La razón es que la economía no es homogénea. La misma está compuesta de personas o empresas que realizan diferentes actividades a las que la adopción de una política por parte del gobierno les puede beneficiar o perjudicar. Asociados a estas actividades se hallan los llamados grupos de intereses especiales. Como es de esperar, estos grupos promueven políticas que favorecen a sus actividades pero que pueden ser adversas a otros intereses especiales o a la sociedad. Es decir, existe conflicto de intereses. La resolución del conflicto requiere un análisis del poder económico y político de los grupos con intereses opuestos. Cuando el poder relativo de dichos grupos son iguales o casi iguales, el gobierno se inclinará a buscar la armonización de los mismos. Si existe una marcada diferencia, es muy probable que la decisión sobre la adopción de una política sea favorable al grupo de mayor poder.
El problema del economista es que sus modelos no contemplan situaciones de conflictos políticos y sociales. Los mismos, que pueden ser inherentes al sistema económico y social, yacen latentes hasta tanto como resultado del desarrollo económico y la evolución social se manifiestan abiertamente y requieren su resolución mediante la adopción de una política económica. La política adoptada aparenta ser de naturaleza estrictamente económica, pero en realidad es esencialmente política y tiene consecuencias que afectan en forma diferente tanto a los grupos de interés como a los demás segmentos de la sociedad. Así pues, si el análisis del conflicto se lleva a cabo únicamente por medio de modelos económicos, o lo que recomienda el economista no es adoptado o se lo somete a tantos cambios que su aplicación no surte los efectos deseados. Otra opción, utilizada con frecuencia en nuestro país, es la de aplicar la política a medias o en forma selectiva.
Es evidente que la adopción de una u otra política económica refleja el poder relativo de los varios actores de la sociedad y de la ideología dominante, pero también refleja la configuración y poder de las varias organizaciones de la sociedad, como los sindicatos, las ONG y otras más. Ahora bien, el análisis de la forma en que interactúan dichas fuerzas para dar como resultado una decisión aparentemente económica pero en realidad política, corresponde al sociólogo y politólogo. Por tanto, el economista que se limita a emitir recomendaciones sobre política económica, que son productos de modelos económicos y no toman en cuenta su viabilidad política y las consecuencias sociales de su aplicación, a quiénes beneficia y a quiénes perjudica, tácitamente da su apoyo a una ideología o está conforme en beneficiar a un determinado grupo de interés.
Considerando que las reflexiones precedentes son un tanto abstractas, convendría citar como ejemplo de grupos de interés en conflicto el de importadores y exportadores. Una política que resulta en la apreciación del guaraní favorece a los importadores y castiga a los exportadores, dificulta el desarrollo de la industria nacional y la creación de puestos de trabajo. Una política favorable a los importadores contribuye a mantener bajo el precio de ciertos productos, lo que beneficia al consumidor. Otro conflicto es el que se origina entre acreedores y deudores en épocas de inflación, claro, siempre y cuando los créditos no estén sujetos a ajustes por inflación. Asimismo, quienes perciben pensiones no ajustables por inflación sufren la pérdida del poder adquisitivo de las sumas fijas que perciben. Pero aun cuando las mismas son ajustables según el incremento del índice de precios del consumidor, dichos ajustes siempre se realizan con rezago. Otro conflicto se da entre trabajadores y empresarios con respecto al nivel del salario mínimo y de las contribuciones respectivas para la salud y pensión, los cuales son establecidos por ley.
Cuanto más dinámica y compleja es la actividad económica, más propensa es a la generación de conflictos. Como la forma en que los conflictos se resuelven afectan a amplios sectores de la sociedad, el análisis y las propuestas de solución rebasan la capacidad de los modelos económicos ortodoxos y requieren un enfoque más amplio que tome en cuenta las necesidades sociales del país y la configuración y fuerza relativa de grupos de intereses que influyen en la adopción de políticas. Esta tarea requiere conocimientos que van más allá de las ciencias económicas como se la concibe actualmente, es decir, ya no como economía política, sino como disciplina aséptica que deja fuera de sus modelos los conflictos sociales y utiliza como supuesto implícito la armonía social. La realidad no se presenta en compartimentos estancos para acomodar a disciplinas académicas, sino como un todo. Por tanto, es necesario recurrir a la contribución de la sociología y de la ciencia política y, ¿por qué no?, de la historia para lograr una visión más amplia de los conflictos aparentemente limitados al campo económico y lograr una resolución más apropiada y duradera conducente a mejorar la justicia social y a mantener la paz.
(*) PhD en Economía por la Universidad de Stanford