En primer lugar, nos enfrentamos al costo inevitable de las expectativas incumplidas. Se generó en la ciudadanía una alta promesa de progreso y de gestión técnica que terminó chocando contra una baja calificación (y quizás tardías) de reformas tangibles en los sectores más sensibles: la salud y la educación.
Existió una aparente desconexión entre la planificación estatal y la realidad cotidiana; en que los anuncios de inversiones a gran escala resultaron insuficientes para calmar la urgencia diaria de una población que demanda remedios, hospitales debidamente equipados y escuelas en condiciones dignas hoy.
A esta percepción de deuda social se suma la paradoja entre la macroeconomía y el bolsillo de la gente. En estos años hemos tenido importantes mejoras en indicadores macroeconómicos y de desarrollo, pero ese crecimiento no ha logrado traducirse en suficiente bienestar doméstico. El deseo de consumo y la capacidad de adquisición de una población mayormente de nivel medio emergente o vulnerable continuaron afectados en la “clásica trampa de los países de ingresos medios” debido a una productividad que no crece al mismo ritmo que las expectativas.
El tercer factor en esta ecuación es el desgaste de la figura del presidente. Las críticas respecto a cuestionamientos éticos sobre enriquecimiento ilícito, liderazgo débil, viajes innecesarios y escasos resultados, con excepción del programa Hambre Cero, erosionaron severamente la credibilidad en su gestión.
Esta percepción de corrupción, mientras los problemas cotidianos seguían sin resolverse, forma las bases de la frustración colectiva que termina de explotar con el escándalo de Ueno Bank.
La combinación de estos factores provocó que la satisfacción general ciudadana retrocediera del 24% registrado en enero 2026 a un 21% en julio 2026, el segundo nivel más bajo de la serie de 13 años seguido del 13% de satisfacción con el gobierno de Mario Abdo Benítez en el 2019.
De cara al futuro inmediato, el desafío central radica en construir puentes de diálogo entre ciudadanía e instituciones, permitiendo atender demandas históricas de salud, educación y transparencia.
(*) Economista e investigadora social y de mercado, consultora en ICA Consultoría Estratégica.