En julio del año pasado, Francisco Pérez, representante del Consorcio Comitia MSA, remitió una nota al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para designar a diez personas que actuarían en nombre de la firma en la luego cancelada licitación para la compra de 28.000 máquinas de votación. Del listado, dos nombres evidenciaron la vinculación de la empresa con el Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez.
Se trata de los abogados Pablo Debuchy y Franco Boccia. Ambos profesionales están vinculados al estudio jurídico de Eduardo Gross Brown, quien a su vez se desempeña como director suplente de Ueno Bank y otras firmas del Grupo Vázquez. Debuchy, de hecho, fungió como síndico titular de Ueno Bank y del Grupo Vázquez hasta 2023, según los registros oficiales.
Por su parte, Franco Boccia Gómez es hijo de Franklin Boccia, presidente de Ueno Seguros SA, otra de las unidades de negocio del grupo empresarial. Franklin Boccia es, además, hijastro de la senadora liberal Celeste Amarilla, viuda del político Franklin “Anki” Boccia.
Bajo investigación
El Consorcio Comitia MSA quedó fuera de la primera licitación al ser descalificado por alterar sustancialmente la muestra presentada con su oferta: reemplazaron la pantalla de una de las cinco máquinas en plena prueba técnica para “burlar” la evaluación. La maniobra quedó plasmada en la página 153 del informe del Comité de Evaluación del TSJE.
El 15 de julio de 2025, Comitia MSA entregó dos cajas: una con baterías y otra con “accesorios”, esta última debidamente lacrada. Dos días después, al abrir el contenedor de accesorios para las pruebas técnicas, apareció una máquina de votación adicional que no había sido solicitada. El consorcio alegó que se trataba de una simple “carcasa” para trasladar una pantalla.
Sin embargo, tras obtener el permiso para llevar el supuesto accesorio al área de pruebas, los representantes aprovecharon para reemplazar la pantalla de una de las cinco máquinas entregadas originalmente en mayo de 2025, dos meses antes.
El Comité de Evaluación dejó constancia de la acción indebida de Comitia MSA frente a sus competidores. A pesar de la gravedad del hallazgo, el TSJE omitió las sanciones: no presentó denuncias ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), no ejecutó la póliza de fiel cumplimiento –pese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC)– y procedió a cambiar las reglas de juego en un nuevo llamado para entregarle un contrato de casi US$ 35 millones por el alquiler de los equipos.
Elementos suficientes
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la DNCP fue contundente en su dictamen del 16 de abril último. Tras una denuncia de terceros, concluyó que el reemplazo de la pantalla “habría tenido aptitud para incidir en la apreciación técnica del comité”.
Ante la gravedad del hecho, el dictamen recomendó remitir el caso al Departamento de Sumarios para determinar la responsabilidad administrativa de Comitia MSA, bajo el marco de la Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas.
Requisitos “flexibles”
A pesar de los hechos documentados por sus propios integrantes del Comité de Evaluación, el TSJE lanzó inmediatamente una segunda licitación, esta vez para el arrendamiento de 18.000 máquinas de votación.
Para esta nueva convocatoria, la propia Justicia Electoral reconoció haber “flexibilizado” los requisitos técnicos. Casualmente, el proceso terminó favoreciendo al Consorcio Comitia MSA, el mismo que había sido descalificado en el llamado de compra por el intento de fraude.