Los datos y análisis que se ofrecen a continuación pueden ser utilizados para dimensionar la amplitud de la problemática, así como para establecer estrategias y definir las decisiones que deben ser tomadas para responder a una demanda concreta de un sector con dificultades para integrarse a mercados estructurados en términos de volumen y calidad.
En primer lugar se precisa definir la situación financiera del campesino. En este sentido, se recuerdan las últimas transformaciones económicas y sociales de este segmento, que pasó de un modelo de vida relativamente aislado y alejado del consumo de bienes y servicios, por su escasa disponibilidad de capital, a un esquema mucho más moderno en términos de acceso a bienes y servicios, tal como se observa en el marcado incremento de disponibilidad de equipamiento para el hogar en las últimas Encuestas Permanentes de Hogares. Este fenómeno de equipamiento del hogar con electrodomésticos se asocia de forma estrecha con el endeudamiento de las familias con se observa en los cuadros de acceso, costo y financiación de estos bienes.
La cartera crediticia campesina está compuesta entonces por los compromisos vinculados a la producción, donde el Crédito Agrícola de Habilitación es la principal fuente de financiamiento para las actividades agrícolas, pero donde también aparecen otras instituciones crediticias como los bancos y financieras que otorgan capital para el consumo de las familias, es decir, sin vínculos a la producción agrícola propiamente dicha.
A través de los datos del Banco Central es posible construir la base de deuda del sector campesino, a partir del análisis de la cartera agrícola de las principales instituciones financieras que atienden a este sector. Por el lado de la cartera pública, el Crédito Agrícola de Habilitación es la principal institución, seguida por el Banco Nacional de Fomento (BCP), que ofrecen servicios financieros al sector campesino, con un monto estimado de alrededor de 630.000 millones de guaraníes. La no disponibilidad de la cantidad de prestatarios impide un análisis más profundo del tamaño de la deuda de los agricultores. Solo en el caso del Crédito Agrícola de Habilitación se dispone de datos concretos de la deuda promedio de cada agricultor: 7,3 millones de guaraníes, inferior a los 11,3 millones de guaraníes, según las cifras de los campesinos (70.000 prestatarios y una deuda total de 150 millones de dólares).
Esquema más moderno
Se precisa definir la situación financiera del campesino. En este sentido, se recuerda las últimas transformaciones económicas y sociales de este segmento, que pasó de un modelo de vida relativamente aislado y alejado del consumo de bienes y servicios, por sus escasa disponibilidad de capital, a un esquema mucho más moderno.
Cartera crediticia
La cartera crediticia campesina está compuesta por los compromisos vinculados a la producción, donde el Crédito Agrícola de Habilitación es la principal fuente de financiamiento para las actividades agrícolas, pero donde también aparecen otras instituciones crediticias como los bancos y financieras que otorgan capital.
* Solo en el caso del Crédito Agrícola de Habilitación se dispone de datos concretos de la deuda promedio de cada agricultor: 7,3 millones de guaraníes, inferior a los 11,3 millones de guaraníes según las cifras de los campesinos (70.000 prestatarios y una deuda total de 150 millones de dólares).
* Más allá de los plazos y tasas, la cuestión central es evaluar el costo financiero y los impactos económicos de cada solución propuesta. El Gobierno tiene la responsabilidad de encontrar una salida políticamente correcta, pero por sobre todo económicamente sostenible.
El sector privado también brinda servicios financieros a los agricultores, aunque se concentra principalmente en el sector de la agricultura tecnificada, con una cartera de más de 3.200 millones de dólares, pero también atiende a la demanda campesina. La deuda de los campesinos con los bancos y financieras privadas se calcula en torno a 1,3 billones de guaraníes.
Al integrar las deudas de la banca pública y la privada, se obtiene el monto total de la deuda campesina, se sitúa en el orden de los 1,7 billones de guaraníes, alrededor de 300 millones de dólares. Como se observa, esta cifra es el doble de la avanzada inicialmente por los líderes campesinos, de solo 150 millones de dólares. Sin embargo, tampoco se conoce el nivel de mora de los agricultores familiares campesinos, y resulta muy difícil estimar sin acceso a los datos del sistema bancario. De igual forma, tampoco quedó claro si los 150 millones de dólares solicitados vía condonación de deudas era solo el monto de mora o de toda la cartera campesina. En cualquiera de los casos, los montos estimados de la cartera agrícola de la agricultura familiar campesina son significativos y su solución tiene implicancias directas sobre otros subsectores.
