De esta manera, el representante del Estado cumplió con la promesa realizada a víctimas de la dictadura en la mañana del día anterior, durante una manifestación realizada por integrantes de varias organizaciones de víctimas ante la Procuraduría, en repudio a la acción intentada.
“Dicha desestimación obedece a la infinidad de pedidos a la dirección de sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos.
Entendemos también que la preocupación de estos sectores nada tiene que ver con la acción intentada, pues en ningún momento la presente ha pretendido evitar que las víctimas o herederos de la persecución política de 1954 a 1989 sean privados de la justa indemnización que por derecho se le acuerda, sino buscó sencillamente que la Corte se pronuncie sobre la pertinencia o no de la aplicación del artículo 106 de la Constitución Nacional que se refiere a la responsabilidad subsidiaria del Estado”, consigna Valiente en la presentación realizada ante la Corte Suprema de Justicia.