Más allá de las reiteradas suspensiones de la audiencia preliminar al narcotraficante Jorge Teófilo Samudio, “Samura”, el traslado de criminales de alta peligrosidad a tribunales tema que ya fue objeto de debate en más de una ocasión, debe ser definitivamente evaluado por la Corte Suprema de Justicia.
La constitución del juzgado o del Tribunal de Sentencia en el lugar de reclusión y el sistema de audiencias por videoconferencia, son algunas de las opciones barajadas para desterrar de una buena vez esta práctica que además de causar zozobra a la ciudadanía en forma innecesaria, en esta ocasión ha dejado un saldo fatal, con el cobarde asesinato del comisario Félix Ferrari, subjefe de la comisaría 1ª.
El sistema de videoconferencias, empleado con éxito para oír a testigos que se encuentran fuera del país, inexplicablemente se utiliza en forma esporádica cuando se trata de otras causas y ni siquiera es una opción en casos que tienen que ver con crímenes, como el que afronta el ahora prófugo Samura.
Esta causa se inició el 14 de mayo del 2011, la fiscalía antidroga imputó a Jorge Teófilo Samudio González, Silvina Romero de Samudio y Nilca Dora Fretes por posesión y tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.
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Este proceso tiene relación con la aprehensión de una carga de 370 kilos de cocaína distribuidos en 12 bolsas, decomisada el 6 de mayo del 2011 en la pista de la estancia “San Jose’i” de la colonia San Alfredo de Concepción.
La imputación de los fiscales Jorge Kronawetter, Gilda Villalba y Javier Ibarra refiere que Samudio “era el propietario de la cocaína que posteriormente iba a ser comercializada en el extranjero”.
En la fecha indicada, mientras los antidrogas requisaban la droga en la pista de la estancia “San Jose’i” de la colonia San Alfredo de Concepción, otro equipo de la Senad secuestraba siete avionetas y cinco camionetas 4x4 de un hangar de San Juan Bautista, Misiones, donde cayeron siete elementos de la estructura de transporte de la red de traficantes, entre ellos el piloto Carlos Antonio Viveros.
El 18 del mismo mes, el entonces juez Rubén Riquelme decretó la rebeldía de Samura, quien permaneció prófugo de la justicia hasta octubre del año pasado.
Con su recaptura, el proceso se reactivó y en abril pasado la fiscala Zully Figueredo acusó y pidió juicio oral y público para Samudio por posesión, tráfico de drogas y asociación criminal y sobreseimiento provisional por lavado de dinero.
Audiencias suspendidas
La primera fecha fijada por el juzgado fue el 4 de junio pasado, pero fue suspendida a pedido de los abogados defensores Raquel Talavera y Jorge Riveros, quienes tenían un juicio oral y público.
El 5 de julio se realizó la audiencia y en la ocasión, la magistrada dispuso la elevación a juicio oral y público por los hechos punibles previstos en los artículos 26 y 35 de la Ley 1340/88 y el 239 inciso 1, 2 y 3, en concordancia con el artículo 29 del Código Penal.
En la misma fecha, la magistrada fijó para el 8 del mismo mes la audiencia preliminar para resolver el sobreseimiento provisional de Jorge Teófilo Samudio, esta vez por lavado de dinero. En la fecha indicada, la diligencia se pospuso debido a que el acusado no fue llevado al Palacio de Justicia. La tercera convocatoria para la preliminar fue el 5 de agosto, oportunidad en que el asistente del fiscal Ysaac Ferreira –interino de Figueredo– informó que el agente no podría comparecer a la audiencia, debido a que debía asistir a una reunión interinstitucional para coordinar acciones anti tráfico de drogas.
El 11 de setiembre fue la fecha fijada por el juzgado para la preliminar, pero tampoco pudo ser, porque la fiscala Figueredo no compareció. La misma justificó su inasistencia con diligencias propias del turno, tales como indagatorias. Tras la fuga del narco, quedó definitivamente truncada.
Control de audiencias
Una auditoría realizada en el segundo semestre del 2015 reveló que en 1.296 audiencias suspendidas, el 6,66% son por causas imputables a los juzgados, 25% al Ministerio Público, 20,21% a la defensa privada, 6.4% a la defensa pública y 17.2% a inasistencia de imputados.
