La última semana se reunieron representantes de Atome con la ANDE, pero ni la empresa ni la estatal hablaron de resultados, si es que hubo reunión.
Atome PLC, la firma británica detrás del proyecto de hidrógeno y fertilizantes verdes en Villeta, notificó al Estado paraguayo su intención de iniciar un arbitraje ante el CIADI. El comunicado es del 17 de setiembre de 2026 e inicia un plazo de tres meses para negociar. Habla de una inversión de US$ 1.000 millones.
Conflicto gira en torno a la tarifa
Atome firmó con la ANDE en 2022 un contrato de suministro bajo el Pliego de Tarifas N° 21, en enero de 2026, los decretos 5306 y 5307 crearon un régimen especial para industrias “convergentes”, entre ellas la de Atome, pero ambos fueron derogados después. La empresa insiste en un contrato de compraventa de largo plazo (PPA) de 15 años, con una tarifa de US$ 30/MWh.
En el Congreso, el presidente de la ANDE, Miguel Báez, sostuvo que el de Atome “no es un problema legal, es un problema comercial”. Añadió que la empresa modificó tres veces, con adendas, la fecha de inicio (prevista para el 1 de enero de 2025) y la potencia reservada (de 60 a 145 MW), y que en agosto de 2026 pidió postergarlo al 2029.
Según Báez, en Villeta “no tiene nada construido”. Si no acuerda una nueva adenda antes del 30 de setiembre, deberá presentar una póliza de garantía o la ANDE anulará el contrato. El asesor legal de Atome, Jorge Gross Brown, habló de los cuestionamientos y de lo manifestado por el expresidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa.
–¿Atome firmó algún contrato o acuerdo con el Gobierno en el marco de los decretos que después fueron derogados?
–El reclamo ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), uno de los tribunales arbitrales más reputados del mundo, no depende de que se haya firmado o no un contrato. Es muy importante entender eso, porque mucha gente dice: “La empresa no firmó un contrato con la ANDE ni con el Gobierno, y por eso no tiene derecho a reclamar”.
–El Ing. Sosa dijo que la empresa no tiene nada que reclamarle a la ANDE.
–Lo vi en una entrevista. Creo que, entendiendo el fondo de la cuestión, dijo que la compañía no tiene nada que reclamarle a la ANDE. Pero no habló de la República del Paraguay. Los reclamos ante el CIADI se enmarcan en un tratado bilateral de inversiones y se dirigen contra los gobiernos, no contra una dependencia o entidad del Estado en particular.
En los años 90, la República del Paraguay firmó con el Reino Unido un tratado bilateral de inversión, como con otros países. Ese tratado garantiza a las personas físicas o jurídicas de ese país en el que invierten un determinado tratamiento. Lo que nuestra empresa invoca es que ese tratamiento no existió. No hacemos un reclamo contractual. Para reclamar ante el CIADI basta con demostrar que hubo promesas, compromisos y conversaciones que entusiasmaron a la empresa a invertir.
Después viene un concepto llamado reliance: que la empresa se haya basado en esas promesas para invertir. Mucha gente pregunta cuánto invirtió si la empresa todavía no empezó a operar. Hablamos de una inversión privada de US$ 1.000 millones, que requiere años de planificación. Desde 2021 o 2022 contratamos expertos y consultoría, y a la mejor empresa de ingeniería industrial para el diseño de la planta de hidrógeno en Villeta. Compramos el terreno, negociamos un acuerdo de zona franca con Paraguay. Todo eso lleva años. Contratamos gente que modela financieramente si el negocio es viable, directores, personal. Solo se ve es la punta del iceberg. Ya estábamos listos para la palada inicial.
–¿Cuánto dinero invirtió ya Atome?
–No tengo el monto específico, pero es una suma considerable. En la notificación enviada al Gobierno se habla de una suma que, históricamente, nunca se le demandó al país. Hubo casos, como el de Gramón Berres y otros, con sumas considerables, por encima de los US$ 50 millones.
–¿Cuánto en este caso?
–No lo tengo liquidado. Porque estamos tratando de agotar todas las instancias para llegar a un acuerdo con el Gobierno. Lo que la empresa quiere, a pesar de toda esta situación, es hacer la inversión. Por eso envía una notificación de intención de inicio de la demanda dentro de tres meses, que dice textualmente que se procederá si no se llega a un acuerdo con el Gobierno.
Lo único que falta es acordar la tarifa. Mucha gente habló de una tarifa preferencial. Nunca buscamos eso. Atome no quiere ni buscó una tarifa preferencial subsidiada. Teníamos cerrada una tarifa industrial, la que se cobra a todas las grandes industrias del país. Pero los bancos y las grandes multilaterales de desarrollo nos pidieron que, por el esquema contractual de las tarifas con la ANDE, fueran más previsibles en el tiempo, con un período más largo. Ahí se trabó todo.
