La prueba de que existe este problema fue la detención de poco más de 40 agentes policiales, en dos operativos distintos (Dignidad en junio y North en octubre pasados), entre comisarios principales, comisarios, oficiales y suboficiales al ser vinculados con organizaciones criminales.
El caso se torna peor cuando se trata de agentes que estaban encargados de, además de brindar seguridad a la ciudadanía, investigar a los miembros de organizaciones criminales y narcotraficantes. Con estos últimos mantenían una relación cercana y de mucha comunicación.
Al final, la Policía fue y es una especie de “agencia de seguridad especializada para los traficantes de drogas”, pues la información exclusiva, oficial y de primera mano que tenían la comunicaban a los secretarios de los capos para que pudieran estos salvar sus productos y a su gente.
Por este tipo de situaciones que ocurren dentro de la Policía es que la ciudadanía pierde gradualmente la confianza, pues no tiene claro a quiénes realmente protegen y defienden los agentes.
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Se suma a esto que varios efectivos policiales perdieron la vida en procedimientos distintos, como, por ejemplo, el del traslado de Jorge Teófilo Samudio González “Samura” con un frágil dispositivo de seguridad que fue sobrepasado en la costanera, mediante un ataque perfectamente medido.
En los otros casos, los agentes murieron luchando contra delincuentes en enfrentamientos registrados en el norte del país.
En cuanto a la situación de las penitenciarías, los números están al rojo vivo, con el hacinamiento en los espacios carcelarios, las bandas criminales instaladas en nuestro país y sus integrantes, diseminados en los distintos recintos, más la rivalidad que mantienen entre ellas.
Las 10 muertes ocurridas el 16 de junio en el penal de San Pedro, en un violento motín, fue una clara demostración de lo que ocurre cuando el temporizador de la bomba llega a cero.
Teniendo en cuenta que su capacidad es para 296 personas, pero está rebasada con al menos 500, ojalá no se desate algo peor en el principal penal del país, Tacumbú, de lo contrario, la situación sería incontrolable.
Con estos aspectos, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, debe lidiar y buscar una solución potable. Sin embargo, no es la única responsable, sino que también están involucrados los otros órganos, como la propia policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, en sus respectivas competencias.
Estas situaciones, acaecidas y planteadas, merecen una observación y un análisis minucioso. En cuanto a la policía, el saneamiento de las filas o mayores exigencias para el ingreso y la formación no vendrían nada mal, principalmente para que la honorabilidad del agente sea lo fundamental.
Mientras que en las cárceles, mirar los expedientes, destrabar los casos y fomentar la reinserción debe ser un objetivo al que deben apuntar las autoridades.
Seguridad para narcos
La Policía fue y es una especie de “agencia de seguridad especializada para los traficantes de drogas”, pues la información de primera mano que tienen la comunican a los capos.