Eficacia y eficiencia del gasto público como desafíos de la política fiscal en Paraguay

Después del retorno a la democracia, Paraguay experimentó dos procesos fiscales que marcaron las reformas en el país. La primera se registra en 1991 cuando se precisaba simplificar el sistema tributario y buscar una manera de aumentar los ingresos mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La segunda etapa se inicia con la gran reforma del 2004. Es en este periodo cuando resurge la idea de implementar en nuestro país el Impuesto a la Renta Personal (IRP), que logró un acuerdo entre el sector privado y público a cambio de que el Impuesto a la Renta de las empresas se redujera de 30% a 10%.

Pero desde esos años y hasta el 2012, el proyecto que creaba el tributo fue postergado unas cuatro veces para que finalmente, en mayo de 2012, el Poder Legislativo apruebe la entrada en vigencia del impuesto, el cual se hace efectivo en su implementación desde agosto del mismo año. 

Como parte del proceso de la reforma tributaria, un año después, rige el IVA Agropecuario y el Impuesto a la Renta Agropecuaria (IRAGRO), que termina por reemplazar al IMAGRO. Y en el 2016 se decide incorporar al sistema tributario al sector cooperativo, aplicando el IVA a las operaciones que realizan sus asociados.

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Hasta la fecha este impuesto está siendo foco de acciones judiciales presentadas por los actores afectados con respuestas favorables por parte del Poder Judicial y hasta del Legislativo.

De acuerdo a las estimaciones realizadas por el Banco Central del Paraguay (BCP), la presión tributaria en el 2016, antes del nuevo año base, era del 12,5% y con la actualización se redujo a 9,6%. Este porcentaje resulta de la división de los ingresos tributarios sobre el Producto Interno Bruto (PIB).

En el mencionado número no se consignan todos los elementos, tal como estrictamente se define a la presión tributaria que contempla la sumatoria de todos los impuestos abonados, las contribuciones sociales, los tributos de las entidades descentralizadas, así como los ingresos provenientes de las binacionales.

Al considerar los citados componentes, la presión tributaria de nuestro país, sin año base, rondaría el 23% del PIB, mientras que si aplica la actualización, el número sería de aproximadamente el 18%.

Sin embargo, la estructura tributaria ha sido centro de cuestionamientos en los últimos años como “la solución” ante la complicada situación fiscal de las cuentas públicas, cuando revertirla, no debería venir del lado tributario como un “salvataje”, sino más bien por el sector del gasto.

Y pensar en una nueva reforma tributaria debería ser para responder a las nuevas demandas de la población, en línea con el progreso y la innovación del mundo actual.

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