CARAPEGUÁ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). Los directivos de la fábrica en cuestión alegan que a causa del contrabando se redujo la venta y se perdió también el mercado del Uruguay, al que se enviaba alcohol carburante.

Capasa adeuda a la empresa local un total de G. 150 millones y, por otro lado, la fábrica cuenta en stock con 400.000 kilos de miel y 30.000 litros de caña. Liliana Brítez de Rolón, propietaria de la firma, indicó que todo lo que producía vendía a Capasa, por lo que al suspender esta la compra, ahora tienen paralizado un capital de más de G. 600 millones.

Añadió que por nueva disposición de Capasa están suspendidas las entregas de caña, etanol y azúcar, porque se están inspeccionando las industrias meleras, cañeras y fábrica de azúcar, a nivel país.

“La verificación se está realizando a nivel país a los efectos de trabajar con aquellos que están operando. Esto atendiendo a que existen grupos de personas que figuran como proveedores, y sin embargo son intermediarios, solo se dedican a comprar los productos que revenden a Capasa”, resaltó Brítez de Rolón.

La empresa cuenta con una capacidad máxima diaria para procesar 100 toneladas de la gramínea y brinda fuente de empleo a unas 300 personas en época de alta producción.

La propietaria dijo que el año pasado, por la competencia y por la falta de materia prima, habían cerrado sus puertas más de cuatro meses y ahora sobra materia prima, pero no hay mercado.

Alcoflex

También manifestó que una de las alternativas para no paralizar la producción sería la de alentar la introducción del alcoflex para el uso del parque automotor estatal y de empresas que operan con el Estado y luego extender a la venta a nivel nacional.

Asimismo, la entrevistada resaltó que se debería asistir con algún subsidio a los productores cañeros, pues caso contrario el próximo año van a dejar de producir y nuevamente no se va a poder iniciar la zafra, por falta de materia prima.