No buscamos una tarifa por debajo de la que vende la ANDE, ni que el Gobierno subsidie. El Gobierno no tiene que poner ningún peso, ninguna garantía, ningún dólar. Es un proyecto enteramente privado.
–Se habla de una tarifa técnica de ANDE de más de US$ 44/MWh, frente a los US$ 30 que se manejaba en principio, y de una tarifa fija sin variaciones. Ahora hay un debate porque la energía se va a encarecer con nuevas fuentes más costosas. Ahí hay una brecha.
–Hay una brecha de información, pero la información no es real, porque se dan por ciertas cosas que no lo son. La tarifa técnica, por ejemplo. En mi opinión, no existe una tarifa técnica transparentada que diga: “Esta es nuestra estructura de costos, a este costo compramos, este es el costo de transmisión, estas son las pérdidas por no cobrarle a ciertos clientes”. Pero si existiese, ya se estaría vendiendo a ese precio, porque es el precio de venta actual a las industrias. No pedimos US$ 30 solo para nosotros. Pedimos la tarifa industrial, sostenida en el tiempo, con factores de ajuste. En un acuerdo de mediano o largo plazo tiene que haber un factor de ajuste, por devaluación y otras cuestiones. Lo que queremos es que se entienda que el acuerdo tiene que ser funcional y ganar-ganar para las dos partes. En ningún momento Atome propuso una tarifa que no le fuera funcional a la ANDE. Sigo insistiendo en que este no es un problema de Atome.
La ANDE necesita mayor previsibilidad sobre sus costos, sus tarifas y lo que va a hacer con el Anexo C. Esos papeles no están en nuestra cancha. Lo que le decíamos a la ANDE es: “Usted quiere un cliente por 15 años que le dé un flujo millonario, serio y constante, de una industria que no puede apagar los motores e irse al día siguiente”. Esto es una fábrica que se amortiza en 50 años, no un contenedor lleno de CPU. El dinero que poníamos sobre la mesa le generaba a la ANDE un flujo constante, el mismo que pagan el resto de las industrias, como las grandes cementeras. Por eso no entiendo cómo se instaló en la opinión pública que queríamos sacarle provecho a la ANDE. Se instaló una narrativa de héroe y villano, y nuestro cliente está sorprendido, que apostó por Paraguay: tenía que levantar US$ 1.000 millones, la mayor inversión privada en décadas en el país, y ya estaba todo listo.
–El proyecto se atrasó mucho. En el contrato figuraba que iban a empezar a operar en 2025.
–A medida que se elabora un proyecto hay que hacer el diseño de la industria, contratar, hacer un llamado o concurso y negociar con los vecinos la servidumbre de paso y la zona franca. Son cosas fuera de nuestro control. Consideramos que se volvió algo totalmente fuera de nuestro control cuando comenzamos a conversar con el mundo financiero: un sindicato de más de 10 bancos internacionales de desarrollo, europeos, interamericanos, de todas partes. Ahí comenzó la negociación contractual, con pedidos de modelo financiero y explicaciones, y todo se fue demorando. Para hacer el desembolso había que cumplir unos 300 requisitos legales y normativos, entre ellos que no hubiera daño medioambiental. Cumplimos todo. Faltaba solo el contrato de compraventa con ANDE, lo último. Si se firmaba en junio, al día siguiente comenzaba la obra.
–¿En junio debió firmarse el contrato con la ANDE, basado en el decreto que finalmente fue derogado (el Nº 5306/2026)?
–Teníamos un contrato de suministro de energía bajo el Pliego 21, que es para la industria en alta y media tensión. Esa tarifa ronda hoy los US$ 32. Pero el Gobierno dijo, en algún momento: “Queremos atraer este tipo de inversiones, así que vamos a dar un régimen especial para los data centers, el hidrógeno y otras industrias”. Las llamo industrias del siglo XXI, del futuro. No tenemos nada en contra de los colchoneros o de quienes fabrican tornillos, pero esto es el futuro industrial.
–¿El Gobierno planteó ese incentivo con el decreto, o fue un pedido de Atome, que lo necesitaba para avanzar?
–Fue parte de la conversación con el Gobierno. Se presentó la oportunidad, se emitió el decreto y dijimos: “Genial, gracias, somos pioneros”. También es parte de un proceso de sofisticación de la ANDE. Hace 5 o 6 años, la ANDE no sabía lo que era un PPA ni conocía el texto de un acuerdo de compraventa de energía como los que conocemos ahora. Las nuevas industrias, como los data centers y las de criptominería, que tuvo su propio decreto, impulsaron ese proceso. La amortización total del Anexo C presentó, además, una cantidad de oportunidades, porque iba a disminuir el precio de la electricidad. El decreto vino como culminación de ese proceso y generó mayor entusiasmo de nuestra parte. Todo comenzó a venirse abajo cuando se derogó.
