Un año más sin preliminar de Enzo

El 29 de diciembre del 2013, el entonces senador liberal Enzo Cardozo –hoy parlasuriano– fue imputado junto con otras 26 personas por desvío de G. 68.000 millones. El 14 de abril del año siguiente, el político fue nuevamente imputado, esta vez por un faltante de G. 3.700 millones. A la fecha, ni la preliminar se ha podido hacer en ambos casos.

Copias del expediente del millonario desvío, cuando se presentó al Congreso para el estudio del pedido de desafuero.
Copias del expediente del millonario desvío, cuando se presentó al Congreso para el estudio del pedido de desafuero.

Un año más se termina, pero los procesos abiertos al político liberal Enzo Cardozo por irregularidades detectadas durante su gestión al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) correspondiente al gobierno de Federico Franco continúan tal como están desde hace cinco años: en espera de la audiencia preliminar.

La causa principal tiene relación con el desvío de G. 68.264.779.224, suma entregada a la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas (Fenaprofhp), para su distribución a 188 comités de productores frutihortícolas de todo el país.

El Ministerio Público sostiene que Cardozo y su sucesor en la citada cartera de Estado, Rody Godoy, no solo autorizaron el desembolso de los G. 68.000 millones para la producción hortícola sin un estudio de mercado, sino que dispusieron del dinero pese a que no había proyecto alguno. Se destaca que tanto la ley como las resoluciones dictadas por el propio Ministerio de Agricultura disponen que para cada desembolso deben presentarse previamente proyectos específicos que en cada hoja deben estar firmados por los representantes del comité y con el sello del mismo.

En juicio, quedó demostrado a través del relato de distintos testigos y un sinnúmero de pruebas ofrecidas que los recursos no fueron entregados en su totalidad y, en varios casos, han sido sobrefacturados.

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Uno de los testigos declaró que le entregaron una carretilla de unos G. 70.000, pero le hicieron firmar un recibo que decía que costaba G. 450.000.

Otros testigos relataron haber “prestado” sus facturas sin haber realizado servicio alguno, para que los dirigentes de la Fenaprofhp puedan justificar supuestos gastos.

La testigo Francisca Mereles, cuyo estudio contable fue allanado a raíz de una factura expedida a la Fenaprofhp, afirmó que nunca prestó servicio alguno al gremio y ni siquiera ha llegado aún a la numeración que figura en el documento.

Condena y absolución

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En esta causa, el 4 de noviembre del 2014, el juez penal de garantías Gustavo Amarilla dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público con relación a los exdirigentes de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), Silvio César Riveros, Lidio Irala, Ignacio Acuña, Luis Piccardo y el funcionario del MAG, Ricardo Arias Arca.

En diferentes juicios, los exdirigentes gremiales fueron condenados –sentencia firme a la fecha– y solo Arias fue absuelto.

Suspensión condicional

Los procesados que admitieron los hechos y optaron por la suspensión condicional del procedimiento son Alcira Arzamendia y Rigoberto Rodríguez, esposa y chofer de Silvio Riveros, respectivamente, el técnico en fiscalización del MAG Javier Luna Pastore, Gustavo Adolfo Amarilla Fariña, Ceferino López, Eligio Daniel Centurión, Cecilio López, Mario Arnaldo Riveros, Tomasa Centurión y Marcial Benítez.

Sobreseimiento definitivo

Por otro lado, Mariza Mendoza de Vera, Pedro Ibáñez, Víctor Ramírez, Marcelo Alonso, Augusto González, Emilio Ferreira y Alice Almirón López fueron sobreseídos definitivamente.

Proceso estancado para exministros

Sin embargo, el proceso no se cierra aún debido a que tanto Enzo Cardozo, como Rody Godoy y la exdirectora de Administración y Finanzas Maristela Azuaga –acusados por lesión de confianza y estafa– han logrado estancar el proceso con relación a sus personas, mediante la presentación de recursos de reposición, casación, acción de inconstitucionalidad, entre otros.

En la misma situación se encuentran los funcionarios del MAG Marcela del Carmen Fleitas y Alberto Riquelme.

El juzgado remitió el expediente al Tribunal de Apelación, 3ª sala, el 29 de abril del año 2016, tras lo cual la causa jamás regresó a primera instancia. El expediente fue remitido para el estudio de una recusación presentada contra el juez Gustavo Amarilla por Riquelme.

En la semana pasada, el ministro de la sala penal Manuel Ramírez Candia solicitó al juzgado un informe sobre el caso y aunque se espera que finalmente se resuelva la cuestión que se encuentra pendiente, realizar la audiencia preliminar este año ya es imposible.

