El Banco Mundial identificó la corrupción como el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social. Según el mismo, en el Paraguay los hogares más pobres se ven obligados a pagar cerca del 13% de sus ingresos en coimas, el doble que los hogares más ricos. De acuerdo con las Naciones Unidas, en el mundo se paga cada año US$ 1 billón en sobornos y se roban US$ 2,6 billones por medio de la corrupción, que en conjunto representa el 5% del PIB mundial anual. Esto significa que, con la actual proyección del Fondo Monetario Internacional del Producto Interno Bruto (PIB) mundial de US$ 117,2 billones calculado para 2025, la corrupción generaría una pérdida global de nada menos que US$ 5,86 billones.
Estudios realizados en 2005 por Axel Dreher, del Instituto Económico de Thurgau, Suiza, y la Universidad de Constanza, Alemania, junto con Thomas Herzfeld, de la Universidad de Kiel, Alemania, encontraron que en el Paraguay un empeoramiento en la corrupción de aproximadamente un punto en el índice en la Guía Internacional de Riesgo País reduce el crecimiento anual del PIB en 0,20 puntos porcentuales, mientras el PIB per cápita cae en US$ 646 (en dólares constantes de 1995) anuales. Estos resultados representan los efectos totales de la corrupción.
Más recientemente, en el año 2022, la revista Review of Development Economics, utilizando el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (IPC), demostró que para América Latina los efectos de la corrupción en el desarrollo de la región equivalen a una reducción de 3,05% en el crecimiento de la economía, y la cifra nada despreciable del 12,2% en el PIB per cápita.
En cuanto a la IED en el Paraguay, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde 2008 el flujo ha sido equivalente a 1,8% del PIB en promedio (aunque el 2024 cerró en 0,9%), muy por debajo del promedio latinoamericano de 3,3%. El estudio indica que el Paraguay tiene un 25% menos de probabilidades de ser elegido país de destino de la IED, comparado con naciones similares pero con mejor percepción de sus instituciones (corrupción e independencia del Poder Judicial). El resultado demostró que este efecto para el Paraguay está fuertemente relacionado con la calidad de sus instituciones y concluye que “mejoras moderadas en sus puntajes de calidad institucional colocarían a Paraguay al nivel de Costa Rica, Perú, Panamá y Guatemala, y tendrían un impacto considerable en su competitividad para captar la atención de los inversionistas”.
Esto es así, según el mismo estudio del BID, porque los inversores asignan una importancia de 40% a las variables institucionales para la elección del país de destino de sus inversiones. Un incremento en la percepción de corrupción en el país disminuye la probabilidad de inversión en 6,5%.
Nuestro gobierno ha basado su estrategia para captar inversiones en la estabilidad económica y en exenciones impositivas cada vez más onerosas para las cargas del Estado, dejando de lado la búsqueda de mayor integridad y eficiencia de sus instituciones. Estas exenciones impositivas, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) representaron en promedio el 1,4% del PIB en el periodo 2020-2024.
No obstante, aún con este elemento adicional no se alcanzaría a cumplir con las necesidades en materia de salud, educación, protección social e infraestructura, entre otros. Para ello, también deberíamos mejorar los ingresos tributarios, que representan en torno al 75% de los ingresos del Estado. En general, la presión tributaria del Paraguay representa el 11,4% del PIB, según la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mientras que el promedio Latinoamericano se sitúa en 21,3%, conforme datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Por otro lado, existe una importante evasión fiscal. Según estudios realizados por la Unión Europea, la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se encuentra entre el 30-36%, en tanto que para el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) estaría entre el 40-45%. Estas cifras son muy significativas si se tiene en cuenta que el IVA es la principal fuente de recaudación de los ingresos tributarios del país con una participación del 51,2% sobre el total, seguido del IRE con el 21,8%. A esto hay que añadir la baja ejecución presupuestaria, que como máximo solo alcanza el 80%, e incluso en el 2025 no llegó al 70%.
La baja recaudación impositiva y la baja ejecución presupuestaria reducen las posibilidades de cumplir con necesidades básicas que debe proveer el Estado, como la educación y la salud. En la educación la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) recomienda destinar el 7% del PIB; el Paraguay solo aplica el 3,4%, cuando el promedio de América Latina está en torno al 4%. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud insta destinar el 6% del PIB a la salud pública a fin de garantizar un sistema eficiente y equitativo. El Paraguay asignó a este sector el 3% del PIB en el año 2025, mientras el promedio de América Latina estuvo alrededor del 4,4% del PIB.
En consecuencia, si los paraguayos queremos una sociedad más justa y desarrollada, es indispensable que el Estado trabaje en la reducción sustancial del clientelismo, la independencia del Poder Judicial y otras variables institucionales, pero que también realice más esfuerzos en la ejecución presupuestaria y se decida a un aumento significativo de la presión tributaria.
Paralelamente, es indispensable que los ciudadanos cumplamos con nuestras obligaciones fiscales, de formalización y responsabilidad cívica. Así, un nuevo contrato social nos llevaría hacia la senda de desarrollo que todos queremos ver un día en el Paraguay.
Búsqueda de integridad
Gobierno basó su estrategia para captar inversiones en la estabilidad económica y en exenciones impositivas, dejando de lado la búsqueda de más integridad y eficiencia de sus instituciones.
Baja del clientelismo
Si queremos una sociedad más justa y desarrollada, es indispensable que el Estado trabaje en la baja sustancial del clientelismo, la independencia del Poder Judicial y otras variables institucionales.
(*) Economista; exdirectora general de política industrial del MIC; maestría en Economía, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica; maestría en Políticas Públicas, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires.