El poder de las denuncias

En este difícil oficio de opinar públicamente aparecen algunos desafíos, a los que vale la pena clasificar y exteriorizar. La intención no es victimizar al futuro candidato, sino embravecerlo. Uno de estos retos es saber diferenciar a los informantes de los delatores.

Los informantes, normalmente, son denunciantes altruistas, que están hastiados de ver tanta corrupción, pero que al no sentirse con la capacidad de relatarlos en forma sucinta en algún medio, o no tener garantías en su denuncia ante nuestra justicia, sencillamente lo pasan a otros portavoces.

En países como el nuestro, los informantes están amenazados en su seguridad laboral, personal y familiar, por ello lo canalizan a través de periodistas reconocidos o personas con alguna moral pública. Es difícil denunciar porque también existe otra cuestión espiritual: ninguno estamos en condiciones de “lanzar la primera piedra”.

Los delatores, sin embargo, son personas que luego de estar envueltos en algún delito, infracción laboral o de perder privilegios por cambios políticos, se “vengan” del sistema pasando las informaciones. Las revelaciones, una vez publicadas, afectan a los que recortaron sus privilegios. Estos son los más peligrosos, puesto que sus informaciones se basan en el desquite o la venganza. Carecen de principios, valores y están focalizadas, o muchas veces, tergiversadas. De cualquier manera, ambas son útiles si previamente se las filtra y confirma.

En Itaipú conocí a ambos grupos; es fácil diferenciarlos. Cuando te traen informaciones dirigidas contra algún director o alto gerente debes revisar si el delator no perdió algún privilegio, cargo, alguna dádiva salarial, como horas extras, viáticos, peligrosidad, diferencia regional, etc. En cualquiera de los casos se debe tamizar la información para no perjudicar a personas inocentes o crear más injusticias de las que el delator pretende denunciar.

El delator fue usado ampliamente en la historia. Un caso bien conocido es el de Lucky Luciano, mafioso norteamericano considerado el padre del crimen organizado de los años 20. Luego del auge de su vida criminal y ya en prisión, un gobernador de la época decide hacer un pacto para combatir a la poderosa “cosa nostra”. El acuerdo era sencillo, Luciano proveería informaciones de nombres y métodos de la mafia a cambio el gobierno atenuaría su castigo.

Cuando iniciamos el primer gobierno no colorado en el 2008, lo primero que hicimos un minúsculo grupo de paraguayos que llegamos al poder fue reclamar nuestra soberanía energética en forma oficial.

Lo hicimos abierta y formalmente, vía cancillería, y extraoficialmente mediante artículos y columnas periodísticas, junto con libros y participación popular. La postura oficial ante el Gobierno brasileño se hizo mediante la novel Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, CEBH. Es de caballeros reconocer que hubo varios luchadores anteriores que, lastimosamente, quedaron en los campos de batalla.

Como era de esperar, en Itaipú los luchadores se dividieron en dos grupos: los que gozaban de la confianza de los socialistas y los que teníamos algunas relaciones liberales. Los llamados “luchadores sociales”, agrupados en sindicatos, buscaron sus propios caminos políticos, algunos colgados de la sotana, otros del saco de la ANR y los más astutos, rastreando detrás de los tres grupos. Ninguno de ellos hoy tiene credibilidad. Algunos se volvieron burócratas, otros sedentarios gerentes de tercera línea, los menos, acomodados. Los trabajadores de Itaipú notaron que muchos sindicalistas y representantes laborales ante la Fundación Tesãi, la Cajubi y otras comisiones eran simples delatores oportunistas.

Algunos de estos mercenarios incluso ocuparon páginas económicas privilegiadas. Hoy sabemos que fueron sus medios y no sus fines. La secuencia es casi siempre la misma: chantaje mediante delaciones, artículos o amenaza de huelga; el pago viene por añadidura, logro de algún cargo gerencial y, finalmente, su silencio cómplice. Algunos sindicalistas incluso se volvieron empresarios del transporte, abogados y prósperos ganaderos. En fin, no creo que sus conciencias los dejen gozar libremente del producto de sus delaciones y sus orgías con el sistema.

A pesar de todas las denuncias, los reclamos históricos de Itaipú siguen agrupándose en seis puntos que el lector de esta columna ya los sabe de memoria: venta de nuestro excedente energético a precio justo o de mercado, construcción de la exclusa de navegación, venta a terceros, paridad y co-gestión plena, revisión de la deuda y dentro de esta, especialmente la deuda espuria.

Sin embargo, el peligro de la pérdida de nuestra soberanía siempre ha permanecido o aumentado; esporádicamente aparecen disfrazados de figuras congraciadas con el pueblo, como “gastos sociales”, la cooperación y la fraternidad. El promedio del concepto de responsabilidad social se mantiene en US$ 60 millones anuales; dinero suficiente para financiar campañas y comprar conciencias de políticos incautos. Vayan algunos intentos recientes de pérdida de soberanía:

1. Empresas brasileñas están interesadas en construir pequeñas centrales hidroeléctricas hasta 1.000 MW en Paraguay y llevar ese equivalente de la Itaipú.

2. La fabricación de hidrógeno, también con la “energía excedente de Itaipú”. Fue hace unos años, con la aparición en escena de un tal Ing. Calixto Saguier, entonces director del Parque Tecnológico de Itaipú y Franklin Boccia, consejero. Con esta obsesión estuvieron a punto de firmar un convenio con una universidad italiana donde se “invertiría” millones de dólares solamente en captar la tecnología. La alarma, esta vez accionada por los brasileños. El dilema estaba en que el proyecto ejecutivo ya fue elaborado por la margen izquierda contemplando la localía de la industria, solo habría que traducirlo al castellano y construir la planta... en el Brasil ¿Dónde iría el producto final obtenido (hidrógeno), obviamente, también al Brasil.

3. Proyecto Green Silicom. Una intención de la administración brasileña de combinar el silicio brasileño con la energía paraguaya (excedente de Itaipú, según nuestros socios). La pretensión era “desplazar el mercado de paneles solares, hoy copado por los chinos” y producir en grandes cantidades. ¿Dónde, cómo y a qué precios se venderían esa plusvalía de nuestra energía?

En resumen, denunciar es un hecho moral y éticamente sano. Faltaría darle un viso legal al estilo de las “delaciones premiadas” en Brasil, Argentina y los EE.UU. Se debería demoler el concepto de las “informaciones confidenciales”, que solo beneficiaron a algunos grupos empresariales y políticos. Las únicas informaciones que valen la pena preservar son las relacionadas a la seguridad y la soberanía del Estado.

El estigma del informante infiel debería ser reemplazado por una nueva figura empresarial: la del altruista empresarial y, consecuentemente, premiarlo en público. La medalla en actos protocolares y un sobre-sueldo en su haber, nos daría la señal del verdadero cambio.

Por último, en las viejas negociaciones, tanto como en las nuevas propuestas ¿Quién fue el gran ganador? Obviamente, el mayor demandante de energía, el Estado brasileño. Felizmente, parece que aún existe un grupo de sobrevivientes energéticos que actúan como alarma social; es por ello que publicamos estas informaciones. El tiempo nos darán la razón.

(*) Exsuperintendente de Energías Renovables de Itaipú

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