–¿La modificación del decreto no les afectó?
–No. Estábamos dentro del límite de potencia, porque ellos decían necesitar flexibilidad en ese aspecto. Pero después se derogó por completo, y no se abrieron los canales de comunicación que debieron abrirse a partir de esa situación. Sentimos que nos soltaron la mano. Veníamos bien y estaba en todas las noticias: la primera planta de hidrógeno verde, con fertilizante para vender a Brasil. Las ventajas del proyecto son inmensas, y no tenía ningún daño medioambiental.
–¿Por qué hubo cambios en la ANDE?
–Eso fue después. Esto ocurre en junio y los cambios ocurren a fines de julio. Pero en un tratado bilateral de inversión se insiste mucho en el trato más favorable al inversionista extranjero. Lo que yo me imaginaba era una comunicación del Gobierno que dijera: “Tengo que derogar el decreto por tales razones. No cerró el tema del Anexo C porque todavía no hay elecciones en Brasil, no tengo solucionado lo de Yacyretá. Abramos una mesa de trabajo y veamos si llegamos a un acuerdo, o no”. Pero no hubo eso. La falta de ritmo y de premura del Gobierno nos generó un perjuicio mayor. Mantener esta operación y ciertas cosas abiertas tienen un costo diario considerable.
–El decreto salió en enero, pero el proyecto venía de mucho antes. ¿Ya tenía sustento y financiación antes de enero?
–Sí, tenía sustento y estábamos en proceso de cerrar los acuerdos con las entidades financieras. Para que haya un desembolso hay que demostrar, con documentación y contratos, que uno paga sus impuestos, que existe la tierra, que la tierra está bien y que las servidumbres están en regla. También hay que tener un acuerdo con el mayor proveedor de materia prima, que en nuestro caso era la ANDE, entre el 60 y el 70% de nuestro costo. Estábamos cumpliendo cada uno de esos pasos para desembolsar en junio. En la asamblea general del BID, en marzo, se anunció este proyecto y se incorporaron nuevos inversores institucionales, por todo esto. No fue entre cuatro paredes: fue algo abiertamente impulsado por la República del Paraguay. No hay que politizar esta cuestión. Lo que menos queremos es politizar o individualizar responsables. Es un problema estructural, de falta de sofisticación cuando se trata con este tipo de inversores.
–Al comienzo dijo que no hacía falta contrato firmado. ¿Qué hubo? ¿Promesas, intercambio de documentos?
–Conversaciones de alto nivel con los actores principales del Gobierno.
–¿Con el presidente Peña?
–Con todos los actores del Gobierno que debían estar en el proceso de toma de decisiones. Incluso contábamos con la habilitación del Ministerio de Industria y Comercio bajo el decreto de enero: ya teníamos la licencia de Power to X. Estábamos registrados y certificados como los primeros beneficiarios, que es el primer paso para aplicar a la tarifa del decreto. En este tipo de inversiones se conversa con todos los actores principales.
–Si Atome decide demandar al Estado, ¿las pruebas no son un contrato, sino esta licencia del Ministerio de Industria?
–Más las conversaciones, los intercambios, las comunicaciones y las notas intercambiadas. En este tipo de demanda se presentan todas las pruebas. Nuestro cliente no está en el negocio de perder dinero: fue dañado por una expectativa y una promesa de que la inversión iba a ser real, y eso es lo que se presenta ante el CIADI. Lo bueno del CIADI es que es un tribunal de árbitros de primerísimo nivel. Ninguno es de Paraguay: son internacionales y interpretan de forma técnica, objetiva y neutral lo ocurrido. Si determina que hubo daños y que el Paraguay debe pagarlos, será el resultado de un proceso, que no es corto, con análisis, presentación de pruebas y escucha a todas las partes. Pero insistimos en que queremos un acuerdo transparente con el Gobierno.
–¿Qué fue lo último que planteó la compañía para llegar a un acuerdo?
–Insistimos de nuevo con los diferentes actores en avanzar en una tarifa funcional para todas las partes, porque lo que se alegaba era que la tarifa no cerraba. Les dijimos: trabajemos en una planificación de lo que les funcione a ustedes (la ANDE) y a nosotros, abramos una mesa de trabajo y hagamos un intercambio de información. Con los cambios que hubo no ayudó, porque son todos actores nuevos con los que hay que reabrir las conversaciones.
–Pero en la ANDE dicen que todavía no hay tarifa de Itaipú, un componente esencial de la tarifa a la que vende la ANDE.
–Si se mantiene la tarifa de Itaipú, nuestra tarifa ya le da a la ANDE el margen legal de entre 8% y 10 % que establece su ley. Si se negocia con Brasil y con el nuevo presidente en enero, febrero o marzo de 2027, no va a ser inmediato. Ellos tienen elecciones ahora y el nuevo presidente asume entre diciembre y enero. No se va a decidir al día siguiente.
