecto de explotación del río Paraná. Sería el corolario de un mandato exitoso; no obstante, cabe inferir que la reunión con el mandatario paraguayo en enero de 1964 en “Tres Marías”, estancia de Goulart en el Mato Grosso de Sur, tenía como objetivo –a instancias de Itamaraty– conseguir por vía diplomática el condominio del Salto del Guairá y su posterior inmersión en el lecho del río Paraná.
Decía Goulart, por boca de sus mensajeros enviados a Asunción “que ni una sola estaca” se pondría en el futuro emprendimiento sin anuencia del Gobierno paraguayo. El presidente paraguayo, que le seguía el juego a Goulart, desde 1959 tenía conocimiento de la soberanía paraguaya sobre la totalidad del Salto del Guairá. También no le resultaba extraño el proyecto brasileño de explotación del río Paraná.
Destituido el presidente brasileño por un golpe de Estado en marzo de 1964, antes de lograr su hábil propósito diplomático (el condominio del Salto), el Gobierno militar brasileño decidió, en junio de 1965, desconociendo el pacto de “Tres Marías”, invadir territorio paraguayo con el fin de incorporar a su soberanía las cataratas del Salto el Guairá.
Todas las protestas paraguayas no tuvieron eco hasta que el canciller norteamericano Dean Rusk tomó cartas en el asunto.
Rusk, jefe del departamento de Estado de John F. Kennedy, participó activamente durante la crisis de los misiles. Más tarde, en el mismo cargo se desempeñó con el presidente Lyndon B. Johnson.
La guerra de Vietnam, la intervención de la Fuerza Interamericana de Paz en Santo Domingo, República Dominicana (EE.UU., Brasil, Paraguay, Honduras, policías de Costa Rica), la consolidación del régimen comunista en Cuba, eran cuestiones graves que quebrantaba la seguridad estadounidense.
Se sumaba a ello una sorpresa: la insólita invasión de Brasil al Paraguay, en junio de 1965, dos aliados componentes de la Fuerza Interamericana de Paz.
En mayo de 1966, Dean Rusk visitó brevemente Asunción para escuchar los reclamos del Gobierno sobre la invasión de territorio paraguayo. El resultado, aunque poco auspicioso, se tradujo en la conferencia que originó el Acta Final de Foz de Yguazú del 22 de junio del mismo año.
El Gobierno paraguayo insistía en el traslado fuera de su territorio de la tropa de ocupación. No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Juracy Magalhaes, haciendo oídos sordos al pedido del ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Raúl Sapena Pastor, seguía empeñado en enfatizar la explotación hidroeléctrica del río Paraná y el consecuente hundimiento de las cataratas del Salto como una solución al problema de límites. Todo ello, en sintonía a las recomendaciones del Relatorio de Marcondes Ferraz y demás técnicos brasileños.
Finalmente, por el Acta Final quedó establecido el condominio del Salto del Guairá. Los demás puntos acordados en el Acta Final fueron ignorados en el Tratado de Itaipú de 1973. Se repetía la historia: el intercambio de objetos entre españoles y nativos americanos, que a cambio de baratijas entregaron oro, joyas y bienes preciados.
Así, el canciller Raúl Sapena Pastor, quien tolerara amenazas de una nueva guerra, resignaba a favor del canciller brasileño Juracy Magalhaes la soberanía paraguaya sobre el Salto del Guairá, principal objetivo del proyecto hidroeléctrico brasileño. Conseguido el condominio de las cataratas del Salto, quedó sin resolver la cuestión de límites, el traslado fuera de territorio paraguayo de las tropas brasileñas de ocupación, mucho menos la explotación conjunta del emprendimiento que implicaba el precio justo por la energía cedida. La estafa estaba consumada.
Todavía en 1965, en nota del 14 de diciembre, el canciller paraguayo mantenía la tesis paraguaya. Expresaba que “…estando (la zona ocupada por un destacamento militar del Brasil) al sur de la cumbre del Mbaracayú, es territorio paraguayo”.
Más tarde, el 21 de agosto de 1972, el Gobierno paraguayo dio un giro copernicano al variar abruptamente su posición afirmando “que el Paraguay no tiene una línea fronteriza conocida en la región del Salto del Guairá”.
A la salida de los invasores, promovido por el canciller americano Dean Rusk, Itamaraty le hizo pito catalán, nunca ocurrió. Recién fue efectivizada en el año 1982 como consecuencia de la formación del embalse de la represa Itaipú, de unos 1.350 kilómetros cuadrados.
Cabe señalar que el Acta Final, en su tercera conclusión, entregaba al Gobierno brasileño la copropiedad del Salto del Guairá: “Proclamaron la disposición de sus respectivos Gobiernos de proceder, de común acuerdo, al estudio y valuación de la posibilidades económicas, en particular de los recursos hidráulicos, pertenecientes en condominio a los dos países, del Salto del Guairá o Salto Grande de las Siete Caídas”.
La entrega del Salto para la explotación del río Paraná, en beneficio exclusivo de Brasil, ocasionó al Paraguay un perjuicio monumental: el hundimiento de las cataratas del Salto, la selva Atlántica, la flora, la fauna y decenas de localidades guaraníes. También hay que añadir al daño 580 kilómetros cuadrados de territorio inundado y la imposibilidad de navegar al norte del río Paraná por el obstáculo de la represa. Un precio muy alto que postergó el progreso del país.
El 1 de abril de 1967, en su mensaje al Congreso, el Presidente de la República, al referirse al tema expresó: “El Acta Final de Foz de Yguazú suscrita por el Paraguay y el Brasil es una de las piezas fundamentales de la política exterior paraguaya. El Acta Final lograda por el Gobierno Nacional con una suma de energía y discreción, de decisión y paciencia, significa no solo un triunfo paraguayo, sino una victoria del derecho, un alto momento de la amistad, la compresión y la colaboración de dos pueblos americanos”.
Con este discurso, el primer magistrado de la nación hacía pública la entrega a Brasil de la soberanía del Salto del Guairá.
Cabe señalar, que el Acta Final recién se publicó por la prensa el 21 de junio de 1973, luego de la firma del Tratado de Itaipú, razón suficiente para explicar los devaneos en el Congreso del senador Carlos A. Saldívar y otros adláteres para justificar las bondades del Tratado de Itaipú.
Según “Memorias de Itaipú 2017″, entre 1985 y 2017, los pagos de Itaipú a Paraguay totalizaron US$ 9.867,1 millones. Una media anual de US$ 299 millones, que comparada con los ingresos anuales provenientes del turismo (construcción de hoteles, restaurantes, rutas, aeropuertos, farmacias, comercialización de artesanía, alquiler de taxis, guías, ventas de comidas, mozos, contratación de músicos, etc.) no son nada. Todo ello, a cambio de risibles compensaciones para incrementar el desarrollo brasileño a costa del bienestar paraguayo.
Sin eco
Todas las protestas paraguayas no tuvieron eco hasta que el canciller norteamericano Dean Rusk tomó cartas en el asunto.
(*) juanantoniopozzo@gmail.com. Entre 2010 y 2018 autor de Itaipú la Apropiación Indebida; Itaipú, una victoria bien brasileña; Itaipú, memoria de un fraude; Itaipú, crónica de un despojo; Itaipú ¿Asociación ilícita para delinquir?; Breves apuntes sobre los derechos del Paraguay en Itaipú.