Llamado de atención
El 17 de febrero del 2018, vía nota, el juez Paublino Escobar pidió al fiscal adjunto Alejo Vera más control a los fiscales, ante “las reiteradas suspensiones, por ausencia masiva de los agentes fiscales a las convocatorias a audiencias preliminares”.
La escasez de recursos complica
El sistema de videoconferencia es constantemente utilizado para la recepción de relatos de testigos que residen en el exterior, debe ser próximamente implementado para la participación del acusado desde su lugar de reclusión.
Tras la masacre que tuvo lugar en la cárcel de San Pedro hace tres meses, se conformó un equipo interinstitucional para establecer medidas a corto, mediano y largo plazo para zanjar la crisis penitenciaria.
En este contexto, la posibilidad de que las personas privadas de libertad participen en los juicios orales por videoconferencias y de esta manera, evitar los gastos y riesgos que implican el traslado de reos, fue una de las propuestas acordadas por las autoridades.
El 30 de julio pasado, a través de la Acordada N° 1.325, la Corte Suprema de Justicia autorizó la implementación del plan piloto de utilización de medios telemáticos para la realización de procesos penales en todo el territorio nacional, a propuesta del ministro Alberto Martínez Simón.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, comentó que el plan ya se implementó de manera exitosa en Ciudad del Este.
Explicó que el proyecto es una prioridad para la institución, motivo por el cual se han venido realizando intensas gestiones a fin de obtener los recursos necesarios que permitan adquirir equipos informáticos y tecnológicos que se requieren para el efecto. Precisó que mediante el plan de racionalización, se ahorraron G. 4.300 millones que fueron íntegramente destinados a la adquisición de equipamientos informáticos.
Mientras tanto, queda la opción de realizar el juzgamiento en el lugar de reclusión del acusado, tal como se realizó en el caso de Alcides Oviedo, quien cumple doble condena por los secuestros de María Edith de Debernardi y Arlan Fick.
Aunque para la “exportación” este juicio fue un éxito, la verdad es que la Policía Nacional tuvo que disponer de sus limitados recursos para ofrecer almuerzo a jueces y funcionarios judiciales asignados al juicio, así como de los demás intervinientes, revelaron fuentes judiciales.
Según los datos, ello es así debido a que el viático correspondiente a los gastos de juicio en dicho concepto se pagó con un mes de atraso.
Avionetas incautadas, al Estado
Las cuatro avionetas incautadas en el procedimiento realizado el 6 de mayo de 2011 en Misiones y que dieron origen a uno de los procesos a Jorge Teófilo Samudio, son provenientes del narcotráfico y ya están inscriptas a nombre del Estado. Las areonaves están valuadas en dos millones quinientos mil dólares, según la Procuraduría General de la República.
Paralelamente a esta causa, Samura afronta otra por idéntico hecho punible, ante el juzgado penal de garantías N° 2, a cargo de Alicia Pedrozo. En esta causa el ahora prófugo está procesado conjuntamente con Eduardo Espinoza Cuevas, Pedro Candia Esquivel, Tomás Santiago Esquivel, Cándido Insaurralde González, Ramaro Edes Espínola Antúnez, Hugo Wagner González Sánchez, Luciano López, Mario Aníbal Arce, Alexandre López y Alcides Espinoza Cuevas.
Esta causa tuvo su origen en el hallazgo de 738,5 gramos de pasta base para cocaína en pan y 12 kilos de cocaína sólida en fragmentos, durante un operativo realizado el 10 de octubre del 2018, en un inmueble ubicado en Bella Vista, departamento del Amambay, que concluyó con la captura de Samura.
En la ocasión, los antidrogas requisaron cuatro camionetas: una de marca Volkswagen, modelo Amarok; una Chevrolet, modelo S10; una Toyota Hilux y una Mazda, modelo BT.50, cuyo depósito en dependencias de la Senad (previo lacrado de puertas, ventanas y capot y agregación de tuerca de seguridad en las ruedas), fue dispuesto por la magistrada. En esta causa, Pedrozo rechazó un pedido de administración de dichos bienes por parte de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Decomisados (Senabico).
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