Esto tiene para rato. Estamos convencidos de que nuestra tarifa es funcional, cumple todos los requisitos y le dará a la ANDE una rentabilidad y un flujo por un período envidiable. No sé si la ANDE tiene muchos contratos de tan largo plazo.
–¿Cuál es esa tarifa?
–En algún momento se manejó 30, pero estuvimos dispuestos a sacrificar y a ir subiendo hacia una tarifa funcional a la ANDE.
–¿A US$ 37/MWh?
–Sí, pero tampoco es un número definitivo. Lo que queremos es sentarnos y decir: “Este es mi número, ¿cuál es el suyo?”.
–¿Y eso es lo que no consiguen hasta ahora?
–No lo conseguimos. Y el problema es que ustedes dicen que 44 es la tarifa técnica. No: 44 es la tarifa que le venden a los de cripto, a los data centers o a quien sea. En US$ 44 yo pierdo dinero, y con ese valor no hago la industria en Paraguay. Tienen que decidir si quieren que se haga la industria en el país sin que pierda dinero o si prefieren venderle a otros. No tengo nada contra las criptomonedas legales, pero ellos apagan las luces y se acabó.
–Pero en esta negociación hay un jaque al Gobierno:
–Insistimos en que se tiene que negociar y conversar. No es un jaque. Estamos tratando de proteger nuestros derechos por si el Gobierno dice “no les hablo más”. Son etapas procesales preliminares que hay que cumplir para poder reclamar después. No queremos renunciar a nuestro derecho a reclamar, y una de esas etapas era notificar al Gobierno.
–Formalmente no hay tarifa técnica. Son estudios
–El estudio de CEARE. El Pliego 21 estuvo vigente casi 20 años, sin cambios. Desde que se emitió hasta ahora cambiaron demasiadas cosas, sobre todo las modificaciones de Itaipú, que es el costo principal de la ANDE, porque de allí se provee del 80 al 90% de su energía. Es la energía más amortizada, la más barata y la más constante. Con Yacyretá ya sabemos que hay inconvenientes que deben solucionarse.
–¿Por qué Atome no firmó en 2022 como electrointensiva, sino solo como industria?
–Porque operaba en esa franja.
–No operaba todavía.
–La proyección era operar en esa franja, de alta y muy alta tensión, y vamos a continuar en ella. Hubo después, si no me equivoco, un decreto para electrointensivas, pero nadie lo usó.
–El decreto de electrointensivas es de 2017 y estaba vigente cuando Atome firmó el contrato. Después se sumó otro, el de las criptomonedas.
–El de electrointensivas tiene, creo, errores estructurales desde el punto de vista normativo, y por eso nadie se acopló. De todas maneras, nuestro consumo está regulado por el Pliego 21. La gente dice que a US$ 30 la ANDE opera en pérdida. Cuando cerramos en 2022, con el tipo de cambio de entonces, la tarifa del Pliego 21 era de unos US$ 26 o US$ 27. Con el actual subió. Ese fue otro motivo por el cual dijimos que el Pliego 21 no da previsibilidad a los bancos de que no les van a cambiar las reglas del juego, es decir, de que la ANDE no les diga al día siguiente que ahora cobra 44 o 70 dólares.
–¿Eso era lo que se lograba con el decreto (Nº 5307/2026)?
–Correcto. O con un contrato nuevo, siempre que esté establecido eso. Por eso insistimos en que no queremos otro decreto de Power to X. Necesitamos llegar a un acuerdo con la ANDE que le funcione a ella y a nosotros, con una tarifa funcional. El Ing. Ángel Recalde, que es mi pariente y a quien aprecio, y con quien consulto técnicamente muchas cosas, decía que no hay un incumplimiento contractual. Es cierto: estas demandas no se basan en el contrato. Yo no reclamo bajo una cláusula del contrato que firmé en 2022, sino bajo el Tratado bilateral Reino Unido-Paraguay, que tiene otras reglas.
¿Sin resultados?
La última semana se reunieron representantes de Atome y la ANDE, pero ni la empresa ni la estatal hablaron de resultados, si es que hubo reunión.
No depende de un contrato
El asesor legal de Atome sostiene que el reclamo ante el CIADI no depende de un contrato firmado. Se apoya en el tratado entre Paraguay y el Reino Unido.
“No es un jaque”
“Se tiene que negociar y conversar. No es un jaque. Estamos tratando de proteger nuestros derechos por si el Gobierno dice ‘no les hablo más’”.
“Tienen que decidir”
“Tienen que decidir si quieren que se haga la industria en el país sin que pierda dinero o si prefieren venderle (la energía eléctrica) a otros.
Silvana Bogarín, entrevista