Esta situación genera desigualdades y pobreza de tiempo con respecto a los varones, provocando que las mujeres pierdan oportunidades de participar en los diversos ámbitos de la vida pública y desarrollar sus proyectos de vida.
Como consecuencia, las mujeres enfrentan mayores barreras para participar plenamente de las oportunidades del trabajo remunerado. Las evidencias señalan que el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados es el principal obstáculo para la participación plena de las mujeres en el mercado laboral.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), alrededor de un 60% de las mujeres en hogares con presencia de niños y niñas menores de 15 años declara no participar en el mercado laboral por atender responsabilidades en los hogares, mientras que en hogares sin presencia de niños y niñas del mismo tramo esta cifra se acerca a un 18%.
Esta desigualdad es estructural y tiene consecuencias no solo en el plano de las posibilidades individuales de alcanzar la autonomía económica y el desarrollo personal de las mujeres, sino que tiene además consecuencias en el funcionamiento de la sociedad, que pierde parte del talento y potencial de las mismas.
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Asimismo, en América Latina hay entre 11 y 18 millones de personas que se desempeñan como trabajadores domésticos: de ellas, 93% son mujeres. Este supone entre el 10,5% y 14,3% del empleo de las mujeres en la región.
El 77,5% de las mujeres empleadas en trabajo doméstico operan en la informalidad y sus ingresos son iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas. Hay una clara desvalorización de este tipo de trabajo.
Al hablar de cuidados en Paraguay, se atribuye directamente dicha labor a las mujeres, considerada incluso como una cuestión histórica e inserta en la cultura nacional, donde por el solo hecho de ser mujeres, las mismas deben necesariamente hacerse cargo de los hijos, de los quehaceres del hogar, cuidado de adultos y demás tareas que “tradicionalmente” ningún hombre puede realizar, como si se tratase de un contrato unilateral suscrito implícitamente con la sociedad, que enaltece la figura del hombre que se capacita y trabaja dejando el cuidado del hogar y los hijos a las mujeres, pero que ataca a aquellas que tratan de emular estas acciones, bajo el argumento de que no pueden descuidar las tareas de cuidado y por ende no pueden estudiar o trabajar a la par.
A pesar de que existen normas, incluso constitucionales que abordan la igualdad entre el hombre y la mujer, como el previsto en el artículo 48 de la Constitución Nacional que establece: “El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional” y, el artículo 89 que dispone: “Los trabajadores de uno y otro sexo tienen los mismos derechos y obligaciones laborales, pero la maternidad será objeto de especial protección…”.
La principal falencia en nuestra sociedad radica en las normas de forma, ya que son actualmente insuficientes e ineficaces, manteniéndose la tradición del cuidado a cargo de las mujeres y de la promoción de trabajos informales a los cuales las mismas deben acceder para no afectar el “empleo” que la propia sociedad les ha impuesto históricamente.
Ingresos
El 77,5% de las mujeres empleadas en trabajo doméstico en A. Latina operan en informalidad y sus ingresos son iguales o inferiores al 50% del promedio de personas ocupadas.
Violencia
Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
(*) Abogada laboralista.