Proceso paralelo

En un proceso paralelo, el 23 de marzo del 2015, los exministros Cardozo y Godoy han sido acusados con otras personas por un desvío de G. 3.700 millones, que debieron ser aplicados a proyectos del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope) y del Frente Combatiente contra la Pobreza.

La acusación presentada por la fiscala Alba Delvalle afirma que en 2011 y 2012, durante la administración de Cardozo en el MAG, fueron desviados G. 1.219 millones, que debían ser destinados a ocho comités de diversos puntos del país, en el marco del Pronafope.

Asimismo, la fiscalía sostiene que durante la gestión de Godoy se desviaron G. 2.500 millones con la ONG Frente Combatiente contra la Pobreza.

En esta causa, a cargo del juez Humberto Otazú, está pendiente de realización la preliminar, en la que el magistrado debe resolver si los acusados afrontarán o no un juicio oral y público por estafa, lesión de confianza y otros delitos.

La primera convocatoria para la preliminar fue para el 3 de agosto del 2015, aplazada por una reposición planteada por Cardozo y Azuaga. Las citas siguientes fueron para el 7 y 18 de octubre, igualmente postergadas por distintos motivos. A partir de ahí, las defensas se turnan para recusar al juez, con lo que suspenden así la audiencia en forma sistemática.

Funcionario del ente fue absuelto

El 22 de junio pasado, el Tribunal de Sentencia presidido por Juan Pablo Mendoza e integrado por Laura Ocampos y Jesús Riera absolvió al exfuncionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Ricardo Arias Arca, acusado por reducción y obstrucción a la restitución de bienes.

Arias fue incluido en el proceso abierto al exministro Enzo Cardozo –exsenador liberal y actual parlasuriano–, y otras personas por desvío de G. 68.000 millones.

Es por haber cobrado un cheque de G. 80 millones del expresidente de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), Silvio Riveros (condenado a 11 años de cárcel en este caso), que recibió el dinero íntegramente.

El fiscal Rodrigo Estigarribia –quien solicitó una condena de 9 meses de cárcel para el acusado, con suspensión condicional de la condena– sostuvo que el mismo fue parte del engranaje delictivo al prestarse a cobrar un cheque.

La defensa, a cargo del abogado Nelson Ruiz, argumentó que Arias no cometió ilícito alguno y solo se limitó a cumplir un encargo de su jefe Enrique Sanabria, asistente del entonces ministro Cardozo.

Cabe destacar que Sanabria confirmó la versión de Arias en el juicio oral.

En su declaración ante el colegiado, Arias dijo que el proceso le perjudicó sobremanera, pues perdió su trabajo donde tenía 4 años de antigüedad y tuvo que dejar sus estudios por la imposibilidad de solventarlos. Afirmó que actuó de buena fe y que en ningún momento estuvo enterado de la maniobras estafatorias de Riveros.

Condenados con sentencia firme

En un juicio oral y público que duró cuatro meses y concluyó el 22 de diciembre de 2017, Silvio César Riveros, Lidio Irala, Ignacio Acuña y Luis Piccardo, presidente, vicepresidente, tesorero y contador de la Fenaprofhp, respectivamente, fueron condenados a penas privativas de libertad de 11, 9, 9 y 7 años, en ese orden, por el desvío de más de G. 68.000 millones de Ministerio de Agricultura.

Tras dar a conocer su decisión, el Tribunal de Sentencia presidido por María Luz Martínez dejó sin efecto las medidas sustitutivas de prisión y envío a todos a la penitenciaría de Emboscada.

En ocasión de presentar sus alegatos finales, el fiscal Igor Cáceres había solicitado condenas desde 11 hasta 14 años y 6 meses para los acusados por estafa, lesión de confianza, apropiación y lavado de dinero.

El Tribunal declaró probada la comisión de todos los delitos, pero con relación a Irala y Piccardo excluyó el lavado de dinero y apropiación.

La jueza Martínez destacó la cantidad “casi inusual” de pruebas documentales ofrecidas, varias de las cuales evidencian que los fondos en vez de beneficiar a los productores, fueron a parar en las cuentas de Riveros y su esposa, así como la de otros familiares del dirigente.

La disparidad entre los productos consignados en las facturas presentadas y sus originales, así como testimonios de numerosos testigos terminaron por dejar al descubierto el manejo desprolijo de los recursos proveídos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a la Fenaprofhp, para su distribución a pequeños productores para el desarrollo de distintos proyectos.

rferre@abc.com.py

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