El actual ministro del Interior, Francisco José de Vargas, fue uno de los que más se manifestaron públicamente en contra de esta ley.
De Vargas fue fiscal antinarcóticos y secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Antidrogas.
En ese contexto, algunos de los detenidos en procedimientos que encabezó iban a ser beneficiados si se aprobaba la ley.
Carlos R. Sánchez, alias “Chicharõ” (diputado colorado suplente, recluido en la Senad); Jarvis Chimenes Pavão, preso en la Penitenciaría Nacional; y Carlos A. Caballero, alias “Capilo”, quien está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía, estaban entre los posibles beneficiados, según los antidrogas.
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La normativa, presentada en los últimos días del periodo del Congreso anterior, por el diputado José López Chávez (Unace, quien no fue reelecto) había tenido un acelerado tratamiento y aprobación en junio pasado en la Cámara Baja, antes de que culmine el mandato de cinco años de ese Parlamento Nacional.
Sin embargo, la actual Cámara de Senadores rechazó el proyecto.
Pero la situación era incierta en la actual Cámara de Diputados, donde el proyecto tenía sus propulsores.
Los defensores de la ley indicaron que esta legislación iba a lograr que los narcos no queden impunes y que inclusive se les confiscaría sus bienes malhabidos.
Señalaron que en Brasil obtienen de inmediato la libertad o una exigua condena y luego retornan a nuestro país a disfrutar de sus bienes malhabidos.
A Villalba se le cuestionó que fue abogado de Jonathan Wink Soligo, alias Pinguito, procesado por tráfico de drogas, quien obtuvo su libertad en un dudoso fallo de un Tribunal de Pedro Juan Caballero, que luego fue revocado.
Sorpresivo cambio de posición de bancada colorada
A un día de que se trate el proyecto, el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón fue a ejercer una fuerte presión en la Cámara de Diputados ante la información de que la ley podría ser aprobada en esa instancia legislativa.
“ Estamos convencidos de que este proyecto de Ley es perjudicial para los intereses jurídicos de la República. En ese sentido traemos una postura clara. Paraguay ha firmado convenios y tratados con otros organismos, con otros Estados, con asociaciones de Estados, en el marco de la reciprocidad y la cooperación jurídica. “Esta es la mejor manera para luchar contra el crimen organizado”, señaló el fiscal general al pedir el rechazo del proyecto.
Añadió: “Los delitos del crimen organizado son delitos transnacionales. No conocen de fronteras, y tiene una repercusión en otros países, y lo que se busca es proteger la integridad de la sociedad, y no solo de un país, sino de la sociedad global”.
Concluyó señalando: “Debemos ser prácticos, nosotros formamos parte de una comunidad de Estados, y en ese sentido hemos optado por cooperar todos juntos. Una de esas maneras es la lucha conjunta contra aquellos que atentan contra la seguridad”.
Tras ese debate se debilitó la posibilidad de que se apruebe la ley, pero tampoco la respuesta era contundente ya que la bancada colorada había decidido solicitar la postergación del tratamiento del proyecto 22 días.
Pero sorpresivamente a instancia del presidente de la República, Horacio Cartes, los legisladores colorados recibieron la instrucción de votar por el rechazo del proyecto de ley.
La operadora fue la líder de bancada colorada Cristina Villalba . El único legislador que votó a favor de la aprobación fue Marcial Lezcano (ANR-Amambay); mientras Bernardo Villalba, Freddy D’Ecclessis y Félix Ortellado se abstuvieron. La propuesta legislativa de referencia fue remitida al archivo.
A ÚLTIMO MOMENTO, LA BANCADA COLORADA EN DIPUTADOS RESOLVIÓ VOTAR EN CONTRA DEL PROYECTO, POR UNA INDICACIÓN DEL PODER EJECUTIVO
