En el plano político es frecuente escuchar propuestas de incrementos del 25% o del 30% del salario mínimo. Sin embargo, quienes formulan esas promesas suelen reconocer, cuando ocupan cargos de responsabilidad, que tales aumentos son inviables. La razón es sencilla: el salario real no depende de una decisión administrativa ni de un decreto. Si así fuera, bastaría con incrementar los salarios por ley para que toda la población mejorara automáticamente su nivel de vida.
La fijación del salario mínimo se ha convertido, en gran medida, en un ritual institucional que se repite por tradición. Sin embargo, el verdadero nivel de los salarios está determinado por la productividad de la economía, y esta, a su vez, depende del grado de capitalización de un país
Según las Penn World Tables (documents1.worldbank.org), Dinamarca tiene una capitalización muy alta, con un stock de capital estimado entre el 350% y 400% de su PIB. Por su lado, Brasil, posee una capitalización moderada, con un stock de capital estimado entre el 250% y 290% de su PIB. Y Paraguay registra una capitalización baja pero en rápido crecimiento, con un stock de capital estimado entre el 180% y 220% de su PIB. Cabe destacarse que dentro del stock de capital del país se incluyen las hidroeléctricas, que tienen un peso significativo –en relación al tamaño de nuestra economía– en la elaboración de los datos.
Si comparamos estos tres países, vemos que tienen notables diferencias en su salud, educación y nivel de vida en general y que esa diferencia es proporcional a su grado de capitalización.
La diferencia puede ilustrarse con un ejemplo sencillo. Un campesino que trabaja con un arado tirado por bueyes producirá una cantidad limitada de cereales. Ese mismo trabajador, utilizando un tractor equipado con tecnología satelital, podrá producir varias decenas de veces más. La diferencia entre ambos ingresos no radica en una decisión gubernamental, sino en la cantidad de capital –maquinaria, tecnología, infraestructura y conocimiento– que complementa el trabajo humano.
Por ello, pretender resolver el problema de los bajos salarios únicamente mediante decretos constituye una simplificación que ignora las causas económicas que los determinan.
En este contexto, algunas organizaciones sindicales, como la Corriente Clasista y Combativa, calificaron el aumento del 5% como una “estafa” y acusaron al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Trabajo y a las dirigencias sindicales de haber actuado sin un debate abierto, democrático y transparente.
Más allá de la legitimidad de sus reclamos, resulta llamativo que una organización adopte una definición explícitamente “clasista y combativa”.
En una sociedad democrática, la idea de promover la confrontación entre clases sociales difícilmente contribuya a resolver los problemas económicos. La experiencia internacional muestra que los países que generan mayores niveles de bienestar no lo hacen enfrentando sistemáticamente a trabajadores y empresarios, sino creando condiciones para que existan más inversiones, más empresas y, en consecuencia, más empleos productivos.
La pobreza no suele ser consecuencia de la existencia de empresarios; por el contrario, las economías más pobres son precisamente aquellas donde escasean la inversión privada, la iniciativa empresarial y la creación de riqueza. Basta observar la situación económica de países como Cuba, Venezuela o Nicaragua para comprender que la ausencia de un sector privado dinámico no conduce a salarios más altos ni a mejores condiciones de vida.
También el Conasam (Consejo Nacional de Salarios Mínimos) cuestionó la falta de acuerdo para definir el porcentaje del aumento y criticó el carácter autoritario del mecanismo de fijación del salario mínimo. En cierto sentido, esa observación es correcta: Establecer por decreto cuánto debe pagar un empleador implica una intervención directa del Estado en un acuerdo entre dos personas que, en muchas circunstancias, podrían pactar libremente otras condiciones.
Un pequeño negocio, un puesto del Mercado 4, o un copetín, tal vez no pueda pagar un salario de G. 3.000.000 y hay trabajadores dispuestos a aceptar un salario inicial menor con tal de acceder a un empleo y adquirir experiencia. Sin embargo, la legislación impide ese acuerdo voluntario y sanciona al empleador que lo celebre, aún cuando ambas partes estén de acuerdo.
Resulta curioso que algunos sectores reclamen un debate democrático para fijar el salario mínimo, pero no propongan procedimientos similares para determinar el precio del pan, la leche, el tomate o la carne. Nadie imagina una asamblea nacional destinada a decidir cuánto debe costar cada uno de esos productos, porque se entiende que sus precios surgen del funcionamiento del mercado.
Sin embargo, cuando se trata del salario, suele aceptarse una lógica distinta, muchas veces impulsada por incentivos políticos y discursos de carácter demagógico.
El salario sostenible no puede desvincularse de la productividad. Cuanto mayor sea la inversión en capital físico, tecnología, educación e infraestructura, mayor será la capacidad de producir riqueza y, en consecuencia, mayores serán también los salarios reales.
Si el objetivo es mejorar de manera permanente el nivel de vida de los trabajadores, el camino no consiste en profundizar la confrontación entre clases sociales ni en enfrentar a quienes generan empleo. La verdadera solución pasa por construir una economía capaz de atraer inversiones, aumentar la productividad y multiplicar las oportunidades laborales. Solo una sociedad que produce más riqueza puede sostener salarios más elevados de manera genuina y duradera.