Paraguay tiene una oportunidad para avanzar en esa dirección. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2026–2031 incluye a los trabajadores independientes y las mipymes entre sus segmentos prioritarios. Su aplicación debería acercar los servicios financieros al funcionamiento cotidiano de esos negocios. No se trata de que todos reciban crédito, sino de que una actividad viable pueda ser evaluada con información pertinente, a un costo razonable y sin exigencias desproporcionadas para su tamaño.
La información sigue siendo una barrera. En su encuesta sobre la situación del crédito del segundo trimestre de 2026, el Banco Central del Paraguay recogió, entre los obstáculos señalados por las entidades participantes, el historial del cliente, la falta de información y las garantías insuficientes. El diagnóstico no permite concluir que cualquier solicitud rechazada merezca aprobación. Sí invita a preguntar si estamos distinguiendo adecuadamente entre un negocio riesgoso y otro cuya actividad resulta difícil de documentar.
Los negocios que todavía cobran en efectivo no deberían quedar descartados por ese motivo. Sus registros pueden contrastarse con otros documentos y explicaciones, sin convertir la digitalización completa en una condición previa para ser evaluados con criterios proporcionales.
Los registros de cobros y las facturas verificables pueden contribuir a esa distinción. Pero necesitan interpretación. Una transferencia entre cuentas del mismo propietario no es una venta adicional; un préstamo recibido tampoco es ingreso comercial. Una factura emitida no equivale a dinero cobrado. Y una venta cobrada hoy puede corresponder a mercadería comprada antes, cuyo proveedor todavía espera el pago. Sin esas diferencias, una herramienta sofisticada puede producir una imagen ordenada, pero equivocada, del negocio.
Pensemos en un ejemplo hipotético: un pequeño comercio vende más durante una temporada y solicita financiamiento para aumentar sus existencias. Mirar únicamente los ingresos del mes de mayor actividad puede llevar a ofrecerle una cuota difícil de sostener después. Evaluar el ciclo completo permite preguntar cuándo compra, cuánto tarda en vender, en qué momento cobra y qué obligaciones vencen mientras tanto. El monto, el plazo y el calendario de pagos deberían guardar relación con ese recorrido.
Esta evaluación debe incorporar también las deudas existentes y el dinero que el propietario necesita retirar para vivir. Separar las finanzas del hogar y las del negocio ayuda a organizar la información; no autoriza a ignorar que ambas compiten por los mismos recursos. Una cuota aparentemente pequeña puede ser excesiva si coincide con otros vencimientos. Tampoco conviene financiar una necesidad permanente con renovaciones muy cortas que dependan de conseguir otro préstamo para pagar el anterior.
La calidad de los datos importa tanto como su cantidad. El solicitante debería saber qué información se utiliza, para qué finalidad y durante cuánto tiempo. También debería poder revisar los registros y pedir la corrección de errores antes de que una clasificación equivocada cierre sus opciones. Compartir información exige una base jurídica adecuada, medidas de seguridad y responsabilidades claras. La autorización del titular no debería convertirse en una invitación a recopilar indiscriminadamente todo lo que hace.
Una propuesta útil sería facilitar un resumen comprensible de la actividad: cobros efectivamente recibidos, gastos relevantes, compromisos pendientes y variaciones del negocio. Siempre que resulte legalmente posible y técnicamente seguro, ese resumen debería poder presentarse ante diferentes entidades, sin obligar al comerciante a reconstruir su historia desde cero. Esto no exige crear una base que concentre toda su vida económica. Exige que la información necesaria sea verificable y que la comparación no dependa de documentos incomprensibles para su propio dueño.
La tecnología tampoco debe reemplazar la posibilidad de explicar una situación. Un mes con menos ventas puede reflejar una enfermedad, una reparación o una interrupción temporal; no siempre un deterioro permanente. Una revisión humana debería permitir aportar contexto sin garantizar aprobación. Del mismo modo, el empresario necesita conocer cuánto pagará en total, qué ocurre ante una demora y cómo reclamar. Una oferta rápida pierde valor si oculta comisiones o propone condiciones incompatibles con el flujo del negocio.
El éxito debería medirse por la calidad del financiamiento y no solo por el volumen desembolsado. Conviene observar si el crédito permite reponer mercadería, sostener la operación y pagar sin una cadena de refinanciaciones. También si los clientes comprenden las condiciones y pueden corregir su información. Para Paraguay, convertir registros digitales en mejores decisiones puede ser más valioso que convertirlos simplemente en más deuda. La meta es financiar capacidad productiva, no confundir movimiento de dinero con capacidad de pago.
(*) Economista y profesor, Fundación Getulio Vargas (FGV), Brasil.