Ineficiencia estatal tiene forma de un triángulo
Existen causas verdaderas de la falta de eficiencia y eficacia de la administración pública. Las mismas son identificadas dentro de un "triángulo" como la organización deficiente de la estructura administrativa pública, disponibilidad inadecuada de recursos económicos e infraestructuras y personal sin estímulo hacia una mayor eficiencia y eficacia en su trabajo, según surge de un estudio realizado por el Centro de Estudios y Educación Popular Germinal. Para superar esta situación se requiere de una ley que dicte formatos de los procedimientos administrativos, responsables y fechas de cumplimientos, nueva ley que respete los derechos de los trabajadores, que nazca de una amplia concertación con todos los actores políticos y sindicales, y aumentar la presión tributaria.
Un vértice del mencionado "triángulo" tiene que ver con la organización deficiente de la estructura administrativa pública al carecer de claridad de funciones, procedimientos y carga de trabajo. No hay un diseño estructural y orgánico de las funciones específicas de cada uno de los departamentos y oficinas públicas, ni de las cargas de trabajo necesarias para que cada uno de estos departamentos y oficinas públicas.
La organización del trabajo se origina generalmente en la "tradición" histórica de la oficina misma, sin que tenga una real adherencia a las necesidades del servicio público que se quiere proporcionar.
Las oficinas nuevas dependen de las posibilidades coyunturales de ser dotadas de recursos económicos y humanos disponibles sin evaluación de las funciones y cargas de trabajo. A veces ni los funcionarios conocen las funciones de su oficina, estando limitado su horizonte de trabajo a "lo que se le explicó que tenían que hacer cuando entraron a trabajar".
No existe una ley del "procedimiento administrativo" que defina características, formas, tiempos, responsabilidades; de manera a uniformar los trámites administrativos.
No hay manuales de procedimiento que definen cómo realizar cada trámite, más bien se realizan según la "experiencia" del funcionario encargado de turno y, por ende, de su discrecionalidad.
La administración pública paraguaya trabaja a ciegas, sin elementos de gestión organizativa adecuados para cumplir eficazmente con las demandas de servicios de la ciudadanía.
Resultado: la ineficiencia en los servicios
Insuficiente infraestructura de las oficinas estatales y limitados recursos económicos a disposición de la administración pública paraguaya son otra causa de su ineficiencia.
La reducida presión impositiva del Estado paraguayo le imposibilita dotar a sus oficinas y servicios públicos con las herramientas técnicas y logísticas necesarias para cumplir un trabajo efectivo y eficiente. Importantes sectores de la administración central como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud continúan permaneciendo en estructuras viejas e inadecuadas, con un uso extremadamente limitado de la moderna tecnología de la información.
"Se impone una ley de procedimiento administrativo que dicte formatos de los procedimientos administrativos, responsables y fechas de cumplimientos. Se requiere definición correcta de funciones."
Hace poco leía en la prensa internacional que dar acceso a Internet a todos los británicos en 2012 tiene premio: ahorraría al Gobierno del Reino Unido 1.000 millones de libras anuales en servicios al consumidor como información o reclamaciones y supondría unos ingresos de más de 20.000 millones de libras para la economía del país. Conectar a los 10 millones de británicos que nunca han usado Internet supondría un beneficio de unos 22.600 millones de libras. De estas personas, 1,6 millones son niños que se beneficiarían durante toda su vida del uso de la red.
Estudios de evaluación de la eficiencia de la administración pública paraguaya en los años anteriores han demostrado cómo la infraestructura generalmente "es inadecuada para la realización de las funciones exigidas": desde edificios inadecuados, a PC inactivas, impresoras sin tinta, falta de papel, bolígrafos y otros insumos de oficina.
Personal público sin estímulo hacia una mayor eficiencia y eficacia en su trabajo
Este es el otro vértice del "triángulo". El funcionario público, por la manera en que está organizada la administración del Estado y en que son manejados los recursos humanos, es empujado a buscar exclusivamente "sobrevivir"; cumplir con lo estrictamente necesario.
En ningún momento el Estado busca y pretende que el funcionario público tenga iniciativa propia, que asuma responsabilidades, que busque esmerarse en su trabajo, apuntando a una realización personal en su profesionalidad.
La administración pública no impulsa al funcionario público a servir a la ciudadanía; al contrario, lo castiga cuando esto significa no servir a los intereses de la autoridad de turno.
El funcionario público no tiene ningún estímulo para trabajar con calidad. Nunca su esfuerzo será premiado, ya que la carrera no existe, y las recategorizaciones dependen de las "buenas" relaciones con la autoridad de turno. Además, nunca llegará a los cargos de conducción administrativa por su profesionalidad, ya que estos cargos se los otorga a personas de "confianza política" (partidaria o personal). El uso repetido de prácticas de mobbing (hostigamiento sistemático y recurrente) hacia los trabajadores que "pierden" la confianza de la autoridad, y son enviados al freezer; impulsa al trabajador a evitar "complicarse" a cumplir el trabajo estrictamente necesario para pasar desapercibido.
Finalmente, los bajos salarios de la administración pública obligan a muchos trabajadores a buscar un segundo trabajo en el sector privado. Esta situación les impone trabajar un promedio de 10-12 horas y eso dificulta su eficiencia en la función pública.
Cómo derrotar al "triángulo" de la ineficiencia
Por un lado, con una reforma organizacional. Se necesita una ley del procedimiento administrativo que dicte formatos de los procedimientos administrativos, responsables y fechas de cumplimientos. Hay que realizar una definición correcta y puntual de las funciones de cada oficina pública, así como lo establecen las leyes y normativas vigentes, sugiere el estudio. Se debe calcular por cada oficina la exigencia efectiva de profesionalidades y la carga de trabajo (semanal, mensual y anual) a realizarse para cuantificar las necesidades efectivas de personal. Se deben pormenorizar los procedimientos de cada trámite en reglamentos para que sean realizados sin ninguna posibilidad de discrecionalidad o de trato diferente.
Por otro lado, la Ley 1626/2000 no fue una ley para mejorar la eficiencia de la administración pública. Más bien es una normativa para mermar los derechos laborales y sindicales conquistados en al década de los noventa.
La Ley 1626 imponía reglas leoninas para la conformación de sindicatos y para la realización de huelgas, anticonstitucionales y contrarias a los Convenios de la OIT. En esta parte, se hace necesaria una nueva ley que respete los derechos de los trabajadores y que nazca de una amplia concertación con todos los actores políticos y sindicales. Una ley que busque una administración pública más transparente, eficiente y efectiva; no que busque castigar a los trabajadores públicos. Una ley que se ocupe de temas como: características del funcionario público, modalidad para el ingreso y la carrera, remuneración, carga horaria, derechos y obligaciones; régimen disciplinario, dejando derechos laborales y sindicales al Código laboral.
Recursos económicos
Por otra parte, es necesario dotar a la administración pública de los recursos económicos e infraestructurales necesarios para que pueda cumplir con las funciones y tareas que le son encomendadas. Esto dependerá de la efectiva disponibilidad en las arcas públicas. En la actualidad, el Estado no tiene los recursos económicos necesarios para poder concretar una administración pública que cumpla con sus obligaciones, porque la recaudación impositiva del Estado es demasiado baja.
El Paraguay tiene una presión fiscal que es la mitad de la de Uruguay, 40%; de la de Argentina y un tercio de la de Brasil: Mientras esta situación permanezca inalterada, la administración pública no tendrá insumos e infraestructuras suficientes para ser eficiente.