Compras públicas de la agricultura familiar en el Paraguay

La participación de la agricultura familiar en las cadenas de valor a través de la adquisición pública de alimentos proviene de las estrategias desarrolladas recientemente en América Latina que buscaron optimizar y articular programas, políticas y recursos públicos para enfrentar los fenómenos de inseguridad alimentaria, malnutrición y pobreza. Las experiencias más destacadas de la región son el programa de adquisición de alimentos del Brasil y el instituto de provisión de alimentos de Ecuador, según refiere un reciente estudio elaborado por el máster en política social José Rojas, para el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep). Añade que históricamente los mercados públicos estuvieron siempre reservados a proveedores que tuvieran un capital y desarrollo económico mediano o grande, de modo que pudieran cumplir las normas de calidad establecidas (certificaciones nacionales e internacionales), los volúmenes requeridos, el nivel de tecnología o manufactura exigido, el grado de formalidad (requerimientos legales-contables) y la posibilidad de aceptar pagos a crédito, con expectativas de cobro en plazos de varios meses. Los pequeños proveedores locales no tenían las condiciones para competir por una porción de dicho mercado.

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En el Paraguay, en el marco de la estrategia de generación de ingresos del programa de lucha contra la pobreza “Sembrando Oportunidades”, se promulgó el decreto Nº 1.056/2013 (sustituido luego por el decreto Nº 3.000/2015) donde se establece “la modalidad complementaria de adquisición denominada proceso simplificado de compras públicas para facilitar la adquisición de productos de la agricultura familiar”.

Este artículo analiza las particularidades del caso paraguayo y la oportunidad que el uso de esta herramienta representa para la lucha contra la pobreza.

La ley Nº 2051/2003 establece el marco general de las contrataciones públicas en el Paraguay y el Decreto Nº 3.000/2015 regula el régimen de Compras Públicas de la Agricultura Familiar (CPAF), que habilita como proveedores del Estado a los productores individuales u organizados que reciban asistencia técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el que pone a disposición de las contratantes el listado de productos y su precio de referencia.

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El proceso de contratación se realiza mediante una licitación normal con ciertas facilidades en los requerimientos legales: garantías mediante declaración jurada, ofertas presentadas solo en el documento original, sin necesidad de copias, contrato formalizado mediante una orden de compra, excepción de requisitos de experiencia mínima en la provisión de productos similares, entre otros.

Como en todo proceso licitatorio, es facultad exclusiva de las convocantes la ejecución y control del mismo y es responsabilidad de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) velar por el correcto cumplimiento de las normas establecidas en el citado decreto.

Si bien se creó una Mesa Técnica Interinstitucional (MTI) compuesta por ocho organismos del Estado, esta no tiene atribuciones legales para fijar el presupuesto de las adquisiciones, para controlar la ejecución, provisión y pago de las compras, ni para seleccionar los beneficiarios, cantidades o áreas donde debe ser aplicado el proceso simplificado.

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En comparación con las experiencias en la región, el caso paraguayo se presenta como un régimen híbrido que no responde a los estándares de un programa de compras, como es el Programa de Adquisición de Alimentos de Brasil, ni a los de una institución ejecutora, como el Instituto de Provisión de Alimentos de Ecuador.

Ahora, sobre la base de la experiencia nacional de alrededor de cinco años, con sus altibajos, el gobierno entrante tiene la brillante oportunidad de transformar el procedimiento simplificado de adquisición de productos agropecuarios en una verdadera Política Pública de Compras de la Agricultura Familiar, que abarque de manera integral los aspectos de selección de los beneficiarios y áreas de implementación de la política, la producción (asistencia técnica, mejoramiento de suelos, acceso a tecnología, transferencia de bienes de capital), el acceso a créditos y, cerrando el círculo, la comercialización segura en los mercados públicos con precios atractivos y justos.

Para ello es importante que se den ciertos pasos: La inserción efectiva de las Compras Públicas de la Agricultura Familiar en el Plan de Lucha Contra la Pobreza (CPAF) 2018-2023, como estrategia de generación de ingresos en el sector rural. 

La conformación de un órgano rector de las CPAF, que cuente con presupuesto propio, personal asignado y la capacidad de monitorear la ejecución, y fijar metas y objetivos de la política. 

A nivel territorial, un fuerte plan de capacitación de las gobernaciones y municipios para vincular de manera progresiva la compra de alimentos de la agricultura familiar local con el Programa de Alimentación Escolar.

A nivel central, desconcentrar la adquisición de alimentos para permitir que los centros de consumo a nivel territorial (cuarteles, cárceles, hospitales regionales, comisarias, entre otros) puedan llevar adelante los procesos licitatorios (llamados a licitación, recepción y control de insumos, elevación de informes para pagos).

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