Desde las últimas décadas, en Paraguay ha habido un crecimiento importante en el porcentaje de personas que aportan a un sistema previsional, pasando del 12% a aproximadamente 23%, siendo el promedio en la región del 45%. Por lo tanto, Paraguay se ubica por detrás de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, países que reportan un alcance por encima del 50% de su población que contribuye a un seguro social, según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La mayoría de estos países cuenta con un ente encargado de supervisar los aportes de los trabajadores.
En ese sentido, en las últimas semanas resurgió la posibilidad de que Paraguay, por primera vez, cuente con una instancia que regule el funcionamiento de todas las cajas previsionales existentes en el país, es decir, de las entidades que manejan los fondos jubilatorios, que hasta la fecha operan en forma independiente.
Se considera que la propuesta de ley es un paso importante para el fortalecimiento institucional de los fondos de pensiones y contribuiría a mantener, tanto la estabilidad en el sector financiero como también en la economía en general.
El proyecto de ley, que se encuentra a la espera de su tratamiento en el Congreso Nacional, contempla la creación de un Consejo Asesor del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y establece normas de inversión del sistema de jubilaciones y pensiones. El objetivo, según el proyecto, es el de establecer reglas que apunten a reducir el riesgo y resguardar los fondos ahorrados en defensa de los intereses de los asegurados y la sostenibilidad del sistema.
Sin embargo, la propuesta normativa, que ya data de varios años con rechazos y que resurgió en estas semanas, ha sido nuevamente cuestionada con dureza por sectores de trabajadores y hasta gremios empresariales, pero tras idas y vueltas con representantes del Poder Ejecutivo, finalmente pudo acordarse, parcialmente, los nuevos alcances de la normativa propuesta. Algunos sectores aún no dieron su venia total a las modificaciones introducidas en el proyecto de ley, pero el Ministerio de Hacienda ya anunció que igualmente presentará los cambios al Congreso Nacional para que sean considerados.
En poco menos de tres meses se renovarán, en su mayoría, las autoridades de los poderes del Estado, por lo que se desconoce aún si será este Gobierno el que finalmente ponga en vigencia la importante ley, que no solo podría transparentar el funcionamiento de las cajas previsionales del país sino también brindar garantía a los socios de que sus recursos se ajustarán a los principios fundamentales que debe tener un sistema de administración de recursos previsionales de seguridad, liquidez y rentabilidad.