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La mayor parte de ese agujero se debe a los aumentos salariales que en el Parlamento fueron otorgados a funcionarios, que van desde un 10% general hasta 58% en algunos casos. Para el mes de junio, además, se deberá pagar el segundo 20% de incremento a policías y militares para completar la suba programada en el año.
A todo esto se suma la creación de casi 14.000 cargos, tanto en la administración central como en las entidades descentralizadas, con lo que el total llega a 261.508 cargos de funcionarios permanentes, sin incluir contratados.
Ampliaciones
Los parlamentarios, sin embargo, haciendo caso omiso a las advertencias y a solo cinco meses del año ya generaron un paquete de ampliación presupuestaria de 265.379 millones de guaraníes (US$ 59 millones) que no pasó por Hacienda, organismo encargado de dictaminar.
El paquete incluye dos ampliaciones muy cuestionadas para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE): una de 65.500 millones de guaraníes que fue vetada por el Ejecutivo y aceptada el jueves último por la Cámara de Diputados.
La otra ampliación es de 150.000 millones de guaraníes, que también fue vetada por el Ejecutivo, pero rechazado el veto por Diputados, ya que los fondos serán destinados al pago de los operadores políticos.
El proyecto de ampliación pasa al Senado para su definición y la ciudadanía aguarda que en esta instancia se acepte el veto del Ejecutivo porque considera que es un despilfarro, ante tantas necesidades sociales del país.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, no se quedó atrás y también presentó al Congreso un pedido de ampliación por 99.000 millones de guaraníes (US$ 22 millones). De este monto, 48.000 millones de guaraníes (US$ 10,6 millones) serán destinados a salarios del personal.
Déficit
Como consecuencia de la serie de aumentos incluidos en el presupuesto, los denominados servicios personales (salarios, dietas, jornales, remuneraciones extras, bonificaciones y otros beneficios) de la administración central le costará a la ciudadanía 10,9 billones de guaraníes (US$ 2.434 millones), lo que representa un aumento de 34% con relación al monto abonado el año pasado.
La administración central está conformada por el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Contraloría y Defensoría del Pueblo, sector que se financia en su mayor parte con los recursos del Tesoro (royalties e impuestos), así como también de préstamos.
El sector de entidades descentralizadas, excepto las que reciben transferencias como gobernaciones y universidades, se manejan con los recursos que le generan los servicios prestados.
Para cubrir el déficit del presupuesto, la cartera fiscal debe recaudar 37% más que el ejercicio pasado, lo que se considera imposible en condiciones normales de la economía y, menos aún, cuando la perspectiva apunta a que la actividad caerá 1,5% y tendrá un fuerte impacto en el pago de impuestos.
Esto ya se pudo notar en el primer cuatrimestre del año, cuando la administración fiscal logró recaudar poco más de 4 billones de guaraníes (US$ 907 millones), lo que representa un superávit de apenas 3,7% con respecto al mismo periodo del año pasado.
En promedio, Hacienda desembolsa 785.821 millones de guaraníes (US$ 174,6 millones) mensuales para cubrir salarios. De enero a abril se destinaron más de 3,1 billones de guaraníes (US$ 698 millones) para cubrir los denominados servicios personales, lo que implica la utilización del 77% de los fondos recaudados en impuestos en dicho periodo, quedando poco margen para las inversiones en infraestructura que precisa el país para su desarrollo.
Hacienda advierte que, incluso, en estas condiciones, los recursos disponibles no serán suficientes para financiar los aumentos incluidos en el plan de gasto aprobado por el Congreso y ni que decir, si siguen aprobando ampliaciones durante el año.
El presupuesto aprobado en el Congreso asciende a 49,1 billones de guaraníes (US$ 10.932 millones), de los cuales 50% se destina a la administración central y el otro 50% a las entidades descentralizadas.
La cifra representa casi 14% más con relación al presupuesto inicial de 2011, sin incluir las ampliaciones que fueron aprobadas en dicho periodo.
La misión técnica del FMI, que estuvo en el país para revisar la economía, adelantó que se estima que el fisco cerrará este año con un déficit de 2,5% del PIB, lo que pretende financiar con la emisión de bonos en el mercado interno y con créditos de organismos multilaterales.