Se recuerda que los créditos a los agricultores, sean de instituciones públicas o privadas, son solidarios y casi nunca hipotecarios, atendiendo el escaso nivel de formalización en la tenencia de la tierra de las familias campesinas. En estas condiciones, el riesgo financiero es mayor y la exposición de los bancos y financieras es más alta.
Otra fuente de deuda campesina está conformada por los comercios, principalmente de electrodomésticos y motocicletas, que han posibilitado una mejora considerable en el confort de los hogares campesinos en los últimos años. El acceso a estos bienes (heladeras, televisores, lavarropas, hornos eléctricos, entre otros) ha sido casi siempre bajo el formato de financiación, ofrecida por las propias empresas comerciales. Estas habían identificado un incremento de la demanda de estos bienes por una parte importante de la población rural que había experimentado un incremento en sus ingresos provenientes de las buenas condiciones productivas y de precio del sésamo, la mandioca, los cítricos, el mburucuyá y la caña de azúcar, además de las remesas internacionales. En este contexto de bonanza económica, la sociedad rural inició un proceso de modernización que no parece poder volver atrás, por lo que el consumo de estos y otros bienes tiende a mantenerse y crecer.
A partir de los datos de tenencia de bienes (electrodomésticos, motocicletas y hasta automóviles) proveídos por la Encuesta Permanente de Hogares de los años 2012, 2013 y 2014, es posible construir una imagen del endeudamiento comercial campesino. Otra variable de análisis disponible es la importación de electrodomésticos, que muestra una tendencia de crecimiento similar, como no podría ser de otra manera. En este caso, haciendo cálculos de precios de los electrodomésticos y motocicletas, la tasa de interés y el plazo de los créditos comerciales, es posible determinar, al menos a grandes rasgos, que el tamaño de la deuda campesina con los comercios es inclusive mayor a la que tiene con el sector financiero. La deuda de los agricultores familiares campesinos con los comercios es de 2,6 billones de guaraníes, equivalentes a más de 450 millones de dólares. En conjunto, las deudas con el sector financiero y el sector consumo ascenderían a 4,3 billones de guaraníes, lo que significarían más de 700 millones de dólares.
Opciones de recomposición financiera
La respuesta del Gobierno al reclamo campesino ha sido la refinanciación de las deudas con las instituciones públicas a plazos que permitan y favorezcan la recuperación económica, específicamente a 10 años, con dos años de gracia y a una tasa del 10%. Posteriormente, se propuso inclusive la compra por parte del Estado de la deuda de los campesinos con las instituciones privadas, para posteriormente refinanciarlas a tasas menores. La contrapropuesta de los agricultores ha sido más precisa pero menos realista: refinanciación a 10 años de plazo, con cuatro años de gracia y a una tasa del 6%. En un escenario tan lejano de una década es poco probable que los deudores mantengan sus ingresos de forma estable que les permita honrar los compromisos anteriores.
La toma de decisiones que permitan destrabar la situación y llegar a acuerdos sensatos debe necesariamente basarse en aspectos técnicos, para lo cual se tendría que disponer de la mayor cantidad de información posible, de forma a dimensionar el tamaño real del problema, así como a los distintos actores, especialmente los del sector privado.
Más allá de los plazos y tasas, la cuestión central es evaluar el costo financiero y los impactos económicos de cada solución propuesta. El Gobierno tiene la responsabilidad de encontrar una salida políticamente correcta, pero por sobre todo económicamente sostenible.
No debe olvidarse que el problema de fondo es la escasa productividad del esquema agrícola campesino, así como su extrema fragilidad ante eventos climáticos y una sensibilidad muy alta a las variaciones de precio. Una profunda, compleja y difícil transformación debe operarse para que la agricultura familiar campesina logre mayores niveles de productividad, para lo cual deberá necesariamente tecnificarse, incorporar nuevas prácticas, tecnología e información. La oferta pública para este sector debe transcender los modelos perimidos de asistencia técnica tradicional y tender a esquemas más modernos, inclusivos y vinculados a los mercados, con una lógica empresarial a pequeña escala. Sin estos cambios se deben esperar sucesivas crisis sociales y productivas en el sector campesino, con costos aún más altos para los próximos pedidos de condonaciones.