Este había sido uno de los principales puntos abordados por el economista Manuel Ferreira tras una reunión mantenida con el presidente del IPS, Isaías Fretes, y asesores de la institución. Su planteamiento se concentra en revisar activos que la institución ya posee y las obligaciones existentes entre sus propios fondos, con el objetivo de encontrar una alternativa interna que permita generar liquidez para salud sin recurrir, inicialmente, a recursos adicionales externos.
Uno de los ejemplos más relevantes corresponde a las tierras que posee el IPS en el Chaco. De hecho, el ente dispone de alrededor de 254.000 hectáreas en esa zona. Estos inmuebles tienen su origen, en parte, en pagos realizados décadas atrás por empresas que no contaban con liquidez suficiente para cancelar sus obligaciones obrero-patronales y entregaron tierras a la institución.
El punto crítico no se limita al tamaño de ese patrimonio, al considerar que estos activos fueron asignados al Fondo Jubilatorio, pese a que provenían del pago de los aportes obrero-patronales que debían distribuirse proporcionalmente entre los diferentes fondos. La distribución mencionada corresponde a 54% para el Fondo Jubilatorio, 40% para el Fondo de Salud y aproximadamente 6% para Administración. Bajo este razonamiento, existiría una obligación interna del Fondo Jubilatorio con los otros fondos del IPS que todavía debería determinarse con exactitud.
Si se utiliza como referencia el 40% correspondiente al Fondo de Salud, la participación sobre unas 250.000 hectáreas representaría aproximadamente 100.000 hectáreas. Sin embargo, transferir esa cantidad de tierras al Fondo de Salud no solucionaría por sí mismo sus necesidades financieras. Un terreno puede representar un activo patrimonial importante, pero no equivale a disponer inmediatamente del efectivo necesario para financiar remedios o cubrir obligaciones.
Es en este punto donde aparece el Hospital Central como una de las alternativas planteadas. Es de recordar que el hospital fue construido con recursos del Fondo de Salud, mientras que el inmueble pertenece al Fondo Jubilatorio. Ante esta situación, se podría analizar una compensación interna que permita al Fondo de Salud recibir un activo de mayor utilidad dentro de una reorganización entre los fondos.
A modo de ejemplo, una operación por US$ 100 millones relacionada con el Hospital Central. El Fondo de Salud podría recibir el inmueble como compensación y posteriormente venderlo al Fondo Jubilatorio. Este último podría adquirirlo con parte de los recursos que actualmente mantiene en el sistema financiero y, posteriormente, obtener una renta por el uso del inmueble.
Los US$ 100 millones no constituyen una valuación establecida del Hospital Central ni el monto definido de una eventual operación. El propio Ferreira aclaró durante su exposición que utilizaba un número hipotético para explicar el funcionamiento de la propuesta. Lo mismo ocurre con una eventual rentabilidad de 9,1%, utilizada solamente como ejemplo de una tasa que podría considerarse para estructurar una operación.
La propuesta adquiere relevancia adicional. El Fondo Jubilatorio debe reducir en 10% sus activos colocados dentro del sistema financiero, lo que representaría aproximadamente entre US$ 200 millones y US$ 220 millones. Esto obliga al fondo a buscar otras alternativas para colocar una parte de sus recursos. Desde la lógica presentada, la operación permitiría atender dos necesidades dentro del Instituto de Previsión Social.
Por un lado, el Fondo Jubilatorio podría sustituir parte de sus colocaciones financieras por un inmueble capaz de generar un retorno. Por otro, el Fondo de Salud podría obtener liquidez a partir de activos que ya pertenecen a la previsional.
En el ejemplo desarrollado, los US$ 100 millones que recibiría el Fondo de Salud podrían utilizarse para adelantar pagos de las obligaciones que mantiene o para adquirir medicamentos. La principal característica del planteamiento es que no requiere, en principio, incorporar dinero adicional al IPS, sino reorganizar internamente activos y recursos que ya forman parte de la institución. Sin embargo, desde una lectura económica de la propuesta, su eventual implementación exigiría determinar con precisión cuánto valen los activos involucrados, cuál es el monto efectivo de las obligaciones entre los fondos y qué condiciones deberían aplicarse a cualquier operación de compra, venta o alquiler.
La precisión resulta particularmente importante porque una reorganización patrimonial dentro del IPS no incorpora por sí misma nuevos recursos a la institución. Lo que hace es intentar convertir determinados activos en liquidez y redistribuir recursos entre fondos, por lo que el beneficio dependerá de que las operaciones permitan mejorar la posición de cada uno sin generar un desequilibrio adicional.
El planteamiento de Ferreira también alcanza a la deuda del Estado con el IPS. En este caso, la posibilidad de considerar inmuebles estatales como parte de los mecanismos de pago y mencionó como ejemplos el predio donde funcionaba la cárcel del Buen Pastor, de aproximadamente 9 hectáreas, y el ex Hospital de Clínicas, con unas 8 hectáreas. El objetivo sería que los bienes transferidos tengan capacidad para generar retornos para la previsional.
La propuesta pone así en discusión un problema que va más allá de la falta coyuntural de medicamentos. La institución cuenta con tierras, edificios y recursos colocados en el sistema financiero, pero la existencia de patrimonio no garantiza que este se encuentre distribuido o utilizado de la forma más adecuada para responder a las necesidades de cada fondo.
La propuesta se presenta como una posible salida de corto plazo para generar recursos para salud y, particularmente, contribuir a resolver el problema de medicamentos, aclarando que una sola medida no solucionará todos los problemas del IPS, por lo que posteriormente deberán considerarse otras acciones.
El debate que abre esta propuesta es, por tanto, más amplio y resulta positivo que comiencen a plantearse alternativas orientadas a aprovechar de manera más eficiente el patrimonio del Instituto de Previsión Social. Una institución que cuenta con unas 254.000 hectáreas en el Chaco, numerosos inmuebles y una importante exposición al sistema financiero dispone de activos que pueden convertirse en herramientas para atender necesidades concretas. En este sentido, revisar qué bienes existen, a qué fondo corresponden y qué capacidad tienen para generar recursos constituye un paso relevante para identificar soluciones dentro de la propia estructura del IPS.
La posibilidad de convertir parte de ese patrimonio en liquidez representa una alternativa que merece ser analizada, especialmente ante las necesidades del fondo de salud. El planteamiento abre una vía para ordenar y aprovechar activos que ya pertenecen a la institución, sin depender exclusivamente de nuevas fuentes de financiamiento. A partir de valuaciones y definiciones más precisas, este tipo de mecanismos podría contribuir a generar recursos en el corto plazo y, al mismo tiempo, promover una gestión más activa y eficiente del patrimonio de la previsional.
Tierras en el Chaco
El IPS posee tierras en el Chaco de alrededor de 254.000 hectáreas. Estos inmuebles tienen su origen en pagos de empresas que no contaban con liquidez.
Convertir en liquidez
La posibilidad de convertir parte de este patrimonio en liquidez representa una opción que merece ser analizada ante necesidades del fondo de salud.
