El llamativo reporte del Observatorio del Ministerio Público, que reveló la apertura de 11.815 causas por pornografía relativa a niños y adolescentes entre 2021 y 2026, dio que hablar sobre cómo se opera en el entorno digital. Ante la gran incógnita ciudadana de cómo las autoridades logran rastrear estos delitos, el vocero de la Fiscalía, Gunter Krone, detalló el proceso tecnológico que permite llegar hasta los agresores.
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En comunicación con ABC TV, Krone aclaró que la clave de las investigaciones no radica en un espionaje telefónico de la policía local, sino en el propio funcionamiento de las aplicaciones que todos usamos a diario. Al instalar y utilizar plataformas masivas como WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Gmail u otra app, los usuarios firman de manera voluntaria un contrato de bases y condiciones que autoriza a las corporaciones a monitorear el contenido que circula por sus redes.
Las multinacionales tecnológicas están obligadas por leyes internacionales a revisar de forma constante los archivos que se transmiten en sus servidores. Para cumplir con esto, implementan programas informáticos especializados que corren desde hace tres décadas y que están diseñados exclusivamente para registrar el tráfico de imágenes y videos.
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Cuando uno de estos algoritmos detecta un intento de envío o almacenamiento de material de abuso sexual infantil, el sistema emite una alerta automática.
En ese momento, entra en juego un equipo humano de la propia empresa que se encarga de verificar manualmente si la imagen coincide con los catálogos internacionales de explotación infantil.
Se reporta desde Estados Unidos a Asunción
Una vez que los analistas de la compañía confirman que se trata de un hecho punible, notifican de inmediato al National Center for Missing & Exploited Children (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados) de los Estados Unidos. Esta organización norteamericana actúa como el gran nodo centralizador de denuncias cibernéticas a nivel global.
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Gracias a un convenio internacional firmado por el Ministerio Público de Paraguay en el año 2014, el Centro Nacional estadounidense procesa la información y remite un paquete con datos a los fiscales paraguayos. Este reporte incluye:
- Las direcciones IP desde donde se hizo la conexión.
- La fecha exacta de creación de la cuenta utilizada.
- El número de teléfono asociado y los correos electrónicos del sospechoso.
- Los materiales específicos que compartieron o levantaron en la red.
Con este detallado archivo digital en mano, se inician las causas penales, y se logra ubicar la vivienda y la identidad real de los delincuentes que se camuflan en comunidades de videojuegos en línea y chats de mensajería para captar a menores.
La aclaración sobre la privacidad de los usuarios
Krone aclaró que ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público tienen la capacidad ni el permiso legal para saber qué contenido mira o escribe cada internauta en su día a día.
Detalló que las autoridades paraguayas solo reciben una notificación específica cuando las alarmas internacionales se encienden por un caso de consumo o difusión de abuso infantil.
Subrayó que el resto del tráfico habitual de internet permanece completamente oculto para los investigadores locales, de tal manera a garantizar la privacidad de los ciudadanos que usan la tecnología de forma responsable y legal.