Alcides Osmar Oviedo Brítez, de 49 años de edad; su exesposa Carmen María Villalba Ayala, de 48 años, y el antiguo guardaespaldas de ambos, Aldo Damián Meza Martínez, de 39 años, tendrían que salir en libertad en el año 2022, cuando cumplan sus condenas de 18 años (15 años de pena ordinaria y tres años de medidas de seguridad) impuestas por el secuestro de María Edith Bordón viuda de Debernardi, ocurrido entre 2001 y 2002.
El trío criminal cayó preso el 2 de julio de 2004, luego de un enfrentamiento a tiros contra la Policía en la zona de la ruta que une San Lorenzo con Ñemby.
Los maleantes atacaron a los efectivos que los perseguían con metralletas y hasta granadas que afortunadamente no llegaron a explotar.
Precisamente, esa tentativa de homicidio contra los policías intervinientes en 2004 nunca fue perseguida ni castigada, ya que la Fiscalía en aquella época se habrá quedado conforme con la sentencia obtenida en el caso del secuestro de Debernardi, que de hecho era la prioridad a aclarar.
Por aquellas coincidencias misteriosas del destino, el antiguo expediente abierto por el ataque a los policías fue literalmente desempolvado en setiembre del año pasado, cuando por una supuesta casualidad ha sido encontrado en uno de los depósitos de la Fiscalía de Ñemby (algunos dicen que la carpeta fiscal estaba tirada en un baño en desuso).
Esa hallazgo fue como un anillo al dedo para el Gobierno, ya que solo 10 meses después, en julio de 2019, la causa iba a quedar prescripta por los 15 años reglamentarios transcurridos para investigar penalmente la acción atribuida a los terroristas.
Además, al Gobierno se le acababan las opciones para dejar más tiempo encerrados a los cabecillas de la primera generación del EPP (la segunda es la que secuestró y mató a Cecilia Cubas y la tercera la que actualmente opera en el Norte del país).
Resulta que Alcides, Carmen y Aldo, supuestamente, prometieron reincorporarse a la banda de secuestradores ni bien abandonen la cárcel. Y como ese momento se estaba acercando, el Gobierno tenía que hacer algo para impedirlo.
A Alcides, por ejemplo, le abrieron otro proceso por el secuestro de Arlan Fick Bremm, perpetrado en 2014, y también lo condenaron por agredir al juez Hernán Centurión durante una audiencia.
A Carmen, en tanto, la condenaron por un ataque a una celadora del Buen Pastor.
Pero ni así era suficiente para que los secuestradores permanecieran encerrados hasta después del 2022, como pretende el Gobierno, aunque desde el viernes último esa posibilidad quedó nuevamente latente luego de que en una audiencia preliminar hecha mediante videoconferencia se decidió elevar a juicio oral la causa reimpulsada en 2018 por el ataque contra los policías en 2004.
Carmen presenció la audiencia desde el Buen Pastor. Alcides y Aldo lo hicieron desde la Agrupación Especializada.
Los tres pueden sufrir una nueva pena de hasta 20 años.